En un nuevo capítulo de la política de hostigamiento contra Cuba, el jefe de la diplomacia de la mayor de las Antillas denunció recientemente que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) ha invertido más de 120 millones de dólares en programas dirigidos a subvertir el orden constitucional cubano. Estas acciones, que forman parte de una estrategia más amplia de presión económica y desestabilización, responden a órdenes ejecutivas y políticas implementadas por la actual administración norteamericana, reforzando un esquema de agresión que ha perdurado por más de seis décadas.

Las órdenes ejecutivas en cuestión han estado dirigidas a fortalecer el bloqueo económico, endureciendo sanciones contra sectores clave de la economía cubana y restringiendo aún más el acceso a recursos financieros y comerciales. Bajo el argumento de promover la democracia y los derechos humanos, Washington ha canalizado estos fondos a través de la USAID y otras agencias, con el objetivo de financiar grupos opositores y campañas de desinformación. Esta estrategia no es nueva, pero en el actual contexto internacional, cobra especial relevancia debido a la creciente condena internacional contra el bloqueo económico y la presión sobre el gobierno de EE.UU. para modificar su política hacia La Habana.

El impacto de estas órdenes ejecutivas se traduce en un aumento de las dificultades económicas para el pueblo cubano. Las restricciones financieras limitan el acceso a insumos esenciales, mientras que la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo impide transacciones bancarias y restringe aún más el comercio exterior. Al mismo tiempo, los fondos destinados a la subversión han sido objeto de críticas por su falta de transparencia y la ineficacia de los programas financiados, que han fracasado, una y otra vez, en generar un movimiento opositor de envergadura en Cuba.

Diversos analistas han señalado que la política de asfixia económica busca generar un descontento social que desemboque en un cambio de matriz política favorable a los intereses de Washington. Sin embargo, esta estrategia ha demostrado ser contraproducente, reforzando el sentimiento nacional y antiimperialista en la población cubana y provocando un mayor respaldo a las políticas gubernamentales en defensa de la soberanía nacional.

A pesar del impacto negativo de estas medidas, Cuba ha buscado alternativas para contrarrestar los efectos del cerco económico, fortaleciendo alianzas con países como Rusia, China y México, y fomentando el desarrollo de sectores estratégicos como el biotecnológico y el energético. No obstante, la persistencia de las sanciones sigue representando un obstáculo significativo para la recuperación económica de la isla.

En este escenario, la pregunta clave es hasta qué punto la actual administración estadounidense está dispuesta a seguir endureciendo su política hacia Cuba o si, por el contrario, considerará una revisión pragmática de su estrategia. Lo cierto es que, más allá de los discursos oficiales, las órdenes ejecutivas que refuerzan la presión sobre la isla continúan generando un impacto real y directo sobre la vida cotidiana del pueblo cubano, manteniendo un esquema de confrontación de larga data.

Un día después de la represión a los jubilados el gobierno de Javier Milei decidió aumentar el presupuesto para la Secretaría de Inteligencia (SIDE) en más de 7.300 millones de pesos, de los cuales más de 1.600 millones serán “gastos reservados”.

Apenas un día después de la violenta represión contra jubilados e hinchas de fútbol en las inmediaciones del Congreso, el gobierno de Javier Milei decidió incrementar de manera desmedida los fondos discrecionales para la Secretaría de Inteligencia (SIDE). A través de un decreto, se autorizó una ampliación presupuestaria de más de 7.300 millones de pesos, de los cuales 1.625 millones corresponden a gastos reservados, es decir, partidas cuyo destino no se hace público.

Esta maniobra refuerza el carácter opaco de los manejos financieros del gobierno en materia de inteligencia, mientras sectores vulnerables como los jubilados sufren ajustes y represión. En total, el nuevo presupuesto incluye 6.300 millones de pesos en gastos corrientes y 1.022 millones en bienes de capital, pero el foco está puesto en la exorbitante cifra de recursos discrecionales destinados a la SIDE, sin ningún tipo de control o rendición de cuentas.

