Se trata de una nueva victoria legislativa en el Senado para La Libertad Avanza, que fue el espacio impulsor de este proyecto.

Con 43 votos a favor, 20 en contra y seis abstenciones, el Senado aprobó en la noche de este jueves la norma que suspende las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). De esta manera, La Libertad Avanza se alza con un nuevo triunfo en el Congreso, con ayuda de los legisladores “dialoguistas”. Así las cosas, este año habrá sólo una votación a nivel nacional, modificando de este modo el sistema electoral habitual.

Como era de esperarse, la sesión en el recinto estuvo salpicada por el escándalo cripto que tiene en el ojo de la tormenta al presidente Javier Milei.

También se lleva a cabo el debate sobre la modificación al Código Procesal Penal para incluir la figura de juicio en ausencia, la Ley Antimafias y la Ley de Reiterancia, por la que una persona esperaría su juicio estando detenida.

Hasta cuándo serán las sesiones extraordinarias en el Congreso

Las sesiones extraordinarias en el Congreso se extenderán hasta el 21 de febrero, que es este viernes, así que realmente quedaron a lo último los platos fuertes del menú impulsado por el gobierno de Javier Milei.

En el caso de la votación para nombrar al juez Ariel Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó para el viernes.

Durante la reunión de labor parlamentaria de este miércoles se fijó el acuerdo que había logrado la titular del Senado, Victoria Villarruel, mientras el presidente, Javier Milei, lidiaba con los efectos mediáticos -y judiciales- de la difusión de su optimismo por las criptomonedas como $LIBRA.

El acuerdo fue forjado entre La Libertad Avanza, el PRO, integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), Provincias Unidas y los bloques provinciales, y ese entendimiento es clave para la aprobación de las iniciativas oficialistas porque hacen falta al menos 37 votos a favor para lograr la mayoría absoluta que requiere el proceso legislativo.

La Libertad Avanza cuenta con seis senadores y senadoras desde diciembre de 2024, pero algunos de sus bloques afines tienen más: tal es el caso de la UCR, que ocupa 13 bancas, o del PRO, con siete. El problema radica en que espacios opositores como el Frente Nacional y Popular, que dirige José Mayans, tienen 17 integrantes. No obstante, esto no ha presentado un mayor obstáculo para los intereses oficialistas.

Los gremios docentes anunciaron dos jornadas de paro nacional ante la falta de negociación salarial con el Gobierno, poniendo en duda el inicio de clases en varias provincias.

Los sindicatos de la educación nucleados en la CGT—Unión Docentes Argentinos (UDA), Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y Confederación de Educadores Argentinos (CEA)—informaron que el ciclo lectivo 2025 arrancará con medidas de fuerza. El primer paro está previsto para el lunes 24 de febrero y el segundo para el miércoles 5 de marzo.

La protesta responde a la ausencia de negociación paritaria desde julio de 2024, momento en el cual el Gobierno estableció unilateralmente un salario mínimo docente de $420.000, una cifra que hoy se encuentra por debajo de la línea de indigencia. “No aceptamos la propuesta del Gobierno y firmaron una resolución imponiéndola sin discusión”, denunció Sergio Romero, titular de UDA.

Provincias afectadas por la medida de fuerza

El paro nacional afectará el inicio de clases en al menos 19 provincias. En Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires, las clases deberían comenzar el 24 de febrero, mientras que en Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, el inicio está previsto para el 5 de marzo.

Ante el conflicto, el Gobierno convocó a la Mesa del Salario Mínimo Docente para el 24 de febrero a las 15 horas en la Secretaría de Trabajo. Participarán gremios nacionales, ministros provinciales de Educación y representantes de escuelas privadas.

Desde los sindicatos advierten que, si no hay avances en la negociación, las medidas de fuerza podrían extenderse a lo largo del año. “Si el Gobierno sigue negándose al diálogo, el conflicto va a continuar”, afirmó Romero.

La decisión del gobierno de Javier Milei de convertir al Banco Nación en una Sociedad Anónima generó alarma en la Federación Agraria Argentina (FAA), que expresó su preocupación por el posible avance hacia la privatización de la entidad.

El decreto publicado en el Boletín Oficial confirma un cambio estructural en el principal banco público del país. Aunque la Ley Bases había excluido al Banco Nación del listado de empresas sujetas a privatización, el oficialismo avanzó con esta reforma que podría allanar el camino hacia su venta.

