Con la polémica medida que autoriza al TSJ porteño a revisar sentencias de la justicia nacional, el máximo tribunal generó un caos institucional dentro del poder judicial.
El reciente fallo “Levinas” de la Corte Suprema ha desatado una tormenta judicial sin precedentes al otorgar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires el rol de revisor de sentencias de la justicia nacional. Aunque la decisión se presenta como un intento de ordenar el sistema judicial, no son pocos los que ven en esta jugada un guiño directo hacia Mauricio Macri y la causa Correo Argentino, que podría beneficiarse de este nuevo filtro.
El fallo impactó de lleno en la corporación judicial, generando una mezcla de ira, incredulidad y temor entre los jueces nacionales. Estos se ven ahora degradados a lo que muchos llaman “jueces municipales”. Para algunos magistrados, esto es una suerte de “traspaso forzoso”, no impulsado desde la política, sino desde la propia cabeza del Poder Judicial. La Asociación de Magistrados, encabezada por Andrés Basso, convocó a reuniones de emergencia para buscar una estrategia de respuesta. Entre las opciones más extremas, incluso se baraja la posibilidad de declarar la inaplicabilidad del fallo en ciertos casos, una medida que no sería más que un alzamiento velado contra la Corte.
El fallo no solo ha causado malestar por su impacto en las jerarquías judiciales, sino también por las dudas legales que genera. En ausencia de un código que regule este nuevo esquema, el TSJ porteño deberá asumir un rol que, en la práctica, podría implosionar el sistema judicial. Además, surge una pregunta clave: ¿puede el TSJ absorber el volumen de causas que ahora pasarían por sus manos?
En el plano político, la decisión parece haber sido un error de cálculo. Si bien busca blindar a Macri en la causa del Correo, podría tener consecuencias contraproducentes para la Corte misma. El fallo no cuenta con un consenso firme dentro del tribunal, y con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte queda debilitada. Esto abre la puerta a futuros cambios que podrían revertir este polémico precedente.
La figura de Mauricio Macri y la intención de protegerlo quedaron aún más expuestas cuando la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó el fallo como inconstitucional, comparándolo con darle potestad de revisión a un tribunal de cualquier provincia sobre la justicia nacional. Incluso figuras que suelen ser vistas como cercanas a Macri, como el juez Carlos Rosenkrantz y el procurador interino Eduardo Casal, se opusieron al fallo, revelando la fragilidad de los argumentos que lo sostienen.
Para la Corte, el costo de este intento de beneficiar a Macri podría ser alto. Ha generado una fractura interna en el Poder Judicial, ha puesto en duda su legitimidad y, paradójicamente, podría terminar debilitando las propias causas que buscaba proteger. En el afán de privilegiar intereses particulares, el máximo tribunal se metió en un lío del que, por ahora, no parece tener salida.