El pedido de secuestro de los smartphones del presidente y sus funcionarios fue realizado este miércoles. El objetivo es que sean peritados y se resguarde la prueba que podrían contener.
A casi dos semanas del escándalo desatado por la difusión de la criptomoneda $Libra, la causa contra el presidente Javier Milei avanza con dificultades. Imputado por presuntos delitos de estafa, tráfico de influencias y abuso de autoridad, una de las principales exigencias de los denunciantes es el secuestro y resguardo de los teléfonos móviles del mandatario, su hermana Karina Milei y su vocero Manuel Adorni.
El abogado Gregorio Dalbon, denunciante en la causa, denunció la “lentitud” en la investigación y subrayó la importancia de peritar los dispositivos para asegurar la integridad de pruebas fundamentales. “En atención a la gravedad institucional del caso, se solicita que se arbitren los medios necesarios para garantizar la correcta cadena de custodia de los elementos secuestrados”, indica el escrito judicial presentado ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano.
El peritaje de los teléfonos busca analizar comunicaciones, aplicaciones y archivos digitales que podrían estar relacionados con la promoción de $Libra. En particular, se pretende determinar si existieron intercambios entre los funcionarios implicados y Mauricio Novelli y Hayen Davis, presuntos desarrolladores de la criptomoneda.
Peligro de destrucción de pruebas y movimientos sospechosos
Mientras la investigación avanza con lentitud, se han detectado movimientos de fondos asociados a $Libra. Según el especialista en criptomonedas Fernando Molina, una de las wallets vinculadas al lanzamiento transfirió 4.5 millones de dólares a una nueva billetera virtual. Esta maniobra incrementa la preocupación sobre la posible eliminación de pruebas y refuerza la urgencia de preservar los teléfonos de los involucrados.
Dalbon sostiene que, más allá del análisis de los dispositivos, el presidente Milei habría admitido su responsabilidad en una reciente entrevista con Jonatan Viale. “Nunca antes vi tanta brutalidad en la confesión de un delito. Milei confiesa y consuma el delito cuando dice que no promocionó, sino que difundió un negocio entre privados. Eso es incompatible con la función pública y viola la ley de ética pública”, explicó el abogado.
Medidas adicionales y la presión internacional
En respuesta a las preocupaciones sobre la protección de evidencia digital, el fiscal Taiano ordenó ampliar la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Además, solicitó informes a organismos públicos y privados vinculados con el tema y evalúa nuevas diligencias.
Mientras tanto, la causa no solo avanza en Argentina. En Estados Unidos, se presentaron denuncias ante el Departamento de Justicia, lo que podría derivar en una investigación internacional.
Investigación en el Congreso
Paralelamente, en la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, especialistas en tecnología expusieron sobre el uso de criptomonedas y la prevención de estafas. Allí, el programador Maximiliano Firtman subrayó la gravedad del caso: “Cuando salieron los tuits, todo el mundo creyó que habían hackeado la cuenta del presidente, incluso su entorno, lo que demuestra que hubo un fraude financiero evidente”.
El escándalo de $Libra sigue creciendo, mientras la preservación de pruebas y la aceleración de la investigación se vuelven clave para determinar las responsabilidades de los involucrados.