A partir del viernes 3 de enero, YPF aplicará un incremento promedio del 1,75% se verá reflejado en los surtidores de todo el país. También aumentarán las tarifas de luz y gas.

El 2025 iniciará con nuevos incrementos en combustibles, electricidad y gas, impactando de forma directa en los bolsillos de los argentinos. YPF confirmó un ajuste en el precio de sus combustibles, mientras que el Gobierno autorizó subas en las tarifas de luz y gas, en un esfuerzo por avanzar con la regularización de los cuadros tarifarios.

Combustibles: YPF anuncia un aumento

A partir del viernes 3 de enero, YPF aplicará un aumento promedio del 1,75 % en los precios de sus combustibles en todo el país. Aunque se trata del menor ajuste en 12 meses, la suba refleja la continuidad de un año marcado por incrementos sostenidos.

Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2024, el precio de la nafta Súper aumentó un 256 %, pasando de $311 a $1.108 por litro en la ciudad de Buenos Aires. Las ventas de combustibles, sin embargo, mostraron caídas significativas: según un informe de Politikón Chaco, las ventas interanuales de naftas y gasoil descendieron un 10,5 % en diciembre, con una baja más pronunciada en el segmento premium.

Luz y gas: subas autorizadas por el Gobierno

El Gobierno también oficializó ajustes en las tarifas de luz y gas para enero, con aumentos promedio del 1,6 % y 1,85 %, respectivamente. Aunque estas subas están por debajo de la inflación proyectada, modificarán los cuadros tarifarios de empresas como Edenor, Edesur, Transener y otras distribuidoras.

Los usuarios seguirán enfrentando límites en los consumos subsidiados:

• Los usuarios de nivel 3 (ingresos medios) pagarán tarifa plena por consumos de electricidad que superen los 250 Kwh/mes.
• Los usuarios de nivel 2 (ingresos bajos) tendrán un tope de 350 Kwh/mes.

Actualmente, 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica y 5,3 millones de usuarios de gas todavía reciben subsidios, representando una gran porción del total de consumidores.

Impacto en el bolsillo

Estos aumentos, aunque moderados en comparación con los registrados durante el último año, llegan en un contexto de inflación persistente y caída del poder adquisitivo, afectando tanto a los hogares como a la actividad económica en general. La regularización tarifaria sigue siendo una política prioritaria, pero su implementación pone de manifiesto las tensiones entre el objetivo de reducir subsidios y el impacto social que generan las subas en servicios esenciales.

El nuevo año comienza, una vez más, con desafíos económicos para los argentinos, que deberán ajustar sus presupuestos a un escenario de costos crecientes.

“Milei tiene como propósito y objetivo, principalmente ahora en año electoral, supongo que más agudo, fundir a las provincias, pero creo que con particular saña a la provincia de Buenos Aires”. destaco el gobernador.

El gobernador Axel Kicillof respondió con dureza al rechazo del Presupuesto 2025 en la Legislatura bonaerense y acusó al presidente Javier Milei de intentar “fundir a las provincias”, señalando que la provincia de Buenos Aires es objeto de una “particular saña”. En declaraciones a Radio 10, Kicillof subrayó que la oposición bloqueó el tratamiento del presupuesto con una estrategia destinada a desfinanciar al distrito más grande del país.

“Milei tiene como propósito y objetivo fundir a las provincias, pero creo que con particular saña a la provincia de Buenos Aires”, afirmó el mandatario, y advirtió: “No voy a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires porque la lógica de Milei es atacar a las jurisdicciones y luego exigirles sumisión. No voy a entrar en ningún proceso de extorsión”.

No vamos a permitir que quiebren a la provincia de Buenos Aires ni que la sometan a ninguna extorsión. Vamos a seguir defendiendo la salud, la educación, la seguridad y los derechos del pueblo bonaerense aunque Milei y la oposición quieran seguir atacando y perjudicándonos.… pic.twitter.com/jgnPBNVhBL

— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 28, 2024

Un presupuesto clave bloqueado por la oposición

El Presupuesto 2025 presentado por el Ejecutivo provincial incluía medidas prioritarias para garantizar salud, educación, seguridad y fomento al trabajo, alineadas con los compromisos de campaña. Sin embargo, Kicillof señaló que “una parte de la oposición no tenía ninguna intención de aprobarlo”.

El mandatario explicó que las leyes tributarias, fiscales y de endeudamiento propuestas buscaban garantizar previsibilidad en los gastos y recursos para los municipios. “Este presupuesto era un reflejo de nuestras prioridades: continuar con obras, fortalecer la producción y proteger los derechos de los bonaerenses”, enfatizó.

Kicillof también destacó que el presupuesto mantenía una estructura progresiva en materia impositiva, enfocada en cobrar más a quienes más tienen, algo que había generado polémica pero funcionado con éxito en el último año.

