Se cumple un nuevo aniversario de la interrupción del sistema democrático en esa nación centroamericana. La capacidad de un pueblo de organizarse, resistir, reelaborar una alternativa política y coronar un proyecto para las mayorías.
Por Santiago Masetti
Este 28 de junio se cumplen catorce años del golpe de Estado que depuso al entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, de la presidencia de Honduras; acción que trajo consigo innumerables consecuencias devastadoras en materia social, económica, política y de seguridad.
Las imágenes que se vieron el 28 de junio de 2009 hablaban por sí solas: cientos de militares irrumpieron en los principales establecimientos estatales; el mandatario trasladado a punta de pistolas, rifles y gritos hacía algún país de la región; ministros de Gobierno encarcelados; represión a pacíficos ciudadanos que se manifestaban en defensa de la democracia, muchos de ellos fueron las primeras víctimas mortales de los golpistas.
Con el correr de las primeras 24 horas, y de los imprecisos anuncios militares y policiales, la persecución política no tardó en incrementarse, y con los encarcelamientos también llegó el sicariato político y las desapariciones.
Aquella tarde de domingo, los golpistas nombraron como “mandatario” al presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, quien asumió no sólo ese cargo sino también la indignidad, el oprobio y la sumisión.
Ante el primer golpe de Estado del siglo XXI, todos los entonces presidentes de América Latina y el Caribe, los organismos multilaterales de la región, las organizaciones de Derechos Humanos y muchos partidos políticos manifestaron su condena a la interrupción del sistema democrático hondureño.
Las principales excusas de los golpistas referían al acercamiento estratégico de Zelaya a Venezuela y a los proyectos de soberanía, como la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) y Petrocaribe.
Entre objetivos de lo golpistas se destacaba la decisión de que Estados Unidos mantuviese los privilegios de antaño en esa Nación y ampliara su presencia en la base militar de Palmerola.
Sin embargo, el pretexto utilizado hasta el hartazgo por los grandes medios de comunicación fue la supuesta intención de Zelaya de reelegirse Presidente en un país donde, hasta ese entonces, la Constitución lo impedía.
Según informes elaborados por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), el golpe dejó 136 muertos durante las manifestaciones en repudio, 14 asesinatos selectivos después de aquellas movilizaciones y 13 desaparecidos. Los primeros exiliados empezaban a recorrer buena parte del mundo.
Consolidado el golpe de Estado, las consecuencias sociales, políticas y económicas se vieron fuertemente sacudidas. La depresión económica, la poca inversión extranjera, el aumento de la pobreza y el crecimiento de la deuda externa fueron aspectos que acompañaron al proceso político del golpismo en Honduras durante doce años.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción, Honduras se convirtió en el cuarto país más corrupto de América Latina, sus fuerzas militares, de seguridad y policiales cargan en su mochila con el asesinato y la encarcelación de militantes políticos, como también el asedio a la Embajada de Brasil y el disciplinamiento a rajatabla con las decisiones de Washington en materia de política exterior.
Como respuesta al golpe de Estado, el pueblo no tardó en organizarse y en salir pacíficamente a las calles. Fue en ese proceso que se gestó el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado (FNRG).
Sin restablecerse el orden constitucional y ante la imposibilidad del retorno de Zelaya a la presidencia, las organizaciones integrantes del Frente decidieron no abandonar la protesta y ampliar sus exigencias por un cambio más profundo en la organización social y política del país, bajo el nombre Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).
Al calor de las movilizaciones y la actividad política gremial, estudiantil, y barrial, el 26 de junio del 2011 se fundó el Parido Libertad y Refundación (Libre), como brazo político del FNRP, y según sus propios fundadores su función se centró en “interpretar y expresar el pensamiento y la fuerza del pueblo en Resistencia”.
Xiomara Castro fue la primera candidata presidencial de Libre para las elecciones de 2013. Perdió en los comicios debido a un escandaloso fraude electoral por parte de Juan Orlando Hernández, financiado a través de recursos estatales y del narcotráfico.
En 2017, se conformó la Alianza Contra la Dictadura que llevó a Salvador Nasralla luego que Xiomara Castro cediera a su pretensión de convertirse en presidenta de Honduras, pero se impuso un nuevo fraude.
Recién en la última compulsa por la presidencia, en noviembre del 2021, Xiomara Castro logró una victoria contundente junto a la alianza de hecho que conformó con Nasralla.
De esta manera se puso fin a un largo proceso autoritario, adicto a las “12 familias” hondureñas y a las directrices emanadas desde Washington.
Se puede afirmar que la interrupción del orden constitucional hace catorce años en Honduras fue el puntapié inicial de los llamados “golpes blandos” en toda América Latina, pero también parió una resistencia que, con más aciertos que errores, logró, tras fraudes electorales, desapariciones, asesinatos y exilios, ubicar a Xiomara Castro en el Palacio José Cecilio del Valle.
