La aspirante a presidir el Partido Justicialista recorrió las instalaciones y habló con los estudiantes.

Cristina Kirchner visitó la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde interactuó con estudiantes después de que protagonizaran una intervención en la Estación de Once al ritmo de la canción Fanático de Lali Espósito. Durante el encuentro, expresó su alegría por estar en un espacio que ella misma contribuyó a transformar, y afirmó que todo el esfuerzo realizado “valió la pena”.

En su charla con los estudiantes, Cristina resaltó la importancia de estos espacios universitarios y recordó que el 22 de octubre se cumplió una década desde que el Instituto Universitario Nacional de Arte fue convertido en la Universidad Nacional de las Artes, un hito que consideró fundamental para el desarrollo de la educación artística en el país.

“Es una alegría inmensa estar aquí, en un lugar que ha sido construido y creado para el desarrollo del arte y la cultura. Cuando vale la pena para el pueblo, normalmente no vale la pena para la vida de los dirigentes que hacen estas cosas, porque después son muy castigados”, reflexionó.

Después de la repercusión por la coreografía de estudiantes de esa Universidad en la estación de Once, Cristina Fernández de Kirchner visitó la UNA. Siguen las recorridas “sorpresa” de la candidata a presidir el PJ. pic.twitter.com/stzMyVKIIr

— Manu Jove (@manujove) October 25, 2024

Esta visita a la UNA es parte de un recorrido que la expresidenta ha estado realizando en las últimas semanas, luego de confirmar su intención de presidir el Partido Justicialista, un movimiento que cobró relevancia el pasado 17 de octubre en el Día de la Lealtad Peronista. En esa fecha, encabezó una charla en la Universidad Nacional de Avellaneda, donde debatió con estudiantes y docentes acerca del presupuesto nacional y las dificultades financieras que enfrentan las instituciones públicas de educación superior.

El contexto de la protesta de los estudiantes, ocurrida en la Estación de Once, fue un acto simbólico de crítica y resistencia en el que un grupo de jóvenes realizó un flashmob, llamando la atención del público sobre las condiciones de los centros de estudio y la falta de recursos para los mismos.

Cristina aprovechó la oportunidad para alentar a los estudiantes a seguir realizando manifestaciones creativas: “Así como fueron a bailar a la estación, tendrían que organizar algo diferente, como una interpretación con mimos, llamar la atención y escenificar algunas de las escenas terribles que vivimos a diario debido a la falta de apoyo a nuestras universidades públicas”, sugirió.

La diputada libertaria Lilia Lemoine que suele ser vocera directa de Javier Milei reavivó las críticas contra Villarruel y la comparo con Chacho Álvarez el vice de De la Rúa.

La interna en La Libertad Avanza se intensifica con nuevas críticas hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, esta vez encabezadas por la diputada oficialista Lilia Lemoine, quien en redes sociales la catalogó como “la peor vicepresidente de la historia”. Este episodio evidencia una fractura creciente en el espacio libertario, con un marcado distanciamiento de Villarruel respecto al propio presidente Javier Milei.

El conflicto más reciente surgió a raíz de la colocación de un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado, homenaje promovido por Villarruel el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista. La acción generó incomodidad entre ciertos sectores de La Libertad Avanza, y el propio Milei se desmarcó públicamente del tributo mostrando su inconformidad con lo que considera una falta de lealtad de la vicepresidenta.

Te banco. Va juntando porotos la vice. Hace rato se decidió. Ya es la peor vicepresidente de la historia. Peor que el Chacho. Porque el Chacho no llegó colgado de las bolas de Delarua…

— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 24, 2024

Lemoine (que suele hablar por Milei) fue directa en su respuesta a la indignación de un usuario en redes sociales, reafirmando su creciente desconfianza hacia Villarruel: “Va juntando porotos la vice. Ya es la peor vicepresidente de la historia”, escribió. Luego, comparó su gestión con la del exvicepresidente de la Alianza, Carlos “Chacho” Álvarez, afirmando que Villarruel era “peor”.

