La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), señaló en un informe que la prórroga del presupuesto 2023 permitió el uso discrecional de recursos, una práctica que viene en aumento en Argentina.
El gobierno ha asignado fondos millonarios a proyectos con una discrecionalidad y falta de transparencia que suscitan serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos. Esta postura resulta especialmente incoherente, ya que la misma administración impone a las universidades públicas estrictas demandas de rendición de cuentas y total transparencia en su uso de recursos.
Mientras las instituciones educativas deben justificar cada gasto y rendir cuentas de manera exhaustiva, el gobierno parece aplicar un estándar mucho más flexible a sus propios fondos, donde la claridad sobre el destino final de los recursos es limitada e incluso ausente en muchos casos. Esta doble vara en la exigencia de transparencia genera dudas sobre la coherencia de las políticas gubernamentales y alimenta un clima de desconfianza entre los sectores impactados por estas prácticas desiguales.
Esta postura genera inquietud en instituciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que subraya en un informe el preocupante aumento en el uso discrecional de los recursos cuando se prorroga el presupuesto. Este mecanismo ha permitido al Ejecutivo incrementar la brecha entre el presupuesto aprobado para 2023 y el ejecutado en 2024, que alcanza un histórico 134%.
La Ley de Administración Financiera (LAF) permite que el Gobierno continúe operando con el presupuesto del año anterior si no se aprueba uno nuevo, permitiéndole al Ejecutivo ajustar recursos de manera unilateral. Esto implica que, tomando en cuenta los $40 billones aprobados para 2023 y los $95 billones vigentes en 2024, el Gobierno pudo reasignar más de $55 billones sin aprobación del Congreso.
Según Sofía Pasquini, abogada de ACIJ, “esta situación supone un deterioro institucional, ya que el Congreso, como representante del pueblo, es quien debe decidir sobre el uso de los fondos públicos”. Convertir esta excepción en regla otorga “un amplio marco de discrecionalidad”, que sienta un precedente peligroso para futuros gobiernos.
El proyecto de presupuesto para 2025 que el Ejecutivo envió al Congreso también incorpora una “regla fiscal” inspirada en la norma de “déficit cero” de 2001, declarada inconstitucional en 2002 por otorgar excesiva discrecionalidad al Ejecutivo. Este mecanismo permite que cualquier desvío en los ingresos se compense con recortes en los gastos discrecionales, aunque el propio proyecto redefine algunas partidas, como las vinculadas a ciencias y escuelas técnicas, cambiándolas de automáticas a discrecionales.
El director del CEPA, Hernán Letcher, explica que el presidente Milei enfrenta un dilema entre no obtener la aprobación del presupuesto y ganar libertad de maniobra en el uso de los recursos, o bien conseguir la aprobación, enviando una señal de estabilidad a los mercados. En ambos escenarios, el Ejecutivo retendría una amplia capacidad de gestión arbitraria sobre los recursos estatales en 2025.