Se trata de una referente de La Cámpora de Entre Ríos, aliada de Crisitina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner.

Este jueves en una sesión marcada por tensiones políticas, Edgardo Kueider fue removido de su banca en el Senado bajo el cargo de “inhabilidad moral”. La medida responde a su detención en Paraguay, donde intentó ingresar al país con más de 200 mil dólares sin declarar el pasado 4 de diciembre.

Inicialmente, la destitución fue aprobada con 61 votos a favor, 5 en contra y una abstención. Sin embargo, poco después, el senador correntino Camau Espínola, compañero de bloque de Kueider, solicitó rectificar su postura, cambiando su voto a negativo. Esto ajustó el resultado final a 60 votos afirmativos, 6 negativos y una abstención.

¿Quien es Stefanía Cora? La Senadora de La Cámpora que reemplazará a Kueider

Stefanía Cora, una dirigente de 33 años de Entre Ríos vinculada a La Cámpora, se convertirá en senadora nacional por Entre Ríos tras la expulsión de Edgardo Kueider. Es reconocida por su lealtad a Cristina y Máximo Kirchner, y por ser una de las principales referentes de La Cámpora en su provincia, junto al diputado Tomás Ledesma.

Nacida políticamente en el peronismo entrerriano, comenzó su carrera en el Centro de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, donde trabajó como coordinadora local entre 2014 y 2015. Ese año, fue elegida concejal en Paraná, desde donde enfrentó al entonces intendente radical Sergio Varisco, involucrado en un caso de narcotráfico. En 2019, fue electa diputada provincial y reelecta en 2023.

En el ámbito legislativo, se destacó por impulsar debates sobre feminismos y diversidad, contribuyendo a la Ley de Paridad Integral en Entre Ríos. Su habilidad para dialogar y negociar dentro del peronismo es reconocida, aunque su fidelidad al kirchnerismo parece ser su principal fortaleza en este momento.

Cora, apodada “la Pepo”, estudia la Licenciatura y Profesorado en Historia en la Universidad Nacional del Litoral y recientemente presentó un proyecto sobre masculinidades alternativas. Su ingreso al Senado refuerza la influencia de La Cámpora en el Congreso y promete ser una voz leal al liderazgo de Cristina Kirchner.

El kirchnerismo logró remover al legislador detenido en Paraguay por el contrabando de los USD 200 mil, mientras que sectores del oficialismo pedían la suspensión.

El Senado votó este jueves por amplia mayoría la expulsión del legislador Edgardo Kueider, detenido bajo arresto domiciliario en Paraguay tras ser interceptado con 200.000 dólares no declarados en un control fronterizo. La decisión se tomó en una sesión cargada de tensiones políticas, en la que también se discutieron alternativas como su suspensión o licencia.

El debate comenzó a las 11 de la mañana y se prolongó tras un cuarto intermedio solicitado por el oficialismo, que buscó dilatar la votación. Finalmente, el interbloque peronista liderado por José Mayans impulsó con éxito la moción de expulsión, superando la mayoría de dos tercios requerida.

Por su parte, La Libertad Avanza y otros sectores como el PRO y la UCR, que inicialmente habían propuesto la suspensión, no lograron el respaldo suficiente para imponer esa alternativa.

Durante el debate, se plantearon múltiples cuestionamientos a Kueider, quien ya había solicitado una licencia sin plazos como intento de evitar la expulsión

Anabel Fernández Sagasti, senadora de Unidad Ciudadana, sugirió que el dinero encontrado podría ser un soborno vinculado a la sanción de la Ley Bases en junio. “La gravedad institucional de este caso no puede ser pasada por alto. Es fundamental que el Senado tome una decisión ejemplar”, afirmó.

Guadalupe Tagliaferri, del PRO, adelantó su voto a favor de la expulsión: “No podemos permitir que un caso de esta magnitud quede sin sanción. Es un mensaje para la ciudadanía y para quienes representamos”.

Por otro lado, Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado y referente de La Libertad Avanza, defendió la suspensión como medida transitoria, argumentando que aún restan definiciones judiciales.

