La vicepresidenta volvió a pararse de la vereda de enfrente y profundizó aún más la interna en La Libertad Avanza con una incendiario posteo en redes sociales.

La cancillería argentina selló días atrás un acuerdo con el Reino Unido por Malvinas. Lo hizo en el marco de la visita del presidente Javier Milei a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU. Y la vicepresidenta Victoria Villarruel salió este viernes con los tapones de punta profundizando aún más la fuerte interna que divide al gobierno de La Libertad Avanza.

El acuerdo tuvo como protagonista a la canciller Diana Mondino y a su par del Reino Unido, David Lammy y fue una declaración firmada por ambos que establece medidas humanitarias vinculadas a los reclamos de las familias de las víctimas de la guerra de 1982 y una serie de prerrogativas para el Reino Unido como “conservación de pesquerías” y la “reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”.

Todos saben lo que representa Malvinas para mi y que ese es mi límite y me obliga a expedirme.

La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de… pic.twitter.com/XvHauR7ftV

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 27, 2024

“La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de hecho que puedan seguir depredando nuestros mares, ¿Para qué? ¿Para ir a visitar nuestras islas con visa y pasaporte?”, comenzó su lapidario posteo en X Villarruel.

Y siguió: “¿Nos toman por tontos? Ellos obtienen ventajas materiales, concretas e inmediatas, mientras que a nosotros nos ofrecen migajas como consuelo emotivo y debilitan nuestra posibilidad de negociación”.

“Resulta insólito que mientras los EEUU nos ofrecen buques guardacostas para proteger nuestro mar argentino del pillaje extracontinental, nosotros propongamos cooperar con la potencia que usurpa nuestro territorio”, sentenció.

Y concluyó tratando de matizar el impacto del incendiario posteo: “Estas no son palabras contra nuestro gobierno, sin embargo, es inevitable expedirme sobre este acuerdo, ya que es un tema que toca cada fibra de mi identidad y pone en juego los intereses permanentes de nuestra gran Nación. Porque somos amigos de todos, pero primero de la Patria”.

Según lo que comunicaron la Cancillería y el Foreign Office, se avanzará en una agenda amplia entre ambos países sobre otros temas vinculados al Atlántico Sur. El anuncio fue realizado mediante un comunicado en el que se indica que se aplicará a esta agenda y a sus resultados “la fórmula de salvaguardia de soberanía que figura en el párrafo 2 de la Declaración Conjunta del 19 de octubre de 1989″. Esa declaración que se firmó durante la presidencia de Carlos Menem, alude a la fórmula del “paraguas de soberanía”.

Los cancilleres acordaron retomar las negociaciones tendientes a finalizar la tercera fase del Plan Proyecto Humanitario conjuntamente con la Cruz Roja Internacional, así como también organizar un viaje de familiares de caídos a las Islas antes de que finalice 2024, para que puedan visitar las tumbas de los soldados que allí descansan.

También se estableció la necesidad de avanzar con medidas concretas en materia de conservación de pesquerías y en favor de una mejor conectividad, en virtud de los arreglos alcanzados en 2018, incluida la reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual y que fue suspendido durante el gobierno de Alberto Fernández.

Presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, ejerció un poder significativo en el Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, controlando diversas instituciones sanitarias y el sector de las prepagas. Su influencia despierta inquietudes sobre posibles conflictos de interés en política sanitaria.

Mario Lugones, presidente de la Fundación Sanatorio Güemes, es un influyente empresario de la salud vinculado a figuras como Santiago Caputo y Luis Barrionuevo. Su papel ha cobrado protagonismo, especialmente tras el escándalo relacionado con las prepagas, que puso en tela de juicio la verdadera dirección del Ministerio de Salud. Mientras Mario Russo aparece oficialmente como el ministro en el organigrama del gobierno de Javier Milei, se considera que Lugones es quien realmente maneja los hilos detrás de escena, controlando los organismos relacionados con la política sanitaria del país.

