Pertenecen al área de informática de la UNQ, la situación presupuestaria complica la inversión en tecnología y el mantenimiento del plantel docente.
El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales sigue profundizándose, dibujando un panorama sombrío para miles de jóvenes argentinos. La reciente decisión de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) de no abrir la inscripción para dos carreras del área informática en 2025 es un claro ejemplo del impacto que las políticas de ajuste presupuestario están teniendo en la educación superior. Al menos 3.500 aspirantes se quedarán sin la posibilidad de ingresar a la universidad, lo que representa cerca del 30% de los nuevos ingresantes.
La decisión fue motivada por la falta de recursos para contratar docentes, la escasez de aulas y computadoras, y el deterioro general de la infraestructura. Según las autoridades de la UNQ, optar por no abrir las inscripciones fue una medida “dolorosa, pero pragmática”, ya que prometen evitar lo que consideran sería una “estafa académica”, en referencia a ofrecer una formación que no pueden garantizar.
El problema no se limita a los nuevos aspirantes: se anticipó que en 2025, un 45% de los estudiantes que ya están cursando solo podrán inscribirse en una materia debido a la falta de docentes. Esto revela un deterioro profundo en el sistema educativo público, afectado por los recortes que el gobierno de Milei ha implementado, con una reducción del 31,6% en la inversión real en universidades respecto al año anterior, la mayor desde el retorno de la democracia en 1983.
Uno de los aspectos más alarmantes es la situación salarial de los docentes. Según datos de la Universidad de Quilmes, el 55% de sus trabajadores están por debajo de la línea de pobreza, y un 30% no alcanza ni siquiera la canasta básica alimentaria, a pesar de que el 87% de ellos tiene estudios universitarios. Esto refleja no solo el deterioro del sistema educativo, sino también las condiciones de precariedad laboral que enfrentan quienes sostienen la enseñanza pública.
Las políticas de ajuste que el gobierno justifica bajo el argumento de que las universidades “solo benefician a los hijos de los ricos” chocan con la realidad: en la UNQ, el 51% de los estudiantes trabaja para poder estudiar, el 78% es primera generación de universitarios, y el 82% tiene padres sin títulos universitarios. Estas cifras demuestran que las universidades públicas cumplen un rol fundamental en la movilidad social de las clases populares.
Mientras en los países desarrollados se invierte en educación como herramienta clave para el crecimiento y la innovación, el gobierno de Milei parece optar por un camino que va en sentido contrario, privando a los jóvenes argentinos de las oportunidades que necesitan para construir un futuro mejor.