El Senado definió el futuro de Edgardo Kueider

Edgardo Kueider habló desde Paraguay: “Es inaudito que quieran echarme”

“Es inaudito que el Senado quiera echarme sin escuchar mi versión de los hechos. Están vulnerando principios constitucionales como el derecho a la legítima defensa”, expresó Kueider en diálogo con La Nación.

El legislador aseguró que no fue sorprendido en flagrancia y negó que el dinero haya sido encontrado en su mochila: “Cuando terminó el operativo, el personal de Aduana puso todo lo que había en el auto dentro de la mochila. Yo declaré lo que tenía encima en ese momento, declaré ese dinero”.

Además, cuestionó la legitimidad del procedimiento que llevó a su detención: “No pueden tomar una medida sancionatoria, y menos una expulsión, por una presunción. Me parece una locura institucional”, enfatizó.

Una asociación civil denunció penalmente al asesor presidencial, Santiago Caputo, y al presidente de YPF, Horacio Marín, por supuestas maniobras fraudulentas con los activos de la compañía.

El titular de YPF, Horacio Marín, y Santiago Caputo, asesor de Javier Milei, enfrentan una denuncia penal por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación señala maniobras destinadas a desvalorizar activos de la empresa estatal para su posterior venta a precios significativamente inferiores al valor de mercado, en perjuicio del patrimonio público.

La denuncia fue presentada por Alejandro Díaz Pascual ante la fiscalía Federal 10, a cargo de Paloma Ochoa, y es investigada por el juez Sebastián Casanello. Díaz Pascual acusa a Marín de promover una desvalorización de activos de YPF por un total de 1.800 millones de dólares, afectando 55 áreas de explotación de petróleo y gas convencional en provincias como Mendoza, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según la presentación, esta desvalorización sería el primer paso para favorecer la venta de los activos a compradores específicos vinculados con intereses privados.

Vínculos con Santiago Caputo

La denuncia también apunta a Santiago Caputo, asesor clave de Javier Milei, acusándolo de promover la designación de su socio, Guillermo Garat, como vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF. Según el denunciante, esta estrategia buscaba influir en las decisiones corporativas de la empresa, especialmente en relación con la cesión de pozos convencionales tras su desvalorización.

Además, la denuncia insta a investigar las empresas supuestamente interesadas en adquirir estos activos, subrayando posibles conexiones con grupos vinculados a Caputo.

Sobreprecios y falta de transparencia

La presentación también señala irregularidades en la gestión de recursos públicos, incluyendo la adquisición por parte de Enarsa de 44 millones de metros cúbicos de gas licuado a un precio tres veces mayor que el de mercado, y la falta de licitación pública en el proceso.

La justificación de YPF para la desvalorización de sus activos, que argumenta haber corregido sobrevaloraciones de gestiones anteriores, es calificada como inconsistente por el denunciante. Díaz Pascual subraya que los estados contables de YPF son auditados bajo estrictos estándares internacionales y revisados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, lo que cuestiona la validez de estas afirmaciones.

Un golpe al patrimonio público

“Las maniobras de desvalorización buscan beneficiar a compradores que, una vez adquiridos los activos, los revalorizarían a su precio real de mercado”, acusa la denuncia, resaltando el impacto negativo sobre el valor patrimonial de YPF, una empresa mayoritariamente estatal.

El caso pone bajo escrutinio tanto la gestión de Marín como los vínculos del entorno de Javier Milei, destacando el riesgo de que medidas económicas y privatizaciones afecten gravemente los intereses del Estado en favor de grupos económicos cercanos al poder.

Un reciente estudio realizado por CB Consultora Opinión Pública posicionó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, como el gobernador con mayor rechazo en todo el país.

Según los datos recopilados en diciembre, su gestión cuenta con una imagen negativa del 52,9%, consolidándose como el dirigente con peor valoración entre los 24 mandatarios provinciales.

El salto de jurisdicción de Jorge Macri, tras su victoria en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, no ha sido bien recibido por los vecinos y vecinas porteñas. Su gestión ha estado marcada por conflictos y deudas que, según el sondeo, se reflejan en un descontento generalizado.