“Intentan asfixiar a la provincia por razones electorales”

El gobernador vinculó el rechazo del presupuesto con una estrategia política de Milei y sus aliados para desestabilizar su gestión de cara al año electoral. “Hay una dedicación especial para que la provincia de Buenos Aires enfrente dificultades económicas, lo que muestra una clara intencionalidad política”, dijo.

A pesar del revés legislativo, Kicillof reafirmó su compromiso de defender a los bonaerenses: “Nos vamos a poner al frente de la defensa de los derechos del pueblo, la educación, la salud y el bienestar, sin importar las maniobras de desestabilización que enfrenten”.

Camino hacia un posible acuerdo

Frente a esta situación, el titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, anunció la creación de una “mesa de trabajo” entre legisladores oficialistas y opositores para intentar destrabar el presupuesto en febrero próximo.

Kicillof cerró con un mensaje de resiliencia: “Seguiremos adelante con nuestras prioridades, ajustándonos a las circunstancias, pero sin renunciar a nuestro compromiso con la gente de la provincia de Buenos Aires”.

El rechazo del Presupuesto 2025 pone de relieve las tensiones políticas que atraviesan la provincia y el país, dejando en evidencia cómo los intereses partidarios pueden impactar en la gestión de políticas públicas clave.

La decisión del máximo tribunal traslada el expediente de la causa del Correo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito cercano al macrismo.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación cerró el año con un polémico fallo que beneficia directamente a Mauricio Macri y a su familia en la extensa causa del Correo Argentino, que lleva más de dos décadas acumulando escándalos e irregularidades. La decisión del máximo tribunal traslada el expediente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires, un ámbito conocido por su cercanía con el macrismo, lo que podría permitir al expresidente evitar el pago de una deuda millonaria al Estado argentino.

El caso, que data de 2001, implica a SOCMA Americana S.A., una de las principales empresas del Grupo Macri, controlante del Correo Argentino, cuya quiebra fue declarada en 2021. La maniobra de la Corte no solo habilita al TSJ porteño a revisar el fallo de quiebra dictado en el fuero comercial nacional, sino también otros recursos de naturaleza civil, laboral y penal, consolidando así un escenario jurídico ampliamente favorable para los intereses de los Macri.

Un sistema judicial bajo influencia

El TSJ de la Ciudad, integrado por jueces con vínculos cercanos al macrismo, como Inés Weinberg, Santiago Otamendi y Vivian de Langhe, se perfila como un terreno cómodo para el expresidente. Estos jueces han ocupado cargos clave durante la gestión de Macri, tanto a nivel local como nacional, y ahora tendrán la potestad de revisar las decisiones tomadas en el ámbito de la justicia nacional.

La causa Correo cobró notoriedad en 2017, cuando la fiscal Gabriela Boquin denunció un intento de acuerdo entre el Grupo Macri y el Estado que buscaba condonar el 98,87 % de la deuda acumulada, lo que ella calificó como un fraude al Estado. Desde entonces, la familia Macri ha desplegado una estrategia judicial y política para eludir responsabilidades económicas y legales, presentando múltiples recursos ante diferentes instancias.

Un precedente alarmante

El fallo de la Corte Suprema no solo beneficia al Grupo Macri, sino que sienta un peligroso precedente. Respaldándose en un caso menor –la disputa entre la familia de León Ferrari y Gabriel Levinas–, la Corte validó la competencia del TSJ porteño para intervenir en recursos extraordinarios de la justicia nacional. Este cambio de jurisprudencia, justificado como un intento de corregir una supuesta “desigualdad” entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias, consolida de facto un control político y judicial sobre causas clave, como la del Correo.

La disidencia y las críticas

Aunque el fallo contó con el respaldo de Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, el juez Carlos Rosenkrantz sorprendió con una disidencia. A pesar de su conocida cercanía con el macrismo, Rosenkrantz advirtió que el TSJ porteño no tiene facultades para intervenir en casos de la justicia nacional, ya que ello implicaría una alteración significativa del sistema federal argentino.

Por su parte, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación denunció que la decisión de la Corte tiene como objetivo principal garantizar la impunidad de Mauricio Macri en detrimento del interés público. Según el titular del gremio, Julio Piumato, la resolución busca proteger al macrismo y consolidar su influencia sobre sectores estratégicos de la justicia.

Un fallo con consecuencias económicas y políticas

Con esta jugada, el Grupo Macri no solo aspira a evitar el pago de una deuda millonaria, sino también a bloquear las investigaciones sobre presuntas maniobras fraudulentas en el concurso de acreedores, como vaciamiento de activos y manipulación de mayorías. Además, buscan posicionarse para obtener una compensación económica por la expropiación de la empresa, consolidando un esquema que combina poder político, económico y judicial.

El fallo de la Corte Suprema evidencia, una vez más, cómo los resortes del poder en Argentina pueden ser manipulados para beneficiar a las élites económicas y políticas, en un caso que podría sentar un peligroso precedente para la independencia judicial y la justicia social en el país.