Poder en la sombra

Lugones no solo preside la Fundación Sanatorio Güemes, sino que también es socio de personalidades como el operador radical Enrique “Coti” Nosiglia, Barrionuevo y el ex presidente de Independiente, Julio Comparada. Este grupo tiene bajo su control la prepaga Hominis, que proporciona servicios médicos a numerosos trabajadores del sector gastronómico, quienes buscan mejorar la atención de su obra social.

Un funcionario del área de Salud indicó a iProfesional que “los que han declarado la guerra a la clase media están adentro”, lo que evidencia los conflictos de interés que caracterizan la gestión de Milei. Según informes, Lugones tiene el control no solo del Ministerio de Salud, sino también de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el PAMI, la Anmat y el Incucai, operando con un equipo de confianza.

Crisis en el sector de las prepagas

La SSS está actualmente preparando un informe sobre las prepagas que será evaluado por la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía, en respuesta a las denuncias de cartelización y conductas abusivas en el sector. El ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado que las prepagas han incrementado sus cuotas en hasta un 170% en apenas cuatro meses, lo que ha llevado a un conflicto abierto con la clase media.

El gobierno, a través del DNU 70/2023, modificó la ley que permitía al Ministerio de Salud regular los precios de la medicina prepaga, lo que ha suscitado críticas y sospechas sobre el accionar de empresas como OSDE, Galeno, Omint, Medicus y Swiss Medical. Se cree que Lugones controla la SSS mediante Gabriel Oriolo, ex gerente de sistemas de OSDE, y su influencia se extiende a todo el sistema de salud privado.

Manejo estratégico

Ubicada en el Edificio Shell Mex, en Diagonal Norte, Lugones mantiene un estricto control sobre sus operaciones, comunicándose a través de un grupo de WhatsApp con funcionarios del área de salud, donde dicta órdenes y establece políticas de comunicación con la prensa. Se afirma que, a pesar de que Mario Russo ocupa el cargo de ministro, la verdadera autoridad recae en Lugones.

El vínculo de Lugones con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se fortalece a través de su hijo, Rodrigo Lugones, quien colabora con la consultora de marketing Move, asociada con Caputo. Esta conexión ha facilitado su ascenso y la confianza que Milei deposita en él.

Enfrentamientos internos y consolidación de poder

Lugones fue también el centro de un conflicto antes de asumir el gobierno, cuando se produjo una disputa entre Posse y Sandra Pettovello, quien estaba destinada a liderar una Secretaría de Salud. Finalmente, Lugones encontró en Mario Russo al candidato ideal para ocupar el ministerio, mientras él se mantiene como su principal asesor.

La SSS también ha visto cambios importantes bajo su mando, con la reciente designación de Oriolo en lugar de Enrique Rodríguez Chiantore, quien fue removido tras un breve período. Además, Lugones ha consolidado su influencia en el PAMI, donde nombró a Esteban Leguizamo, asegurando su alineación con diversos sectores del poder.

Influencia en el sistema de salud

Lugones no solo ha tomado control del PAMI, sino que también ha designado a dos funcionarias clave en la ANMAT y al director del Incucai, Carlos Soratti, otro hombre de su confianza. De esta manera, Mario Lugones se ha convertido en una figura central y poderosa en la salud pública, moldeando políticas y estrategias en un entorno altamente interconectado.

Así resolvió el Juzgado Federal N°2 de La Plata. Según detalló el juez federal subrogante, Alejo Ramos Padilla, si el oficialismo quiere disponer la privatización del banco deberá hacerlo a través del Congreso.

La decisión judicial pone un freno contundente a las intenciones privatizadoras del gobierno de Javier Milei, destacando el papel esencial de la justicia en limitar acciones que podrían socavar la naturaleza pública de instituciones fundamentales. La maniobra del gobierno, que buscaba transformar al Banco Nación en una Sociedad Anónima como un paso previo para permitir la incorporación de capitales privados, ha sido declarada nula por el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. Este fallo fue un golpe a los intentos del oficialismo de avanzar sin el respaldo del Congreso, y refuerza la idea de que los cambios estructurales en el Banco deben estar sometidos al poder legislativo.

