La denuncia se realizó mediante una carta al organismo internacional especializado en Trabajo de las Naciones Unidas en la que se solicitó la “inmediata intervención” al director general, Gilbert Houngbo, “tras las modificaciones que ha introducido el gobierno provincial en el Boletín Oficial para restringir el derecho constitucional de protesta y huelga”.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA-A), liderada por Hugo “Cachorro” Godoy, denunció este lunes al gobernador jujeño Gerardo Morales –precandidato a presidente por Juntos por el Cambio- ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la “violación de convenios internacionales” en esa provincia, frente al decreto del viernes pasado del gobierno provincial que sanciona el derecho a huelga y la protesta social.
El pedido cuenta con las firmas de Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, y los secretarios de Relaciones Internacionales y Administrativo, Adolfo Aguirre y Daniel Jorajuría y detalló los alcances del conflicto docente que registra la provincia de Jujuy y las “peligrosas consecuencias que pueden traer” las modificaciones efectuadas en el artículo 113 de la Ley 5860 que sanciona a quienes “se manifiestan, con represión, persecuciones, multas e inhabilitaciones”.
Desde la CTA-A recordaron que Argentina ratificó el convenio 87 de la OIT y los tratados internacionales que tienen nivel constitucional y afirmaron que esta modificación de las normas “genera un perjuicio” a quienes intenten “ejercer el más elemental derecho de la ciudadanía”, como el derecho a la huelga y a la protesta social.
Además, denunciaron que en la provincia de Jujuy “se vulneran frecuentemente los derechos de los trabajadores del sector público”, siendo la “conflictividad habitual”.
Los trabajadores adelantaron que “hará una presentación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación para detener el estado represivo que pretende ejercer el gobierno provincial“, que encabeza Morales.
EL DECRETO DE MORALES EN CONTRA DEL DERECHO A HUELGA
El decreto Nº 8464, firmado por Morales, se conoció en medio de las protestas que llevan adelante los trabajadores docentes jujeños con un paro por tiempo indeterminado en reclamo de “salarios dignos”.
En su artículo 1º el decreto dice que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
Para la CGT, “el uso de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia penal, como así también la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes participen de las manifestaciones populares y sindicales, constituye una clara violación a los principios emanados por la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente interpretada en la Opinión Consultiva 27/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Punir y sancionar con el código contravencional a quienes permanezcan en espacios públicos ejerciendo sus derechos constitucionales de protesta y huelga, y determinar el uso de las fuerzas de seguridad para desalentar tales manifestaciones sociales y sindicales, son medidas que no pueden ser toleradas en una sociedad democrática en donde la libertad de expresión y manifestación constituyen los ejes democráticos de la expresión social y de la construcción participativa de nuestra nación“, remarcó la central que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano..
Fuente: con información de El Destape y Política Argentina
