El reciente aumento del 40% en las tarifas de los trenes del AMBA ha llevado a muchos pasajeros a transitar por las vías para evitar el pago.
La reciente suba del 40% en las tarifas de los trenes del AMBA ha llevado a muchos usuarios a una situación desesperada. A partir del 16 de septiembre, los boletos mínimos costarán $280 con tarjeta SUBE nominalizada, y hasta $900 en efectivo. Este incremento ha provocado que algunos pasajeros opten por arriesgar sus vidas al caminar por las vías del tren para evitar el pago de tarifas desproporcionadas e injustificadas.
El aumento tarifario afecta a todas las líneas ferroviarias metropolitanas, incluyendo el Tren de la Costa, Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Sur, Belgrano Norte y General Urquiza. Los usuarios que no cuenten con tarjeta SUBE nominalizada se verán obligados a pagar hasta $560, mientras que el pago en efectivo alcanzará los $900, una cifra que muchos consideran inalcanzable.
En un intento desesperado por evitar estos costos, algunos pasajeros han comenzado a utilizar rutas peligrosas, caminando por las vías del tren para ingresar a las estaciones sin pagar. Este comportamiento pone en riesgo la seguridad de los viajeros y puede provocar accidentes graves, dado el peligro inherente de transitar por las vías ferroviarias.
La Resolución 33/2024 de la Secretaría de Transporte, que oficializa el aumento, sostiene que la medida es necesaria para cubrir los incrementos en costos operativos, como salarios, combustible y mantenimiento. Sin embargo, muchos usuarios consideran que el aumento es excesivo e injustificado, y que no toma en cuenta la realidad económica de quienes dependen del transporte ferroviario.
El gobierno ha argumentado que el aumento es fundamental para garantizar la sostenibilidad del servicio y evitar déficits operativos. No obstante, la creciente frustración entre los pasajeros sugiere que la medida podría tener consecuencias imprevistas, incluyendo el incremento de comportamientos peligrosos y el deterioro de la seguridad en las estaciones y en las vías.
La situación evidencia la necesidad urgente de revisar las políticas tarifarias y buscar soluciones que no pongan en riesgo la vida de los usuarios ni agraven su situación económica. Mientras tanto, la presión sobre las autoridades para encontrar alternativas más justas y accesibles continúa creciendo.