En el día de hoy la Justicia Federal de La Plata resolvió que el Directorio del BNA no puede avanzar ni en transformar en S.A., ni en ningún intento privatizador, porque solo podrá ser tratado en el ámbito del Congreso.
Gracias a los compañeros y abogados que llevaron adelante la… pic.twitter.com/DUJ1KEunAy

— Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) September 25, 2024

El gobierno de Milei había mostrado desde el inicio de su gestión una clara tendencia hacia la privatización de organismos públicos, entre ellos el Banco Nación, considerado una “joya” para los planes de venta. Aunque la Ley de Bases aprobada en el Congreso inicialmente incluía una cláusula que permitía la privatización de la entidad bancaria, dicha disposición fue modificada durante el debate legislativo para excluir al Banco Nación de esa medida. No obstante, el gobierno encontró un atajo al proponer el cambio a Sociedad Anónima, lo que permitiría incorporar capital privado sin necesidad de una ley expresa de privatización.

El juez Ramos Padilla, sin embargo, bloqueó esta maniobra, argumentando que ni el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ni la resolución 348 del Banco Nación otorgaban al Poder Ejecutivo la autoridad para modificar el estatus jurídico de la entidad. En su fallo, el magistrado enfatizó que solo el Congreso tiene la potestad de decidir el futuro de la institución, basándose en la Ley 27.742 (Ley de Bases), la cual reflejó de manera clara la voluntad de los legisladores de mantener al Banco Nación fuera de cualquier proceso privatizador.

Este fallo ha sido celebrado por los gremios bancarios, especialmente por la Asociación Personal Jerárquico de Bancos Oficiales (APJBO), que desde el inicio de los rumores de privatización se manifestó en defensa del carácter público del Banco Nación. Los trabajadores han resaltado el rol crucial de la entidad en el desarrollo económico y social del país, subrayando su función en el pago de jubilaciones, el apoyo a pequeñas y medianas empresas (pymes) y su presencia en regiones donde las instituciones privadas no llegan. Además, se destacó la fortaleza financiera de la entidad, avalada por calificadoras de riesgo que le otorgaron una excelente puntuación en términos de endeudamiento y capacidad de pago.

El fallo también arrojó luz sobre los límites del uso de decretos y resoluciones para avanzar en procesos de privatización, criticando la contratación prematura de un estudio jurídico externo por parte del Banco Nación para asesorar sobre el cambio de estatus. El juez cuestionó la falta de consulta a organismos públicos como el Cuerpo de Abogados del Estado (CAE), que habrían podido confirmar la necesidad de una ley para cualquier reforma estructural.

En definitiva, esta resolución judicial no solo protege al Banco Nación de una privatización encubierta, sino que también establece un precedente importante en la defensa del carácter público de instituciones clave. Reafirma que cualquier intento de modificar el estatus de entidades como el Banco Nación debe pasar por el Congreso, manteniendo así los mecanismos democráticos y evitando que el Poder Ejecutivo actúe de manera unilateral. Con este fallo, la justicia ha desempeñado un papel crucial al frenar un proyecto que muchos consideran autocrático, recordando que las decisiones que afectan a instituciones públicas de gran relevancia no pueden tomarse sin un debate amplio y sin el respaldo de las leyes aprobadas por el poder legislativo.

El expresidente Mauricio Macri volvió a cargar contra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad nacional y ex aliada del PRO. Esta vez se cruzaron por la política en la ciudad de Buenos Aires.

“Lamento que la ministra Bullrich manipule la verdad y hable de pactos inexistentes, faltándole el respeto al Jefe de Gobierno”, arrancó Macri en Twitter.

“El proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y el votado hoy en la Legislatura no incluye la obligación de destinar metros cuadrados para viviendas de los encargados. Podemos discrepar, pero no es aceptable mentir”, insistió Macri. Bullrich, se sabe, ataca al PRO donde más le duele a Macri, es decir, en CABA, el último bastión que le queda al espacio de derecha.

El presidente Javier Milei viajó finalmente a Córdoba, que está siendo arrasada por incendios, mientras le gobierno nacional mira para el otro lado o difunde fake news. Ahora, el mandatario decidió ningunear a los bomberos voluntarios que luchan hace días en las sierras.

