Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló serias irregularidades y sobreprecios en la adquisición de armamento y equipamiento para el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich (2016-2019), bajo la presidencia de Mauricio Macri.
Las compras, en su mayoría realizadas sin licitación y mediante adjudicación directa a proveedores israelíes, habrían permitido pagar hasta cinco veces más por ciertos equipamientos, amparándose en la Emergencia de Seguridad declarada en 2016.
Compras directas y falta de transparencia
La auditoría detectó que casi la mitad de las transacciones analizadas (29 en total) fueron realizadas sin compulsa de precios, evidenciando una selección discrecional de los proveedores por parte del Ministerio de Seguridad. Entre los casos más llamativos se encuentran:
- La adquisición de un sistema de seguridad fronterizo a la empresa israelí IAI ELTA por 35 millones de dólares.
- La compra de cuatro lanchas patrulleras al astillero Israel Shipyards por 49 millones de dólares, un precio un 138% superior a ofertas similares en el mercado, según un análisis de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
- Pagos injustificados por consultorías y servicios de capacitación que ya estaban contemplados en los contratos iniciales.
El rol de un lobbista israelí
La investigación también destaca la participación de Eitamar Barr, un empresario israelí vinculado a diversas contrataciones irregulares. Barr, identificado en registros oficiales con diferentes roles (asesor de ventas, particular interesado, representante de empresas israelíes), aparece como director de Issatec Technologies SA, una firma que recibió pagos millonarios del Ministerio de Seguridad sin justificación clara. Además, su nombre figura en los Panama Papers como accionista de la offshore OR IDO Holdings LTD.
Aumento descontrolado del gasto
El informe subraya que el uso de fondos del Ente Cooperador ACARA por parte del Ministerio de Seguridad creció un 1378% entre 2016 y 2019. Estos recursos fueron utilizados, entre otras cosas, para financiar pagos a Issatec y contratar servicios de consultoría sin justificación.
Además, la auditoría comprobó pagos adicionales fuera de convenio con Israel, como 325.000 dólares destinados a aumentar la altura de torres de vigilancia en el Paso Fronterizo de Puerto Iguazú, evidenciando la inconsistencia del proyecto original.
Falta de respuesta oficial
El informe de la AGN, elaborado por la auditora general María Graciela De la Rosa, fue aprobado el 20 de noviembre de 2024, con una disidencia parcial del auditor Alejandro Nieva. En sus conclusiones, la auditoría señala que la mayoría de los hallazgos se mantienen, ya que el Ministerio de Seguridad no logró justificar las irregularidades detectadas.
Desde el portal Ámbito intentaron obtener la versión de Patricia Bullrich y su equipo de comunicación, pero no obtuvo respuestas concretas. Por su parte, Eitamar Barr evitó responder a las consultas sobre su participación en las negociaciones.