Una asociación civil denunció penalmente al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al presidente de YPF, Horacio Marín, por supuestas maniobras fraudulentas con los activos de la compañía.
El titular de YPF, Horacio Marín, y Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, enfrentan una denuncia penal por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación señala maniobras destinadas a desvalorizar activos de la empresa estatal para su posterior venta a precios significativamente inferiores al valor de mercado, en perjuicio del patrimonio público.
La denuncia fue presentada por Alejandro Díaz Pascual ante la fiscalía Federal 10, a cargo de Paloma Ochoa, y es investigada por el juez Sebastián Casanello. Díaz Pascual acusa a Marín de promover una desvalorización de activos de YPF por un total de 1.800 millones de dólares, afectando 55 áreas de explotación de petróleo y gas convencional en provincias como Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según la presentación, esta desvalorización sería el primer paso para favorecer la venta de los activos a compradores específicos vinculados con intereses privados.
Vínculos con Santiago Caputo
La denuncia también apunta a Santiago Caputo, asesor clave de Javier Milei, acusándolo de promover la designación de su socio, Guillermo Garat, como vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF. Según el denunciante, esta estrategia buscaba influir en las decisiones corporativas de la empresa, especialmente en relación con la cesión de pozos convencionales tras su desvalorización.
Además, la denuncia insta a investigar las empresas supuestamente interesadas en adquirir estos activos, subrayando posibles conexiones con grupos vinculados a Caputo.
Sobreprecios y falta de transparencia
La presentación también señala irregularidades en la gestión de recursos públicos, incluyendo la adquisición por parte de Enarsa de 44 millones de metros cúbicos de gas licuado a un precio tres veces mayor que el de mercado, y la falta de licitación pública en el proceso.
La justificación de YPF para la desvalorización de sus activos, que argumenta haber corregido sobrevaloraciones de gestiones anteriores, es calificada como inconsistente por el denunciante. Díaz Pascual subraya que los estados contables de YPF son auditados bajo estrictos estándares internacionales y revisados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, lo que cuestiona la validez de estas afirmaciones.
Un golpe al patrimonio público
“Las maniobras de desvalorización buscan beneficiar a compradores que, una vez adquiridos los activos, los revalorizarían a su precio real de mercado”, acusa la denuncia, resaltando el impacto negativo sobre el valor patrimonial de YPF, una empresa mayoritariamente estatal.
El caso pone bajo escrutinio tanto la gestión de Marín como los vínculos del entorno de Javier Milei, destacando el riesgo de que medidas económicas y privatizaciones afecten gravemente los intereses del Estado en favor de grupos económicos cercanos al poder.