Un grupo de bomberos voluntarios lo esperó en vano durante una hora, al rayo del sol de la siesta, con los uniformes sucios de cenizas, con la expectativa por saludarlo. Pero el helicóptero no descendió como se esperaba en la pista de Capilla del Monte, una de las zonas arrasadas por el fuego.

“Nos hubiera gustado tener un reconocimiento”, dijo el bombero Diego González al referirse al plantón de Milei. El presidente parece no estar viéndola. Primero, fue un asado para festejar el ajuste sobre millones de jubilados. Ahora, el desplante a bomberos voluntarios…

La ministra de Seguridad había acusado al gremialista titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró por “incitación a la violencia”.

La denuncia presentada por el gobierno de Javier Milei, a través de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ha sido interpretada por la justicia como otro intento de criminalizar la protesta sindical y atacar a los dirigentes que lideran los reclamos laborales. Esta ofensiva del gobierno, dirigida especialmente contra los sindicatos aeronáuticos, ha generado un rechazo generalizado tanto a nivel nacional como internacional.

En medio del creciente conflicto entre los sindicatos aeronáuticos y Aerolíneas Argentinas, el gobierno avanzó con una denuncia penal que fue condenada por diversos sectores gremiales. Incluso la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) se pronunció enérgicamente en contra de los cargos presentados contra Pablo Biró, secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). La ITF denunció los cargos como “falsos” y acusó al gobierno argentino de llevar a cabo un “flagrante acto de intimidación”, señalando que este es un paso más en el ataque sistemático del gobierno de Milei contra los sindicatos.

El fiscal de la causa explicó que “la amenaza coactiva, al igual que la figura básica, requiere para su configuración el anuncio de causar un daño futuro. Para ello, se exige que la amenaza sea grave, seria, injusta y posible. “Nada de esto sucedió en el caso”.

“Los hechos denunciados, tal como fueron postulados y circunscritos, no reúnen los requisitos mínimos e indispensables de relevancia penal para promover la apertura de una investigación de esa índole”, sostuvo el fiscal.

Para la fiscalía es importante tener en cuenta el contexto en que se dijo la frase. “El diálogo radial que mantuvo el Secretario General de APLA con el periodista, giró en torno a las medidas que había adoptado el gremio en reclamo de mejoras salariales para los/as trabajadores/as de la aeronavegación”

Patricia Bullrich, ha liderado lo que muchos califican como una “ofensiva gubernamental” contra los sindicatos de aviación, presentó la denuncia que finalmente fue desestimada. El presidente de la ITF, Paddy Crumlin, condenó estos cargos como un “intento atroz de silenciar la disconformidad legítima”. Crumlin también subrayó que Pablo Biró fue atacado por su papel en la defensa de los derechos de los pilotos y de Aerolíneas Argentinas, advirtiendo que la criminalización de la actividad sindical legítima sienta un precedente peligroso para todo el movimiento sindical.

Con esta desestimación, la justicia pone freno a un intento de sofocar las legítimas demandas de los trabajadores, protegiendo así el derecho a la protesta y la actividad sindical en Argentina.

Así lo marca un informe de Audemus. Desde finales de 2023 desaparecieron 12.000 empresas empleadoras. Advierten por el impacto de la recesión en la era Milei.

La gestión de Javier Milei ha sumido al sector privado en una profunda crisis, marcada por la recesión y el colapso empresarial. Desde finales de 2023, Argentina ha visto cómo ocho multinacionales han abandonado el país, mientras un informe de la consultora Audemus señala que se han registrado 86 eventos de crisis en grandes compañías, afectando gravemente al empleo y a la inversión. Además, en el mismo período, han desaparecido 12.000 empresas empleadoras.

Éxodo de multinacionales

El impacto de la recesión en la era Milei ha sido devastador. Ocho importantes multinacionales, incluidas HSBC, Xerox, Clorox, Prudential, Nutrien, ENAP, Fresenius Medical Care y Procter & Gamble, han decidido cesar sus operaciones en Argentina. Ahora, un gigante del sector automotriz evalúa vender su operación local, lo que podría agravar aún más la situación empresarial en el país.