La encuesta, que relevó entre 632 y 895 casos por distrito del 1 al 4 de diciembre, presentó un margen de error del 3% al 4%. Los resultados destacan que, además de liderar en rechazo, Jorge Macri fue el gobernador que más cayó en aprobación con una disminución de 2 puntos porcentuales respecto a noviembre, quedando con un 44,3% de imagen positiva.

Estos datos ponen en evidencia el difícil inicio de Jorge Macri como jefe de Gobierno porteño y su creciente desconexión con el electorado. Su gestión enfrenta un desafío no solo de gobernabilidad, sino también de recuperación de confianza en un contexto de marcada desaprobación social.

El dato surge de un relevamiento nacional. Advierten que en la ciudad se perdieron empleos que no requieren de una alta capacitación. “Hay una merma importante del trabajo en blanco”.

La ciudad de Santa Fe enfrenta un incremento alarmante en los índices de pobreza e indigencia, producto del impacto del rumbo económico y las políticas aplicadas por el Gobierno. Según los datos del Registro Nacional de Personas en Situación de Calle (RenaCalle), en octubre de 2024 se contabilizaron 648 personas en situación de calle, lo que representa un incremento del 28,3% respecto a las 505 registradas en 2023.

Esta cifra refleja una realidad crítica: la pérdida de empleos y la informalidad laboral están llevando a más personas, especialmente adultos jóvenes en edad productiva, a condiciones de extrema vulnerabilidad. Del total registrado, el 85% son hombres en edad de trabajar, mientras que 27 menores de edad también se encuentran en esta situación.

Perfil de la crisis

El relevamiento señala que el 54,1% de las personas en situación de calle tienen entre 19 y 35 años, mientras que el 42% tienen entre 36 y 45 años. Además, se detectaron 64 mujeres en esta condición, incluyendo dos embarazadas. Aunque el 63% de los menores acceden a la educación y el 81,5% cuenta con DNI, las posibilidades de salir de esta situación dependen de la implementación de políticas públicas centradas en el acceso a vivienda, oportunidades laborales y contención interdisciplinaria.

Impacto del desempleo y la informalidad

El secretario de Políticas Sociales del municipio, Hugo Marchetti, advirtió sobre el aumento de la informalidad laboral, señalando la pérdida de empleos no calificados. “Quienes logran subsistir se convierten en feriantes, vendedores ambulantes o realizan trabajos temporales como cortar el pasto”, explicó.

La variabilidad de personas en situación de calle, influenciada por factores estacionales, también refleja un aumento en adultos jóvenes con consumo problemático. A pesar de la gravedad, los recursos destinados a políticas sociales son insuficientes: el presupuesto proyectado para 2025 en esta área es de $13.482 millones, muy por debajo de las cifras asignadas a Gestión Urbana y Ambiente o Seguridad Ciudadana.

Panorama alarmante

El panorama actual contrasta drásticamente con las proyecciones oficiales, que prometen estabilidad económica y mejoras sociales. En cambio, los datos reflejan un agravamiento de la exclusión social en Santa Fe, donde la falta de políticas específicas y recursos suficientes deja a un número creciente de personas en condiciones de indigencia extrema.

La situación en Santa Fe no es aislada, pero su aumento en el último año es un llamado urgente para reorientar las medidas económicas hacia la protección de los sectores más vulnerables. El impacto de estas políticas no solo afecta a quienes están en la calle, sino a toda la estructura social de la ciudad.

La línea de pobreza para una familia promedio fue estimada por el Indec en $ 1.001.466 para noviembre. La mitad de la población no reúne ingresos suficientes para superar ese piso.

En noviembre, la línea de pobreza para una familia tipo alcanzó los $1.001.466, según datos del INDEC. Sin embargo, una alarmante realidad se impone: cada vez son más las familias argentinas que no logran reunir el ingreso mínimo necesario para cubrir ni siquiera la canasta básica alimentaria (CBA), mucho menos la canasta básica total (CBT). Esta dura situación contrasta de manera drástica con el reciente mensaje presidencial, que apuntó a una supuesta mejora en las condiciones económicas quien además se jactó de un aumento del salario en dólares sin hacer mención a los crecientes costos dolarizados que debe afrontar la sociedad y que no parecen estar contemplados en las mediciones del INDEC.

