“No nos vamos a dejar intimidar”: allanaron un comedor popular de la UTEP

Desde la organización denunciaron que la Policia Federal ingresó de manera violenta a un comedor popular que funciona en el barrio de Constitución.

Este miércoles, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) denunció que la Policía Federal realizó un allanamiento violento en su sede del barrio porteño de Constitución, ubicada en la calle Pedro Echagüe 1587, donde se desarrollaba un comedor comunitario. La medida judicial, llevada a cabo por orden del juez Julián Ercolini, ha generado un profundo rechazo por parte de la organización.

En un comunicado, la UTEP expresó: “Denunciamos el insólito allanamiento en la sede central de la UTEP que se está produciendo hoy en Constitución”. La organización afirmó que la Policía Federal ingresó al lugar con violencia, buscando información sobre una cooperativa desconocida que, según indicaron, ni siquiera tiene domicilio en el sitio allanado.

https://twitter.com/UTEPoficial/status/1823745224834732383

La UTEP también subrayó la incongruencia de la situación, señalando que en un barrio donde el narcotráfico actúa con impunidad, la policía y la justicia optan por perseguir a quienes están brindando asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad. “En el barrio donde los transas están más que tranquilos, la policía y ‘la justicia’ persigue a una cola de gente esperando que le sirvan el alimento”, destacaron en su comunicado. Además, denunciaron que el allanamiento forzó la suspensión de diversos servicios comunitarios, como peluquería, atención médica, asesoramiento legal y psicológico.

El allanamiento se produjo apenas días después de una gran jornada de movilización de la UTEP el pasado 7 de agosto, lo que llevó a la organización a concluir su comunicado con un mensaje de resistencia: “No nos vamos a dejar intimidar por otra muestra de persecución y hostigamiento hacia las organizaciones populares”.

El incidente se inscribe en un contexto de creciente tensión entre las organizaciones sociales y las fuerzas de seguridad, en un momento en el que las demandas de los sectores más vulnerables parecen ser abordadas con mano dura en lugar de con diálogo y políticas inclusivas.

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