Ante esta situación, la FAA emitió un comunicado en el que se declaró en “alerta”, destacando el rol fundamental que el banco ha cumplido históricamente en el financiamiento del sector agropecuario y el desarrollo productivo del interior. “Defenderemos al BNA porque ha sido y es una columna vertebral del sector agropecuario y del sistema productivo en general”, afirmaron.

Los federados subrayaron que el Banco Nación mantiene una extensa red de sucursales en todo el país, muchas de ellas en zonas donde la banca privada no tiene presencia, y cumple una función clave en el apoyo a pequeños y medianos productores. “Nos preocupa que, en un intento por hacerlo más eficiente, se abra la puerta a su privatización y se pierda esta herramienta fundamental”, advirtieron.

Además, recordaron que el Banco Nación ha sido históricamente una entidad superavitaria y esencial para el financiamiento de pymes y economías regionales. Por ello, la Federación Agraria insistió en su rechazo a cualquier medida que pueda debilitar su rol estratégico en el desarrollo del país.

Se conoció un contrato que Hayden Davis, creador de la criptomoneda promocionada por Javier Milei, había preparado para convertirse en el asesor exclusivo del Gobierno en tecnología blockchain. Aunque el acuerdo nunca llegó a firmarse, el documento revela la intención de Davis de establecer un vínculo privilegiado con el presidente y su círculo cercano.

El borrador, difundido por el periodista Alejandro Bercovich, establecía que Davis, a través de sus empresas Kelsier Group Co. y Davis Group Co., tendría acceso directo a Javier y Karina Milei para coordinar estrategias y cerrar acuerdos. Además, el contrato le otorgaba a su grupo preferencia en licitaciones y convenios relacionados con blockchain.

Para articular esta relación con el Gobierno, el documento contemplaba la firma de tres intermediarios clave: Mauricio Novelli, fundador de Tech Forum; Sergio Morales, asesor del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en activos virtuales; y Manuel Terrones Godoy, influencer cripto. Ellos serían los encargados de gestionar la relación entre Davis y la administración de Milei.

El contrato también estipulaba que Morales actuaría como asesor oficial de Web3 y blockchain para el presidente, mientras que el grupo de Davis tendría “autoridad exclusiva” en la supervisión y gestión de acuerdos vinculados a este sector, con un período inicial de exclusividad de seis meses, extensible hasta dos años y medio en función de su éxito y de una eventual reelección de Milei.

En términos económicos, la meta era concretar acuerdos por al menos 10 millones de dólares para abril de 2025. Desde el punto de vista político, el objetivo era “fortalecer y expandir la influencia del partido” y consolidar la alianza entre la estructura política de Milei y los negocios cripto.

Si bien el contrato nunca se firmó, su existencia expone los intentos de Davis por obtener un rol clave en la administración libertaria y muestra hasta qué punto el Gobierno evaluó la posibilidad de delegar la política cripto a un empresario con antecedentes cuestionados.

Así lo denunció el secretario general de la Bancaria, que además advirtió que el fondo BlackRock estaría detrás de la medida de Javier Milei.

Este jueves, luego del DNU de Javier Milei que busca transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria y diputado nacional por Unión por la Patria, denunció que el presidente tiene como único objetivo su posterior privatización. “El presidente denunciado por estafador convirtió en decreto la intención de convertir en sociedad anónima al banco para, claramente, su posterior privatización”, afirmó.

Palazzo apuntó contra Milei al recordar las graves acusaciones que pesan sobre su gobierno: “Es un presidente cuyo entorno lo denuncia, incluido una periodista esposa de uno de sus ministros, por cobrar coimas para que los atiendan y les den reuniones. Es el mismo presidente que va a ser investigado por la justicia argentina, por el FBI y la Comisión de Valores. Es el mismo que fugó el oro y no sabemos dónde está”.

El dirigente sindical calificó el intento de privatización como “una gran estafa no solo al pueblo argentino” y señaló que se trata de “uno de los negociados más grandes que va a pretender hacer el gobierno de Javier Milei”. También desmintió los argumentos esgrimidos en el DNU: “Los fundamentos que él ha expresado en el decreto son falaces, son mentirosos. No se ajustan ni siquiera a lo que él mismo dice, porque lo hace en función de facultades delegadas que le dio el Congreso en la Ley Bases, y entre los fundamentos de esa facultad delegada dicen que se le permitía transformar los organismos y demás del Estado a los efectos de corregir el déficit, mejorar su eficiencia y de un mejor control. Ninguno de esos tres requisitos está reunido”.