La CBT, que incluye los bienes y servicios esenciales para una pareja con dos hijos pequeños, aumentó un 1,5% respecto a octubre, acumulando un alza del 102% en lo que va de 2024 y un 156,5% interanual. Por su parte, la CBA, que mide exclusivamente los alimentos necesarios para una correcta nutrición, se ubicó en $439.240, registrando incrementos del 1,1% mensual, 82,5% en el año y 137,4% en comparación con noviembre de 2023.

El impacto de estas cifras es contundente: millones de familias no solo no logran cubrir los costos básicos, sino que ven cómo su poder adquisitivo se erosiona mes a mes. Según el último informe del Indec, en el primer semestre de este año, el 52,9% de la población vivía en la pobreza y el 18,1% en la indigencia. A pesar de la desaceleración de la inflación, el panorama no mejora significativamente para los sectores más vulnerables, que siguen sin poder acceder siquiera a los alimentos esenciales.

La diferencia entre la evolución de la CBA y la CBT revela un fenómeno de “inflación diferencial”. Mientras los alimentos aumentan a un ritmo menor, otros rubros como tarifas y precios regulados impulsan el alza general, dificultando aún más la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas.

El contraste con el mensaje presidencial no puede ser más evidente. Mientras se celebra una desaceleración de la inflación como un logro gubernamental, los datos reflejan que la realidad cotidiana para las familias argentinas es cada vez más compleja, con ingresos que no alcanzan ni para lo mínimo indispensable.

En este contexto, la frase “pobreza millonaria” adquiere un nuevo significado, reflejando un escenario en el que incluso con ingresos que superan el millón de pesos al mes, muchas familias siguen atrapadas en la pobreza estructural.

A la vez que el gobierno deja sin medicamentos a enfermos terminales y jubilados, ahora el ministerio de Defensa firmó la primera Carta de Oferta y Aceptación para la adquisición de equipos y capacidades destinados al programa F-16.

El ministro de Defensa, Luis Petri, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley, firmaron la primera Carta de Oferta y Aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) para la adquisición de equipos y capacidades destinados al programa F-16. Según el Ministerio de Defensa, este acuerdo permitirá incorporar tecnología de última generación para la Fuerza Aérea, fortaleciendo áreas como la transmisión de datos, comunicaciones y guerra electrónica.

Sin embargo, la firma de este acuerdo contrasta profundamente con la narrativa oficial del Gobierno, que en reiteradas oportunidades ha afirmado que “no hay plata” para cubrir necesidades urgentes. Mientras que los jubilados y pacientes con enfermedades terminales enfrentan recortes en el acceso a medicamentos, el Estado destina recursos significativos a la compra de armamento en un país que no enfrenta conflictos bélicos.

Prioridades que alarman

La incorporación del F-16 convierte a la Argentina en el 29º país en operar este caza multirol de cuarta generación, reconocido por su sofisticación tecnológica y capacidad ofensiva. Este “salto generacional” en la Fuerza Aérea fue enmarcado por el ministro Petri como parte del “compromiso del presidente Javier Milei con la modernización de las Fuerzas Armadas”.

Sin embargo, este anuncio llega en un contexto de ajuste brutal para los sectores más vulnerables. Mientras el Gobierno celebra la modernización militar, los jubilados deben lidiar con la reducción de beneficios esenciales, y muchos enfermos terminales enfrentan la imposibilidad de acceder a tratamientos fundamentales.

¿Gasto estratégico o despilfarro?

El contraste resulta evidente: el Ejecutivo gasta en sistemas de armas diseñados para escenarios bélicos que la Argentina no enfrenta, mientras se niega a garantizar derechos básicos. En palabras del Ministerio de Defensa, el acuerdo permitirá “formar y sostener el sistema de armas, incorporando equipos y armamento de última generación”. Pero, ¿a qué costo?

