La medida será dispuesta por la administración libertaria mediante un decreto que el Presidente firmará en los días próximos.
El Gobierno Nacional avanzará con una polémica medida para arancelar la educación superior para estudiantes extranjeros en universidades públicas, desatando duras críticas desde diversos sectores. El decreto, que Javier Milei firmará en los próximos días, implementará el cobro de aranceles a aquellos estudiantes que no sean residentes permanentes en el país. Esta medida estaba prevista en la versión original de la Ley de Bases, aunque fue eliminada durante el proceso de aprobación en el Congreso.
Infores del Ejecutivo confirman que la decisión será anunciada pocos días después de una masiva movilización que exigió la continuidad de los fondos para las universidades públicas, reclamo que el presidente Milei desestimó tras vetar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Parlamento. La negativa a garantizar recursos para la educación superior pública ha generado una ola de descontento, que ahora se intensifica con esta medida dirigida a estudiantes extranjeros.
Desde la Casa Rosada aclararon que la gratuidad de la educación superior seguirá garantizada para los argentinos, pero señalaron que los extranjeros no residentes deberán pagar por sus estudios. Este cambio ha provocado una nueva ronda de cuestionamientos hacia la administración de Milei, acusada de debilitar el acceso inclusivo a la educación y de priorizar medidas que afectan a los sectores más vulnerables.
En el texto original de la Ley de Bases, Milei había planteado que el Poder Ejecutivo podría “establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o trayectos educativos” para estudiantes que no sean “ciudadanos argentinos nativos o por opción” o extranjeros sin residencia permanente. Aunque este punto fue finalmente excluido en la versión aprobada por el Congreso, el Gobierno ha decidido avanzar de todas formas mediante un decreto presidencial.
El proyecto también establecía que los estudiantes extranjeros podrían acceder a becas bajo ciertos convenios o estatutos, y permitía a las universidades públicas firmar acuerdos con organismos nacionales e internacionales para compartir recursos y fomentar intercambios educativos. No obstante, este artículo fue objeto de debate y finalmente suprimido en la versión sancionada de la ley.
Las críticas no han tardado en llegar, con voces que acusan al Gobierno de implementar políticas que restringen el acceso a la educación, y de emular las medidas del gobierno de Mauricio Macri, favoreciendo intereses privados por sobre el bien común.