Este éxodo de grandes compañías, que afecta tanto al sector financiero como a la energía y el consumo masivo, pone de relieve la falta de confianza en el futuro económico del país bajo la administración actual. Las multinacionales no son las únicas afectadas: se han producido despidos masivos, suspensiones y retiros voluntarios en 68 empresas, y 10 compañías han tomado la decisión de suspender parte de su plantilla laboral.

Sectores más golpeados

El sector textil y de calzado ha sido uno de los más perjudicados, con 22 eventos de crisis registrados. Otros sectores, como el metalúrgico, comercio y la electrónica, también han sufrido despidos y suspensiones. En total, la industria acumula 57 eventos de crisis, mientras que el sector de servicios enfrenta 11.

Desaparición de empresas y desplome de la inversión

La magnitud de la crisis no se limita solo a las grandes empresas. Desde finales de 2023, unas 12.000 empresas empleadoras han cerrado sus puertas, exacerbando el desempleo y la precariedad laboral en el país. Según Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva de Fundar, la recesión está afectando prácticamente a todas las ramas de actividad, lo que dificulta la creación de nuevas empresas.

La inversión, un indicador clave de la salud económica, también ha experimentado un fuerte retroceso. El último informe de Orlando Ferreres reportó una caída del 11,2% en la inversión interanual en julio, con una contracción acumulada del 20,6% en los primeros siete meses del año.

Perspectivas sombrías

Aunque el INDEC registró un diminuto repunte económico del 1,7% en julio, la actividad se volvió a desplomar en agosto, las proyecciones de las consultoras indican que la recuperación es desigual y frágil. En agosto, sectores clave como la industria, el comercio y la construcción volvieron a experimentar un desplome intermensual, sugiriendo que la crisis está lejos de resolverse.

En resumen, el gobierno de Javier Milei enfrenta una crisis empresarial sin precedentes, con la salida de multinacionales, la desaparición de miles de empresas y una caída alarmante de la inversión. La recesión ha socavado el dinamismo económico, y las perspectivas para el corto plazo siguen siendo inciertas.

Desde la asunción de Javier Milei como presidente, la economía argentina ha experimentado un profundo deterioro que ha afectado gravemente a millones de argentinos.

Desde la asunción del gobierno de La Libertad Avanza encabezado por Javier Milei como presidente, la economía argentina ha experimentado un profundo deterioro que ha afectado gravemente a millones de ciudadanos. Su política económica, basada en un drástico recorte del gasto público y un aumento de tarifas, ha dejado a 5,5 millones de argentinos en la pobreza, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicados este jueves. En apenas seis meses, la tasa de pobreza se disparó 11 puntos, alcanzando el 52,9%, el nivel más alto desde 2004, en plena recuperación de la peor crisis de la historia reciente del país.

El impacto de estas medidas ha sido especialmente devastador para los sectores más vulnerables, en particular los niños. Actualmente, el 66% de los menores de 14 años vive en la pobreza, lo que equivale a 7,2 millones de niños. Aunque la pobreza disminuye con la edad, un 29,7% de los mayores de 65 años también se encuentra en esta situación, a pesar de los recortes a las jubilaciones implementados por el gobierno de Milei.

Los ajustes económicos implementados por la administración anarco capitalista no solo han empeorado la pobreza, sino que también han elevado los niveles de indigencia a cifras alarmantes. Más del 18% de la población, es decir, 8,5 millones de personas, no tiene ingresos suficientes ni siquiera para cubrir sus necesidades alimentarias básicas. Las políticas de austeridad, sumadas a la guerra abierta del gobierno contra las organizaciones sociales, han dejado a los comedores comunitarios, esenciales para millones, con mucho menos apoyo estatal.

El origen de esta crisis puede rastrearse al inicio del mandato de Milei, cuando una devaluación del 54% del peso provocó una explosión inflacionaria que desbordó a la economía, aumentando los precios en un 25,5% en diciembre y un 20,6% más en enero. Esta espiral inflacionaria erosionó los salarios y profundizó el ajuste fiscal, lo que resultó en la paralización de la obra pública, la caída del consumo, el aumento del desempleo y una mayor precarización del empleo. Todo esto contribuyó a la expansión tanto de la pobreza como de la indigencia.

