Antes de irse a Estados Unidos, Milei privatizó al Banco Nación por decreto

Se trata de un paso clave hacia el desmantelamiento de áreas clave del Estado, debilitando una de los principales herramientas de la banca pública con consecuencias directas en el acceso al crédito para PyMEs y familias.

Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025 para transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, profundizando así su agenda de reformas y privatizaciones. Esta decisión, que se presenta como un “reordenamiento” de la entidad, representa en realidad un paso clave hacia su privatización, debilitando uno de los principales bastiones de la banca pública y restringiendo el acceso al crédito para PyMEs y familias. Ahora, con este decreto, Milei avanza en el vaciamiento del Estado, afectando a una de las instituciones financieras más importantes del país.

El Banco Nación, que en 2024 rompió récords en otorgamiento de créditos y fortaleció su participación en el sistema financiero, ahora queda sujeto a una transformación que, según sus propias autoridades, permitirá la apertura de su capital. Esto implica la posibilidad de venta de acciones y, eventualmente, su privatización total o parcial, a pesar de que el Congreso había excluido al BNA de la lista de empresas a privatizar dentro de la modificada Ley Bases.

A pesar de un fallo de la Justicia Federal que advirtió que cualquier intento de privatización debe pasar por el Congreso, el oficialismo insiste en avanzar por decreto. Con esta medida, el Estado mantendría el 99,9% del capital social, pero deja abierta la posibilidad de modificar esta composición en el futuro, facilitando su traspaso al sector privado.

Mientras el Gobierno reprime con dureza a los jubilados que reclaman un ajuste digno y avanza con el desmantelamiento del sistema previsional, el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue utilizando recursos públicos para intervenir en los mercados financieros. Ahora, con la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, el Ejecutivo profundiza el vaciamiento del Estado, debilitando un banco clave para el desarrollo productivo del país y abriendo la puerta a su venta en el corto plazo.

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