La narrativa oficial justifica este gasto en nombre de la soberanía nacional y la seguridad del territorio, pero los críticos señalan que priorizar armamento en lugar de atender las necesidades urgentes de la población refleja una desconexión con la realidad social del país.

La contradicción del discurso oficial

Mientras el Gobierno insiste en la falta de recursos para atender las demandas básicas de los ciudadanos, avanza en acuerdos millonarios para fortalecer un aparato militar innecesario en el actual escenario nacional. Esta contradicción genera indignación y cuestiona las prioridades de una gestión que celebra adquisiciones internacionales mientras deja a los sectores más vulnerables a la deriva.

El verdadero desafío de la Argentina no está en los cielos, sino en la tierra: en garantizar medicamentos, alimentos y servicios básicos para quienes más los necesitan. Por más que el Gobierno intente justificarlo, es difícil explicar cómo un país con una clara postura pacífica histórica justifica semejante gasto en armamento, mientras ajusta a sus propios ciudadanos.

El presidente reconoció que su gobierno elevó la pobreza al 57% y dijo que junto a sus funcionarios “se mataba de risa porque le parecía muy gracioso”.

Javier Milei participó de una entrevista con El Gordo Dan en su programa de streaming, que dejó varios momentos tan bizarros como polémicos. 

Uno de los pasajes sin duda más controversiales fue cuando se refirió a la pobreza en el país, la cual reconoció que aumentó desde su llegada al poder. 

“Sinceramos la economía y la pobreza saltó al 57%”, reconoció Milei, quien en campaña se había vendido como un experto “en crecimiento con o sin dinero”.

Pero, luego, el mandatario parece jactarse o tomarse a la ligera la situación. Milei afirma que discutió este tema con otra persona y que “se mataba de risa porque le parecía muy gracioso”.

Cambia todo cambia en la política argentina. El PRO, de Mauricio Macri, pidió la semana pasada la “ficha limpia”, un proyecto que prohíbe a personas condenadas a ser candidatos.

Una semana después, el mismo PRO salió con todo a defender a su jefe de bloque, Cristian Ritondo, a quien le descubrieron propiedades sin declarar en Estados Unidos. ¿El PRO no quería que gente idónea llegue al Congreso? No parece ser el caso de Ritondo…

Según una investigación periodística, la mujer de Ritondo tiene propiedades sin declarar por casi 3 millones de dólares (3 mil millones de pesos). ¿Cómo acumuló ese capital la familia Ritondo?

En el PRO pasaron de pedir idoneidad en la política a no decir nada sobre el escándalo. Ni Mauricio Macri, ni María Eugenia Vidal ni Ritondo dijeron nada. De eso no se habla.

Por cuarto mes consecutivo la inflación continuó su camino en la desaceleración. Así, el IPC de noviembre se ubicó en el 2,4%, incluso por debajo del dato de octubre que fue del 2,7%. En tanto que la inflación acumulana subió al 112%, mientras que la interanual cayó al 166%, según informó este miércoles 11 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Siete divisiones se ubicaron por encima de la medición general, entre los que se encuentran: educación (+5,1%), vivienda, agua y electricidad (+4,5%), bebidas alcoholicas y tabaco (+4%), restaurantes y hoteles (+3,6%), transporte (+3,4%), y recreación y cultura (+3%) y salud (+2,9%).

Pero otra vez, el índice nacional volvió a tomar distancia de la medición de CABA, que se ubicó en 3,2%, un 30% arriba. ¿Ahora nadie se indigna? ¿A nadie le llama la atención? En la primera parte del año, ambos indicadores corrían paralelo pero ahora empezaron a tomar distancia.

Mientras, se sabe que el INDEC está subvalorando los tarifazos en servicios públicos, por lo cual, la inflación tiene 15 puntos menos de lo que tendría si se consideraran de un modo más real. Por eso, millones de argentinos ven que la plata no les alcanza mientras el INDEC les dice que cada vez hay menos inflación.