La tensión entre ambas figuras no es nueva. En meses anteriores, Lemoine criticó a Villarruel por su silencio ante la visita de legisladores libertarios a represores detenidos en el penal de Ezeiza, un acto que generó amplias críticas y controversias para el espacio político. Lemoine expresó frustración ante lo que considera una falta de coherencia de Villarruel en relación con su discurso de campaña sobre los crímenes cometidos durante los años de plomo en Argentina.

En agosto, las críticas se profundizaron cuando Villarruel afirmó que reabriría las causas judiciales contra los crímenes cometidos por Montoneros en los años 70, lo que Lemoine calificó de “campaña proselitista”. La diputada cuestionó las prioridades de la vicepresidenta y sugirió que tales declaraciones eran una distracción para evitar enfrentar los problemas del espacio político. Un mes después, Villarruel tomó una medida contundente y bloqueó a Lemoine en redes sociales, intensificando la ya evidente fractura entre ambas.

Estas críticas subrayan una creciente desconfianza y disenso entre Villarruel y los miembros más alineados con la visión de Milei, generando divisiones dentro del movimiento libertario y sembrando dudas sobre la cohesión de La Libertad Avanza en medio de un contexto político y económico de creciente desestabilidad.

Además, el diputado negó que desde La Cámpora haya intentos de “desgaste” contra el gobernador Axel Kicillof y sostuvo que, en caso de ser necesario, las candidaturas se definirán en una votación interna.

El diputado y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner, instó a que el Partido Justicialista (PJ) defina sus posturas internas de cara a la próxima elección de autoridades. Durante una entrevista en Radio 10, Kirchner habló de la importancia de que el PJ tome decisiones claras, señalando que “alguien que no puede decidir entre (Ricardo) Quintela y Cristina (Kirchner) obliga a reevaluar las cosas”.

Kirchner aclaró que su agrupación, La Cámpora, ha apoyado constantemente las iniciativas de la gestión bonaerense y negó cualquier intento de “desgaste” hacia el gobernador Axel Kicillof. Explicó que las diferencias dentro del peronismo responden a “mezquindades políticas” más que a diferencias de fondo y sostuvo que, en caso de ser necesario, las candidaturas se definirán en una votación interna.

El dirigente también habló de la postulación de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ, indicando que fue motivada por “una falta de consistencia en cómo el peronismo está discutiendo el gobierno de Milei”. Destacó la necesidad de que el PJ se posicione de forma sólida frente a los desafíos actuales, subrayando la relevancia de la expresidenta para articular un liderazgo unificado.

Acerca del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, Kirchner señaló su respeto hacia él, pero resaltó que la situación provincial debe atenderse en el contexto nacional. En su opinión, la política nacional atraviesa un momento de “provincialismos” que va en detrimento del federalismo, dado que algunas provincias priorizan sus propios intereses en lugar de los de la nación.

Por último, el diputado se refirió a la posibilidad de construir una lista de unidad en el PJ, aunque afirmó que lo fundamental será escuchar a la militancia y, si se requiere, que el partido resuelva sus candidatos a través del voto: “A nosotros que vote la gente es lo que más nos entusiasma”, concluyó.

En la construcción, el comercio, y la producción agrícola ven en el Estado un actor indispensable para asegurar el desarrollo de infraestructura.

El Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) presentó el documento Consensos 2024, con propuestas de inversión privada en infraestructura, en un contexto donde el discurso libertario de desfinanciamiento público contrasta con las necesidades reales de sectores clave de la economía. Desde la llegada al poder de La Libertad Avanza, el financiamiento estatal para proyectos de infraestructura ha sido suspendido, promoviendo un esquema en el que la inversión privada debe cubrir la demanda (lo que aun esta lejos de suceder), mientras la actividad de la construcción permanece prácticamente paralizada.

El CPI, fundado en 2021 por el G6 (integrado por la Cámara Argentina de Comercio, la Sociedad Rural, ADEBA, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de la Construcción y la Unión Industrial Argentina, junto con la UOCRA), propone inversiones en áreas críticas como energía, transporte, logística, y desarrollo urbano. Sin embargo, durante el evento, varios referentes empresariales señalaron que, aunque la colaboración del sector privado es importante, el Estado debería asumir un rol activo para sostener y desarrollar la infraestructura pública.

