La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la madre de la menor.
Carla Marina Pegoraro, madre de la niña de diez años rociada con gas pimienta por un oficial de la Policía Federal durante la manifestación contra el veto a la ley de Movilidad Jubilatoria, se presentó este lunes en la Justicia. Pegoraro solicitó ser querellante en la causa y pidió que se cite a indagatoria a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto con otros funcionarios.
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien representa a la madre de la menor. En el escrito entregado al Juzgado Federal N°9, que tiene a cargo la jueza María Eugenia Capuchetti, se pidió que se cite a declarar, en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, a Bullrich, Alejandra Monteoliva, Luis Rollé, Gerardo Ariel Perillo Scampini, y Cristian Rivaldi. Según trascendidos, Rivaldi sería el policía acusado de haber lanzado el gas pimienta a la menor durante las protestas del pasado 11 de septiembre.
En la denuncia, Pegoraro relató los hechos: “El 11 de septiembre de 2024, en horas de la tarde, mientras me encontraba con mi hija, Fabrizia Pegoraro, de 10 años, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, el efectivo de la Policía Federal identificado como Rivaldi, bajo órdenes del comisario Gerardo Ariel Perillo Scampini, nos lanzó gas de forma violenta e inesperada, a menos de medio metro de distancia”. La madre aseguró que el ataque “fue dirigido directamente a nuestros ojos, causando daños físicos y psicológicos”.
Además, Pegoraro denunció un intento de encubrimiento de los hechos, señalando que “Bullrich, Monteoliva y Rollé utilizaron sus cargos en el Ministerio de Seguridad y en la Jefatura de la Policía Federal para orquestar una maniobra mediática. Esto incluyó la difusión de un video manipulado con el fin de ocultar la brutalidad de lo sucedido”.
Entre las medidas solicitadas en la ampliación de la denuncia, Pegoraro y su abogado pidieron la declaración de la menor en Cámara Gesell, a fin de garantizar su resguardo durante el proceso judicial.