No es la primera vez que Milei intenta direccionar sumas multimillonarias a los fondos reservados de inteligencia. En julio del año pasado, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), amplió en 100.000 millones de pesos el presupuesto de la SIDE tras la disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y el retorno del viejo esquema de espionaje estatal, dirigido entonces por Sergio Neiffert, hombre cercano a Santiago Caputo. Sin embargo, aquella medida fue rechazada por el Congreso, convirtiéndose en el único DNU anulado por el Poder Legislativo en la historia del país.

El nuevo incremento de fondos se oficializó a través del DNU 186/2025, publicado en el Boletín Oficial, que otorga al programa de Información e Inteligencia de la SIDE un “crédito” de 7.366.286.591 pesos, equivalentes a cerca de 7 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esta asignación millonaria contrasta con los recortes aplicados en otras áreas esenciales y se produce en un contexto de fuerte represión estatal contra la protesta social.

En septiembre del año pasado, el Congreso ya había rechazado un intento similar de Milei de asignar 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE, cuestionando la falta de transparencia y el uso desconocido de semejante cantidad de dinero. A pesar de ello, en apenas un mes, el organismo ya había ejecutado el 75% de esos recursos, evidenciando la rapidez con la que se consumen partidas de origen y destino inciertos.

Este nuevo aumento presupuestario, aprobado con total discrecionalidad y en un contexto de represión creciente, refuerza la estrategia de un gobierno que prioriza la expansión de los mecanismos de inteligencia y control, mientras ajusta a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) reveló serias irregularidades y sobreprecios en la adquisición de armamento y equipamiento para el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich (2016-2019), bajo la presidencia de Mauricio Macri.

Las compras, en su mayoría realizadas sin licitación y mediante adjudicación directa a proveedores israelíes, habrían permitido pagar hasta cinco veces más por ciertos equipamientos, amparándose en la Emergencia de Seguridad declarada en 2016.

Compras directas y falta de transparencia

La auditoría detectó que casi la mitad de las transacciones analizadas (29 en total) fueron realizadas sin compulsa de precios, evidenciando una selección discrecional de los proveedores por parte del Ministerio de Seguridad. Entre los casos más llamativos se encuentran:

• La adquisición de un sistema de seguridad fronterizo a la empresa israelí IAI ELTA por 35 millones de dólares.
• La compra de cuatro lanchas patrulleras al astillero Israel Shipyards por 49 millones de dólares, un precio un 138% superior a ofertas similares en el mercado, según un análisis de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
• Pagos injustificados por consultorías y servicios de capacitación que ya estaban contemplados en los contratos iniciales.

El rol de un lobbista israelí

La investigación también destaca la participación de Eitamar Barr, un empresario israelí vinculado a diversas contrataciones irregulares. Barr, identificado en registros oficiales con diferentes roles (asesor de ventas, particular interesado, representante de empresas israelíes), aparece como director de Issatec Technologies SA, una firma que recibió pagos millonarios del Ministerio de Seguridad sin justificación clara. Además, su nombre figura en los Panama Papers como accionista de la offshore OR IDO Holdings LTD.

Aumento descontrolado del gasto

El informe subraya que el uso de fondos del Ente Cooperador ACARA por parte del Ministerio de Seguridad creció un 1378% entre 2016 y 2019. Estos recursos fueron utilizados, entre otras cosas, para financiar pagos a Issatec y contratar servicios de consultoría sin justificación.

Además, la auditoría comprobó pagos adicionales fuera de convenio con Israel, como 325.000 dólares destinados a aumentar la altura de torres de vigilancia en el Paso Fronterizo de Puerto Iguazú, evidenciando la inconsistencia del proyecto original.

Falta de respuesta oficial

El informe de la AGN, elaborado por la auditora general María Graciela De la Rosa, fue aprobado el 20 de noviembre de 2024, con una disidencia parcial del auditor Alejandro Nieva. En sus conclusiones, la auditoría señala que la mayoría de los hallazgos se mantienen, ya que el Ministerio de Seguridad no logró justificar las irregularidades detectadas.

