La decisión del máximo tribunal traslada el expediente de la causa del Correo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito cercano al macrismo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró el año con un polémico fallo que beneficia directamente a Mauricio Macri y a su familia en la extensa causa del Correo Argentino, que lleva más de dos décadas acumulando escándalos e irregularidades. La decisión del máximo tribunal traslada el expediente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito conocido por su cercanía con el macrismo, lo que podría permitir al expresidente evitar el pago de una deuda millonaria al Estado argentino.
El caso, que data de 2001, implica a SOCMA Americana S.A., una de las principales empresas del Grupo Macri, controlante del Correo Argentino, cuya quiebra fue declarada en 2021. La maniobra de la Corte no solo habilita al TSJ porteño a revisar el fallo de quiebra dictado en el fuero comercial nacional, sino también otros recursos de naturaleza civil, laboral y penal, consolidando así un escenario jurídico ampliamente favorable para los intereses de los Macri.
Un sistema judicial bajo influencia
El TSJ de la Ciudad, integrado por jueces con vínculos cercanos al macrismo, como Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Vivian de Langhe, se perfila como un terreno cómodo para el expresidente. Estos jueces han ocupado cargos clave durante la gestión de Macri, tanto a nivel local como nacional, y ahora tendrán la potestad de revisar las decisiones tomadas en el ámbito de la justicia nacional.
La causa Correo cobró notoriedad en 2017, cuando la fiscal Gabriela Boquin denunció un intento de acuerdo entre el Grupo Macri y el Estado que buscaba condonar el 98,87 % de la deuda acumulada, lo que ella calificó como un fraude al Estado. Desde entonces, la familia Macri ha desplegado una estrategia judicial y política para eludir responsabilidades económicas y legales, presentando múltiples recursos ante diferentes instancias.
Un precedente alarmante
El fallo de la Corte Suprema no solo beneficia al Grupo Macri, sino que sienta un peligroso precedente. Respaldándose en un caso menor –la disputa entre la familia de León Ferrari y Gabriel Levinas–, la Corte validó la competencia del TSJ porteño para intervenir en recursos extraordinarios de la justicia nacional. Este cambio de jurisprudencia, justificado como un intento de corregir una supuesta “desigualdad” entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, consolida de facto un control político y judicial sobre causas clave, como la del Correo.
La disidencia y las críticas
Aunque el fallo contó con el respaldo de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, el juez Carlos Rosenkrantz sorprendió con una disidencia. A pesar de su conocida cercanía con el macrismo, Rosenkrantz advirtió que el TSJ porteño no tiene facultades para intervenir en casos de la justicia nacional, ya que ello implicaría una alteración significativa del sistema federal argentino.
Por su parte, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación denunció que la decisión de la Corte tiene como objetivo principal garantizar la impunidad de Mauricio Macri en detrimento del interés público. Según el titular del gremio, Julio Piumato, la resolución busca proteger al macrismo y consolidar su influencia sobre sectores estratégicos de la justicia.
Un fallo con consecuencias económicas y políticas
Con esta jugada, el Grupo Macri no solo aspira a evitar el pago de una deuda millonaria, sino también a bloquear las investigaciones sobre presuntas maniobras fraudulentas en el concurso de acreedores, como vaciamiento de activos y manipulación de mayorías. Además, buscan posicionarse para obtener una compensación económica por la expropiación de la empresa, consolidando un esquema que combina poder político, económico y judicial.
El fallo de la Corte Suprema evidencia, una vez más, cómo los resortes del poder en Argentina pueden ser manipulados para beneficiar a las élites económicas y políticas, en un caso que podría sentar un peligroso precedente para la independencia judicial y la justicia social en el país.