Natalio Grinman, de la Cámara Argentina de Comercio, subrayó que, en las principales economías del mundo, el financiamiento de infraestructura pública recae en el Estado. Grinman expresó la preocupación por el estado crítico de las rutas y enfatizó la necesidad de que el Estado colabore en el desarrollo junto al sector privado. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural, agregó que mejorar la infraestructura de movilidad y reducir sus costos es una “responsabilidad del gobierno”, sin la cual es difícil aumentar la producción.

Por su parte, Daniel Funes de Rioja, de la Unión Industrial Argentina, destacó que el crecimiento industrial no puede prosperar sin un entorno en el que la infraestructura esté garantizada. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción y del CPI, recordó que la inversión en infraestructura existente es esencial para evitar futuros costos de recuperación.

Relato vs realidad

La realidad económica subraya una contradicción en el discurso libertario, que aboga por reducir la participación del Estado en la economía, mientras sectores como la construcción, el comercio, y la producción agrícola ven en el Estado un actor indispensable para asegurar el desarrollo de infraestructura básica. Sin un marco de financiamiento mixto, los objetivos de reactivación de estos sectores se ven comprometidos.

Además, representantes de ADEBA y la Bolsa de Comercio coincidieron en que los bancos y el mercado de capitales cuentan con liquidez y están listos para apoyar proyectos, pero insistieron en la necesidad de un entorno de colaboración y transparencia donde el Estado también cumpla sus compromisos.

La UOCRA, en tanto, expresó su expectativa de que el relanzamiento de la obra pública reactive los empleos perdidos y devuelva al trabajo a los 100 mil trabajadores afectados por la parálisis actual, señalando así cómo el discurso de reducción del gasto público colisiona con la necesidad económica de un Estado activo en la infraestructura.

Así lo reveló la periodista Nancy Pazos, a partir de las modificaciones que el presidente aplicó en la AFIP. Mirá el video.

La periodista Nancy Pazos expuso una denuncia que dejó en evidencia la doble vara del gobierno de Javier Milei: los funcionarios que él mismo designó en diciembre en la ex AFIP (ahora ARCA) se asignaron sueldos de entre 20 y 30 millones de pesos.

Entre ellos, se encuentra Florencia Misseragi, quien encabezó ARCA, y otros 20 altos cargos que según Pazos se habrían puesto estos sueldos millonarios, aprovechando la autonomía del organismo apenas asumieron sus roles nombrados por el propio Milei.

“Esos sueldos de 20 y 30 palos fueron decididos por el gobierno libertario,” apuntó Pazos, cuestionando la retórica de “recorte” mientras los empleados rasos eran despedidos. Y agregó: “El mismo Milei que creó estos salarios luego acusó a la estructura que él mismo armó de ‘vivir de la caja’”.

La medida de Milei para “reordenar” la AFIP resultó en el despido masivo de empleados y la reubicación de cargos, una supuesta estrategia de ahorro que, como señaló Pazos, no tocó los privilegios de los altos funcionarios. Para ellos, la “austeridad” quedó solo en el discurso.

El Gobierno oficializó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la creación de la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) en su reemplazo, el objetivo es “ahorrar” alrededor de $6400 millones, reducirán las autoridades superiores un 45% y los niveles inferiores un 35%. Además, despedirán a alrededor de 3100 empleados.

A través del decreto 953/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció:“Con el objeto de eficientizar los aspectos vinculados con la aplicación y fiscalización del régimen impositivo, aduanero y de la seguridad social, deviene necesario disolver la AFIP y crear la ARCA como ente autárquico actuante en el ámbito del Ministerio de Economía, que, con una estructura simplificada, contribuirá a optimizar su operatividad, garantizando una mayor especialización y eficiencia en la ejecución de sus funciones”.

Según consideró el Poder Ejecutivo, a lo largo de los últimos años, la AFIP se ha “sobredimensionado tanto en su estructura organizacional como en la multiplicación de sectores que no desempeñan, estrictamente, funciones esenciales”. Para el Gobierno, además, el organismo tenía “limitaciones para responder de manera ágil y eficaz a las demandas del sistema tributario, aduanero y de la seguridad social, afectando la administración de los recursos públicos y el control de las actividades”.

