El Gobierno decretó llamar “idiota”, “imbécil” y “débil mental” a las personas con discapacidad por retardos mentales. La repudiable medida fue publicada en el Boletín Oficial.
En una muestra alarmante de retroceso en derechos humanos e intolerancia, el gobierno de Javier Milei ha oficializado el uso de términos profundamente discriminatorios y degradantes para referirse a personas con discapacidad. En la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), publicada en el Boletín Oficial, se emplean calificativos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para clasificar a personas con distintos niveles de discapacidad cognitiva y psíquica.
Lejos de ser un descuido o un anacronismo involuntario, esta decisión se inscribe en una política sistemática de discriminación y exclusión. La publicación de estos términos en una normativa oficial no solo revive un lenguaje obsoleto y ofensivo, sino que también vulnera los principios establecidos por acuerdos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, ratificada por Argentina en 2008.
El anexo de la resolución establece clasificaciones humillantes, segmentando a las personas con discapacidad de la siguiente manera:
- “Idiota” para aquellas entre 0 y 30 años.
- “Imbécil” para las de 30 a 50 años.
- “Débil mental profundo” entre 50 y 60 años.
- “Débil mental moderado” entre 60 y 70 años.
- “Débil mental leve” entre 70 y 90 años.
Estos términos se utilizan en descripciones que refuerzan estereotipos estigmatizantes, como la supuesta incapacidad de estas personas para leer, escribir o manejar dinero. No solo se trata de una violación de derechos, sino también de un discurso institucional que deshumaniza y justifica la exclusión.
Una política de ajuste con un alto costo humano
Esta resolución no es un hecho aislado, sino parte de un ajuste brutal que busca justificar la baja de al menos 200 mil pensiones por discapacidad en 2025. En el marco de las auditorías que lleva adelante el gobierno, encabezadas por Diego Spagnuolo, exabogado personal de Milei y actual director de ANDIS, se están endureciendo los criterios para acceder a estas prestaciones, privando de asistencia básica a miles de personas que dependen de ella.
El decreto restituye el uso de términos que habían sido descartados por su carácter discriminatorio desde hace décadas. La reintroducción de la palabra “invalidez”, por ejemplo, sigue la línea de un decreto del menemismo (432/97) que endureció las condiciones para el acceso a pensiones no contributivas. Con este tipo de medidas, el gobierno de Milei desoye por completo el enfoque de derechos humanos que la comunidad internacional ha promovido en materia de discapacidad.
Rechazo y posible judicialización de la normativa
Las organizaciones de derechos humanos y entidades dedicadas a la defensa de las personas con discapacidad han repudiado enérgicamente esta decisión. Entre ellas, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han presentado un reclamo formal exigiendo la derogación de la medida.
En el documento, las organizaciones alertan sobre la gravedad de la resolución: “La normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación histórica hacia las personas con discapacidad. Resulta innecesario ahondar en el carácter ofensivo y obsoleto de términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’, que no tienen cabida en una sociedad que se dice respetuosa de los derechos humanos”.
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) también se sumó al repudio, advirtiendo que “el uso de esta terminología atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad inclusiva”.
El rechazo social y legal a esta resolución evidencia el grado de violencia institucional con el que el gobierno de Milei está avanzando sobre los derechos de los sectores más vulnerables. Con un discurso que estigmatiza y una política de ajuste que deja sin cobertura a miles de personas con discapacidad, el Estado no solo incumple sus compromisos internacionales, sino que también profundiza la desigualdad y la exclusión.
