El senador nacional del PRO Luis Juez consiguió un privilegio judicial para su sobrino, que fue beneficiado con la suspensión del juicio a prueba en una causa en la que estaba imputado por tenencia de éxtasis.
La doble vara con la que algunos políticos afines al gobierno que manejan su discurso y su poder queda en evidencia con casos como el del senador nacional del PRO, Luis Juez. Aunque se presentan como opositores a la “casta” y defensores de la justicia, no dudan en usar su influencia para obtener privilegios para sus cercanos. Un claro ejemplo es el beneficio judicial conseguido por su sobrino, Lucas Martín Juez, quien, pese a estar imputado por tenencia de éxtasis, fue favorecido con la suspensión del juicio a prueba. Esta decisión, que rara vez se aplica en casos de este tipo, permitió que el joven eludiera la cárcel a cambio de una donación insignificante y 60 horas de trabajo comunitario, exponiendo el uso arbitrario de un recurso judicial diseñado para situaciones mucho más precarias.
El caso de Lucas Juez, detenido en octubre de 2020 con 40 pastillas de éxtasis durante el Aislamiento Social Obligatorio, muestra cómo pertenecer a una familia influyente puede cambiar el destino judicial. A pesar de tener antecedentes, aunque cometidos siendo menor de edad, y de la gravedad del delito, el sobrino del senador no solo recibió un trato preferencial, sino que su tío intervino directamente en su defensa antes de que formalmente asumiera como abogado. Gracias a una aplicación arbitraria de la “suspensión de juicio a prueba”, figura que suele reservarse para personas en situaciones de vulnerabilidad, Lucas Juez evitó tanto la cárcel como la creación de antecedentes penales, evidenciando una vez más cómo el poder se utiliza para proteger intereses familiares.
Por otro lado, esta práctica no se limita a beneficiar solo a familiares cercanos. Los contactos políticos también juegan un papel crucial en negocios multimillonarios, como el caso del empresario David Sutton Dabbah, uno de los más ricos de Argentina. A finales de 2023, el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, le transfirió el manejo de tres playas de estacionamiento en las zonas más rentables de la ciudad. Aunque estos espacios generan ingresos astronómicos, el canon que paga Sutton Dabbah al gobierno porteño es irrisorio en comparación con lo que factura. Así, mediante conexiones políticas, este empresario logró asegurarse un negocio redondo mientras las arcas públicas se ven perjudicadas.
Estos casos reflejan cómo muchos políticos que se embanderan en la crítica a la “casta” terminan usando su poder para obtener beneficios personales y familiares, replicando los mismos vicios que afirman combatir.