El bloque radical en Diputados finalmente se quebró y los legisladores cercanos a Facundo Manes y Martín Lousteau se fueron del bloque liderado por Rodrigo de Loredo para crear su propia bancada. Son 12 radicales que se distanciaron por sus diferencias con la presidencia del bloque y la presencia de 5 radicales aliados del oficialismo. Cómo queda la distribución de la Cámara baja tras los cambios.

La decisión la tomaron tras varios intentos de generar una mesa de diálogo interna para discutir la continuidad del espacio. Esto, señalan, fue imposible y se coronó cuando el jefe del bloque no asistió a la mesa para ir a una reunión en Casa Rosada con parte de la oposición dialoguista y representantes de la Jefatura de Gabinete. Ahora, los radicales se verán divididos en dos bloques con posturas generalmente opuestas respecto a su relación con el Gobierno.

Con una mirada de oposición dura, el nuevo bloque estará conformado por 12 diputados cercanos a Manes y Lousteau. El bloque se llamará “Democracia para siempre” y lo presidirá uno de los más cercanos al neurólogo, Pablo Juliano. El resto de los integrantes son: el correntino Manuel Aguirre, la entrerriana Marcela Antola, el formoseño Fernando Carbajal, las porteñas Carla Carrizo y Mariela Coletta, la pampeana Marcela Coli, la santafesina Melina Giorgi, el chaqueño Juan Carlos Polini, el jujeño Jorge Rizzotti y la bonaerense Danya Tavela.

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), señaló en un informe que la prórroga del presupuesto 2023 permitió el uso discrecional de recursos, una práctica que viene en aumento en Argentina.

El gobierno ha asignado fondos millonarios a proyectos con una discrecionalidad y falta de transparencia que suscitan serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos. Esta postura resulta especialmente incoherente, ya que la misma administración impone a las universidades públicas estrictas demandas de rendición de cuentas y total transparencia en su uso de recursos.

Mientras las instituciones educativas deben justificar cada gasto y rendir cuentas de manera exhaustiva, el gobierno parece aplicar un estándar mucho más flexible a sus propios fondos, donde la claridad sobre el destino final de los recursos es limitada e incluso ausente en muchos casos. Esta doble vara en la exigencia de transparencia genera dudas sobre la coherencia de las políticas gubernamentales y alimenta un clima de desconfianza entre los sectores impactados por estas prácticas desiguales.

Esta postura genera inquietud en instituciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que subraya en un informe el preocupante aumento en el uso discrecional de los recursos cuando se prorroga el presupuesto. Este mecanismo ha permitido al Ejecutivo incrementar la brecha entre el presupuesto aprobado para 2023 y el ejecutado en 2024, que alcanza un histórico 134%.

La Ley de Administración Financiera (LAF) permite que el Gobierno continúe operando con el presupuesto del año anterior si no se aprueba uno nuevo, permitiéndole al Ejecutivo ajustar recursos de manera unilateral. Esto implica que, tomando en cuenta los $40 billones aprobados para 2023 y los $95 billones vigentes en 2024, el Gobierno pudo reasignar más de $55 billones sin aprobación del Congreso.

Según Sofía Pasquini, abogada de ACIJ, “esta situación supone un deterioro institucional, ya que el Congreso, como representante del pueblo, es quien debe decidir sobre el uso de los fondos públicos”. Convertir esta excepción en regla otorga “un amplio marco de discrecionalidad”, que sienta un precedente peligroso para futuros gobiernos.

El proyecto de presupuesto para 2025 que el Ejecutivo envió al Congreso también incorpora una “regla fiscal” inspirada en la norma de “déficit cero” de 2001, declarada inconstitucional en 2002 por otorgar excesiva discrecionalidad al Ejecutivo. Este mecanismo permite que cualquier desvío en los ingresos se compense con recortes en los gastos discrecionales, aunque el propio proyecto redefine algunas partidas, como las vinculadas a ciencias y escuelas técnicas, cambiándolas de automáticas a discrecionales.

El director del CEPA, Hernán Letcher, explica que el presidente Milei enfrenta un dilema entre no obtener la aprobación del presupuesto y ganar libertad de maniobra en el uso de los recursos, o bien conseguir la aprobación, enviando una señal de estabilidad a los mercados. En ambos escenarios, el Ejecutivo retendría una amplia capacidad de gestión arbitraria sobre los recursos estatales en 2025.