En ese sentido, Palazzo remarcó que el Banco Nación no solo es eficiente, sino que además es rentable y cumple un rol clave en la economía del país: “Muy por el contrario, el Banco Nación da ganancias, es un banco eficiente, es uno de los bancos líderes de la región, el primero en crédito, el primero en depósito, el primero en cantidad de cuentas. Ha dado una asistencia de 15.000 millones de dólares en el último año a las pymes y a los particulares, con lo cual el principio de eficiencia también está recontra cubierto”. Asimismo, señaló que la entidad cuenta con todos los mecanismos de auditoría necesarios: “Tiene controles de auditoría interna y externa, la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación y el Banco Central de la República Argentina”.

Palazzo también reveló que el fondo de inversión BlackRock está detrás de la privatización del Banco Nación: “Siempre ha estado sobre la mesa el fondo de inversión BlackRock entre los que plantearon que querían comprar todo en la Argentina, incluido el Banco Nación. Así que no lo descarten”. Además, denunció una movida previa para preparar la privatización: “La semana pasada hubo una reunión en Estados Unidos de funcionarios del banco y el presidente del banco con brokers para tratar de colocar una obligación negociable en cientos de millones de dólares. No solo es un paso previo a la privatización junto con la declaración del cambio de figura jurídica, sino que vuelve a ser un gran negociado. La colocación de obligaciones negociables en el mercado se paga entre un 0,50% y un 2%. Imagináte 1.000 millones de dólares, cuánto es la comisión”.

Finalmente, Palazzo advirtió que esta maniobra financiera no es necesaria y solo beneficia a sectores especulativos: “No es necesario hacer una obligación negociable porque el banco ya ha prestado 15.000 millones de dólares, puede fondear tranquilamente. Y porque además las cuentas en dólares que tiene el Banco Nación tienen saldo más que suficiente para prestar en dólares, ociosos en este momento”.

En este marco, La Bancaria declaró el estado de alerta y movilización. “Convocamos rápidamente a las 12 del mediodía a un plenario del Secretariado Nacional, el Consejo Directivo Nacional y, por Zoom, a todos los secretarios generales del interior del país. Ahí definiremos nuestro plan de acción. Sin duda va a ser un plan de acción largo. Esto tiene tiempos: inclusive tienen 180 días para hacer un balance de corte, inscripciones y demás en sociedad anónima, y seguramente en ese trayecto van a intentar avanzar un paso más con la privatización”, adelantó Palazzo.

Este aumento refleja una presión sostenida sobre los costos mayoristas, impulsada tanto por productos nacionales como importados.

El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró un incremento del 1,5% en enero de 2025, marcando el nivel más alto en los últimos cuatro meses, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este aumento refleja una presión sostenida sobre los costos mayoristas, impulsada tanto por productos nacionales como importados.

El avance del IPIM estuvo determinado por un incremento del 1,6% en los productos nacionales y del 0,5% en los productos importados. Entre los sectores con mayor incidencia en la suba se destacaron Petróleo crudo y gas (+0,35%), Sustancias y productos químicos (+0,29%), Alimentos y bebidas (+0,16%), Productos refinados del petróleo (+0,15%) y Productos agropecuarios (+0,11%).

#DatoINDEC
Los precios mayoristas aumentaron 1,5% en enero de 2025 respecto del mes previo y 43,8% interanual https://t.co/5oexRNCoW8 pic.twitter.com/JYkeADDhdJ

— INDEC Argentina (@INDECArgentina) February 19, 2025

Además, otros índices mayoristas también mostraron incrementos significativos. El Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, subió 1,6%, mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide la evolución de los precios en la producción local, se elevó un 1,8%, impulsado por una fuerte suba del 2,7% en los productos primarios y del 1,4% en productos manufacturados y energía eléctrica.

Si bien el director de la consultora Analytica, Claudio Caprarulo, afirmó que esta aceleración no es preocupante en el corto plazo, advirtió que “el desafío de profundizar el proceso de desinflación no es menor”. Destacó que los productos primarios, cuyos precios dependen en gran medida del mercado internacional, han registrado fuertes aumentos.

