La ministra de Seguridad había acusado al gremialista titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró por “incitación a la violencia”.
La denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha sido interpretada por la justicia como otro intento de criminalizar la protesta sindical y atacar a los dirigentes que lideran los reclamos laborales. Esta ofensiva del gobierno, dirigida especialmente contra los sindicatos aeronáuticos, ha generado un rechazo generalizado tanto a nivel nacional como internacional.
En medio del creciente conflicto entre los sindicatos aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas, el gobierno avanzó con una denuncia penal que fue condenada por diversos sectores gremiales. Incluso la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) se pronunció enérgicamente en contra de los cargos presentados contra Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La ITF denunció los cargos como “falsos” y acusó al gobierno argentino de llevar a cabo un “flagrante acto de intimidación”, señalando que este es un paso más en el ataque sistemático del gobierno de Milei contra los sindicatos.
El fiscal de la causa explicó que “la amenaza coactiva, al igual que la figura básica, requiere para su configuración el anuncio de causar un daño futuro. Para ello, se exige que la amenaza sea grave, seria, injusta y posible. “Nada de esto sucedió en el caso”.
“Los hechos denunciados, tal como fueron postulados y circunscritos, no reúnen los requisitos mínimos e indispensables de relevancia penal para promover la apertura de una investigación de esa índole”, sostuvo el fiscal.
Para la fiscalía es importante tener en cuenta el contexto en que se dijo la frase. “El diálogo radial que mantuvo el Secretario General de APLA con el periodista, giró en torno a las medidas que había adoptado el gremio en reclamo de mejoras salariales para los/as trabajadores/as de la aeronavegación”
Patricia Bullrich, ha liderado lo que muchos califican como una “ofensiva gubernamental” contra los sindicatos de aviación, presentó la denuncia que finalmente fue desestimada. El presidente de la ITF, Paddy Crumlin, condenó estos cargos como un “intento atroz de silenciar la disconformidad legítima”. Crumlin también subrayó que Pablo Biró fue atacado por su papel en la defensa de los derechos de los pilotos y de Aerolíneas Argentinas, advirtiendo que la criminalización de la actividad sindical legítima sienta un precedente peligroso para todo el movimiento sindical.
Con esta desestimación, la justicia pone freno a un intento de sofocar las legítimas demandas de los trabajadores, protegiendo así el derecho a la protesta y la actividad sindical en Argentina.