Frente a estos hechos, el gobierno de Milei ha intentado desviar la responsabilidad hacia las administraciones anteriores, culpando al peronismo y al kirchnerismo de la “herencia” recibida, mismo argumento utilizado por su aliado político Mauricio Macri. Sin embargo, lo que queda claro es que las políticas de ajuste radical implementadas por el actual gobierno no han hecho más que profundizar la recesión y agravar la situación de millones de argentinos. Mientras las promesas de estabilización económica siguen sin materializarse, la realidad es que 25 millones de personas enfrentan un presente de pobreza y un futuro incierto.

Desde el primero de octubre comenzarán a regir varios aumentos que golpearán, todavía más, al bolsillo de los usuarios.

Octubre llega con aumentos que agravan la situación económica, todos autorizados por el gobierno. A pesar de la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la inflación no da tregua y las políticas de ajuste siguen asfixiando a los consumidores, que deberán enfrentar subas en todos los frentes: desde el transporte y los alquileres hasta las prepagas y los colegios privados.

Subte

A partir del 1º de octubre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un incremento del 16,46% en el boleto del subte, que pasará a costar $757, mientras que la tarifa del Premetro se elevará a $264,95. Aunque el ajuste había sido anunciado en julio, la implementación fue postergada hasta octubre para actualizar el sistema informático. Este aumento, autorizado por el Ejecutivo porteño, cierra un cuadro tarifario que en 2024 acumula una suba del 360%, alcanzando un alza total del 560% en lo que va del año.

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga también se suman a la lista de incrementos, con aumentos autorizados por el Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Ahora, las prepagas pueden ajustar sus cuotas de forma diferenciada, subdividiendo los aumentos según la región y los planes, lo que abre la puerta a que las mismas empresas apliquen hasta cuatro índices de actualización en el mismo período, ejerciendo su “libertad de mercado” sin mayores restricciones.

Los afiliados ya recibieron las notificaciones: Swiss Medical informó un aumento promedio del 4,1%, Galeno del 4,5%, el Hospital Italiano del 5,86% y Omint del 5,9%. Sin embargo, el caso más extremo lo presentó Accord Salud, con una suba del 8,4%, duplicando la inflación oficial registrada por el INDEC. El gobierno, lejos de contener estos ajustes, sigue autorizando estos aumentos que deterioran aún más el poder adquisitivo de los usuarios.

Alquileres

El sector de alquileres tampoco queda exento de los aumentos. Los contratos regulados por la antigua Ley de Alquileres verán un incremento del 237,9% en octubre, según el Índice de Contratos de Locación (ICL), que también es definido por las autoridades. Si bien este aumento muestra una leve desaceleración con respecto al mes pasado, cuando fue del 243,1%, sigue representando una suba considerable para los inquilinos, que deben soportar ajustes periódicos con el respaldo del propio gobierno.

Colegios privados en PBA y CABA

En el ámbito educativo, los colegios privados subvencionados por el gobierno provincial de Buenos Aires aplicarán un aumento del 4% en las cuotas de octubre. En la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades aún no han confirmado el porcentaje, pero se estima que rondará en cifras similares. Los padres de los estudiantes deben prepararse para nuevos ajustes que el propio gobierno autoriza, mientras las instituciones aprovechan la libertad de fijar los precios según su conveniencia.

Tarifas de servicios públicos

Por último, el secretario de Energía, Eduardo Rodriguez Chirillo, anticipó que el gobierno prepara una nueva actualización en las tarifas de servicios públicos en octubre, aunque aseguró que “no será sustantiva” y que “no superará la inflación”. Sin embargo, los aumentos acumulados en lo que va del año apenas alcanzan para el mantenimiento del sistema, según el funcionario, dejando en evidencia que no hay margen para nuevas inversiones. Mientras tanto, el costo de vida sigue en aumento, y los consumidores son quienes pagan la factura.