Con este nuevo incremento, el mercado mayorista sigue en alza, reflejando el impacto de los costos en la cadena productiva y generando expectativas sobre su impacto en los precios minoristas.

Se trata de un paso clave hacia el desmantelamiento de áreas clave del Estado, debilitando una de los principales herramientas de la banca pública con consecuencias directas en el acceso al crédito para PyMEs y familias.

Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó el decreto 116/2025 para transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, profundizando así su agenda de reformas y privatizaciones. Esta decisión, que se presenta como un “reordenamiento” de la entidad, representa en realidad un paso clave hacia su privatización, debilitando uno de los principales bastiones de la banca pública y restringiendo el acceso al crédito para PyMEs y familias. Ahora, con este decreto, Milei avanza en el vaciamiento del Estado, afectando a una de las instituciones financieras más importantes del país.

El Presidente de la Nación acaba de firmar el decreto que transforma al Banco de la Nación Argentina en Sociedad Anónima.

Dios bendiga a la República Argentina.

Fin.

— Manuel Adorni (@madorni) February 20, 2025

El Banco Nación, que en 2024 rompió récords en otorgamiento de créditos y fortaleció su participación en el sistema financiero, ahora queda sujeto a una transformación que, según sus propias autoridades, permitirá la apertura de su capital. Esto implica la posibilidad de venta de acciones y, eventualmente, su privatización total o parcial, a pesar de que el Congreso había excluido al BNA de la lista de empresas a privatizar dentro de la modificada Ley Bases.

A pesar de un fallo de la Justicia Federal que advirtió que cualquier intento de privatización debe pasar por el Congreso, el oficialismo insiste en avanzar por decreto. Con esta medida, el Estado mantendría el 99,9% del capital social, pero deja abierta la posibilidad de modificar esta composición en el futuro, facilitando su traspaso al sector privado.

Mientras el Gobierno reprime con dureza a los jubilados que reclaman un ajuste digno y avanza con el desmantelamiento del sistema previsional, el ministro de Economía, Luis Caputo, sigue utilizando recursos públicos para intervenir en los mercados financieros. Ahora, con la conversión del Banco Nación en sociedad anónima, el Ejecutivo profundiza el vaciamiento del Estado, debilitando un banco clave para el desarrollo productivo del país y abriendo la puerta a su venta en el corto plazo.

El ministro ordenó a la ANSeS compras masivas de acciones y bonos argentinos. Hace menos de siete días, Caputo había intervenido en el mercado con los fondos del FGS para planchar al dólar.

Mientras en las puertas del Congreso los jubilados eran reprimidos brutalmente por exigir un mísero aumento en sus haberes, el ministro de Economía, Luis Caputo, utilizaba una vez más el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para intervenir en el mercado financiero. En lugar de garantizar el pago de mejores jubilaciones, el gobierno destinó 350 millones de dólares del fondo previsional a la compra de bonos y acciones para frenar el derrumbe de los activos argentinos en Wall Street y contener la situación tras el escandalo de la criptoestafa de $Libra.

El desplome del mercado había quedado en evidencia el lunes, incluso a pesar del feriado en Estados Unidos. Para contener el golpe, el Gobierno también inyectó otros 650 millones de dólares en la operatoria del dólar contado con liquidación, logrando apenas una baja del 0,6% en el MEP, que cerró en 1.206 pesos, mientras que el blue se mantuvo en 1.235 pesos.

Las acciones argentinas en Wall Street, por su parte, registraron algunas subas impulsadas por esta intervención. Transportadora de Gas del Sur lideró con un alza del 2,7%, seguida por Telecom con un 1,7% y Grupo Financiero Galicia con un 1,4%. Sin embargo, no todos los papeles reaccionaron positivamente: YPF cayó un 0,2% y Supervielle perdió un 0,8%.

Este nuevo uso del dinero de los jubilados para manipular los mercados financieros se da en el mismo momento en que el gobierno impulsa el fin de las moratorias previsionales, dificultando aún más el acceso a la jubilación para miles de argentinos. Mientras las fuerzas de seguridad reprimen con dureza a quienes reclaman por sus derechos básicos, el oficialismo prioriza a los grandes inversores, utilizando recursos que deberían estar destinados a garantizar el bienestar de quienes más lo necesitan.