Así se reflejó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el Examen Periódico Universal del organismo.
La República Argentina finalizó el Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en un proceso que el Gobierno definió como “exitoso” y en el que 4 de 287 países hicieron recomendaciones en sintonía con el informe que presentó en Ginebra el secretario de DD.HH de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, e incluso mencionaron presiones a la Justicia durante la gestión de Macri.
“La cuestión de la independencia judicial, reconocida por Argentina como un grave problema para nuestra democracia, fue abordada en 4 recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania”, valoró la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.
Y al detenerse en la recomendación de Alemania, la Secretaría remarcó que, “contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, (ese país) resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”.
En esa mención, la Secretaría de DD.HH se refirió al diagnóstico sobre la situación de los jueces y fiscales argentinos y las acciones del Ejecutivo de entonces (el mandato presidencial de Macri, 2015-2019) que el relator de la ONU para la independencia de Magistrados y Abogados, el jurista peruano Diego García-Sayán, presentó en los primeros días de noviembre de 2019.
En aquel informe, García-Sayán había considerado “fiables” una serie de denuncias de entidades de abogados que acusaban a la gestión Cambiemos de llevar adelante un “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial”, y entre otros antecedentes mencionaban el hostigamiento sufrido por la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para forzarla a renunciar.
La denuncia en foros internacionales sobre irregularidades procesales y prácticas violatorias de las garantías constitucionales llevadas a cabo por jueces y fiscales -resumidas en la categoría ‘lawfare’ o guerra jurídica- quedó en primer plano luego de que Pietragalla incorporara un capítulo sobre la actualidad judicial de la Argentina en el Examen Periódico Universal que realizó este lunes en Ginebra, al participar de la sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Allí, Argentina denunció la “pérdida de legitimidad del Poder Judicial”, a partir de la práctica del lawfare o guerra jurídica, y pidió el “acompañamiento del Consejo en el impulso de iniciativas y reformas normativas que procuran fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de Justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho” en el país.
“Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el Derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”, planteó Pietragalla Corti en su exposición.
La mención a dicha problemática encontró eco en la recomendación que dirigió al país el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos representantes convalidaron los planteos del secretario de Derechos Humanos de la Argentina e incluso exhortaron al país a “aplicar medidas que contrarresten” el lawfare.
La gran mayoría de las intervenciones, en términos generales, reconoció los “avances” en las políticas de derechos humanos implementadas en los últimos años y dio muestras de “solidaridad” frente al intento de asesinato a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
