Se trata de la diputada libertaria que formó parte del conjunto de diputados que visitaron genocidas en Ezeiza.
En medio de rumores sobre su expulsión del bloque de La Libertad Avanza (LLA), la diputada Lourdes Arrieta expuso este fin de semana los comprometedores chats que revelan la organización de la polémica visita a genocidas en el penal de Ezeiza. Más tarde, el domingo, filtró los polémicos proyectos de ley de su bancada que buscan la liberación de represores detenidos.
“Primero compartí una parte de los chats que presenté ante la Justicia. Ahora pongo a disposición los proyectos de ley y el decreto reglamentario que los diputados de LLA propusieron en nuestro grupo de WhatsApp para obligar a los jueces a liberar a los genocidas“, publicó Arrieta en X.
A través de varios tuits, la legisladora, que ha tenido una semana de fuertes tensiones con su bloque luego de la negativa a los fondos de la SIDE en el Congreso, reveló los documentos que implican a figuras como Lilia Lemoine, que había querido despegarse del escándalo.
Sin embargo, Arrieta también denunció que sus compañeros de bancada intentan asegurar la “impunidad de los responsables de crímenes de lesa humanidad”. Sin embargo, aclaró: “Esta no es la agenda del presidente Javier Milei. Estoy segura de que estos proyectos no reflejan los ideales de la libertad. No voy a permitir que se manipulen leyes sin el conocimiento de Milei”.
Detalles de los proyectos filtrados por Arrieta
Uno de los documentos filtrados es un decreto que requeriría la firma del Presidente, cuyo propósito es liberar a los genocidas que han estado detenidos por más de 25 años desde la comisión del delito.
El primer artículo del decreto establece: “Independientemente del criterio de los Tribunales Nacionales o Federales sobre el plazo razonable para el juzgamiento de una persona, se fija en 25 años el plazo máximo de duración de un proceso penal”.
El texto añade que, una vez vencido ese plazo, la acción penal se extinguirá “por insubsistencia”, conforme al artículo 14.3.c del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado a la ley argentina por la Ley 23.313. El cómputo del plazo comenzará desde la fecha en que se cometió el delito.
El proyecto también especifica que el plazo de 25 años sólo se interrumpirá en caso de un golpe de Estado que interrumpa la vida democrática del país.
Por otro lado, el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable” propone un límite aún menor para los procesos penales, fijándolo en 20 años. Argumentan que este periodo supera los plazos establecidos en la jurisprudencia nacional e internacional, así como en el Código Penal para delitos con penas de prisión perpetua, y excede los tiempos previstos en las normas procesales para cada etapa del proceso.