El Grupo de Puebla expresó su profunda preocupación y rechazo a lo que consideró como una persecución judicial política y mediática contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
El Grupo de Puebla, integrado por destacados líderes progresistas de América Latina y Europa, expresó este 13 de noviembre su firme rechazo y profunda preocupación por lo que considera una clara persecución judicial, política y mediática contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
En un enérgico pronunciamiento, la organización denunció que el proceso penal contra Fernández de Kirchner se suma a una estrategia sistemática de lawfare dirigida contra el progresismo argentino, evidenciada también en las acciones judiciales contra el expresidente Alberto Fernández por la llamada “causa de los seguros”.
El reciente fallo del máximo tribunal penal de Argentina, que ratifica una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria por presuntas irregularidades en la concesión de obras viales en Santa Cruz, fue calificado por el Grupo de Puebla como parte de una campaña jurídica orquestada para fines políticos.
Una Justicia Instrumentalizada
El pronunciamiento señala directamente la conducta “prevaricadora” del juez Julián Ercolini, vinculado al expresidente Mauricio Macri, como parte de un montaje judicial que buscaba preparar el terreno para una condena “cuyo contenido ya era conocido por todos”. Según la organización, este caso representa un nuevo capítulo en un proceso de “guerra jurídica” que incluye irregularidades procesales, parcialidad de fiscales y jueces, filtraciones mediáticas y ataques reputacionales hacia Fernández de Kirchner y su familia.
“Se trata de un desierto de garantías legales y constitucionales que alcanzó su punto más crítico con el atentado contra la vida de la expresidenta el 1° de septiembre de 2022 en Buenos Aires”, advirtió el grupo, en un documento firmado por figuras como Ernesto Samper, expresidente de Colombia; Rafael Correa, exmandatario ecuatoriano; Andrés Arauz, exministro de Ecuador; y Baltasar Garzón, reconocido jurista español.
Detrás del Lawfare: Neofascismo y Poderes Económicos
El Grupo de Puebla también denunció la influencia de “sectores y actores neofascistas” que forman parte de lo que describió como “la mafiosa y nueva derecha radical latinoamericana”. Según el documento, estos grupos actúan en complicidad con políticos extremistas europeos y buscan instrumentalizar la justicia para servir a sus intereses económicos y mediáticos.
“Este intento de politizar la justicia latinoamericana no prosperará”, afirmaron los firmantes, quienes destacaron la necesidad de defender los principios democráticos y evitar la subordinación del poder judicial a intereses corporativos y partidistas.
Un llamado a la comunidad internacional
La organización concluyó su pronunciamiento con un llamado a la comunidad internacional para denunciar y resistir el uso del lawfare como herramienta de persecución política. En un contexto donde los derechos democráticos están en juego, el Grupo de Puebla reafirmó su compromiso con la defensa de líderes progresistas como Cristina Fernández de Kirchner, víctimas de una estrategia que amenaza la justicia y la democracia en América Latina.