Desde el portal Ámbito intentaron obtener la versión de Patricia Bullrich y su equipo de comunicación, pero no obtuvo respuestas concretas. Por su parte, Eitamar Barr evitó responder a las consultas sobre su participación en las negociaciones.

La jueza Karina Andrade ordenó la liberación inmediata de la mayoría de los detenidos en la marcha de los jubilados, argumentando el ‘legítimo derecho a la protesta’ y señalando graves irregularidades policiales.

La jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, ordenó la liberación inmediata de la mayoría de las personas detenidas en el Congreso de la Nación durante la Marcha por los Jubilados. La magistrada fundamentó su decisión en el “legítimo derecho a la protesta” y señaló graves irregularidades en el accionar policial.

En su fallo, la jueza destacó que “no se brindaron detalles sobre el momento y lugar de las detenciones, ni por infracción a qué delitos ocurrieron, como así tampoco el lugar en donde serían alojados”. Asimismo, mencionó que “fueron informadas como detenidas ciento catorce (114) personas en la órbita de la justicia de la Ciudad, por fuerzas policiales federales y de la Ciudad”.

Con especial énfasis, Andrade subrayó que “se encontraban en juego derechos constitucionales fundamentales como son el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia, a peticionar ante las autoridades y a la libertad de expresión”. En esa línea, remarcó que estas libertades “adquieren especial relevancia un día como hoy en el que parte de la sociedad se expresa en favor del ejercicio de la libertad de expresión de los integrantes de uno de los sectores más vulnerables de nuestra República, los adultos/as mayores”.

La jueza recordó también que “los adultos mayores se encuentran específicamente protegidos en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) a través de la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, incorporada a la Carta Magna mediante la ley 27.700”.

Por otro lado, citó el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 5/1985, que señala que “cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado, sino también el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas”. Según esta postura, la libertad de expresión “requiere que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento” y también garantiza “un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.

En ese sentido, Andrade subrayó que “la libertad de expresión, junto con el derecho a la protesta, se configuran como derechos baluartes del sistema democrático, pues permiten a los individuos de una sociedad dar a conocer sus ideas, conocer las opiniones de sus conciudadanos y criticar los actos de sus representantes”.

La jueza también recalcó que “en democracia, toda persona debe poder expresarse, peticionar ante las autoridades, asociarse, reunirse y manifestar su parecer y, sobre todo, su disconformidad con las decisiones gubernamentales”.

El contundente fallo de la jueza Andrade se inscribe en la defensa de derechos fundamentales que, por más que a Milei y su junta les moleste, siguen vigentes.

La señal de noticias C5N capto el momento en que un policía arroja sospechosamente un arma en plena manifestación de jubilados. Mirá el video.

En medio de las reiteradas represiones que vienen sufriendo los jubilados durante sus protestas frente al Congreso, este miércoles se registraron nuevos incidentes que incluyeron un episodio escandaloso que generó indignación. Durante la manifestación, que contó con el acompañamiento de hinchas de diversos clubes de fútbol, se denunció que un efectivo policial intentó plantar un arma en medio del operativo.

El hecho quedó registrado en las cámaras del canal C5N, que transmitía en vivo los incidentes. En las imágenes se pudo observar cómo un uniformado dejó caer un arma de fuego y la pateó para posicionarla en el lugar donde se estaban produciendo los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.

Este hecho se sumó a la creciente tensión que se vive frente al Congreso, donde los jubilados vienen enfrentando una dura represión casi semanalmente mientras reclaman por las políticas de ajuste implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Por más que a Milei y su junta les moleste, la resistencia de quienes defienden sus derechos continúa creciendo, incluso con el respaldo de diversos sectores sociales que se suman a las protestas en rechazo al brutal ajuste económico que golpea especialmente a los sectores más vulnerables.

Desde el inicio de la actual gestión de Gobierno, la motosierra y la licuadora recayeron con fuerza sobre los haberes jubilatorios, sector que también sufrió la represión en sus protestas, con un pico alcanzado en la manifestación de este miércoles.

La jubilación mínima en marzo se ubica en $279.121,71, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $349.121,71, que cobra casi el 70% de los incluidos en el sistema. La canasta básica para no ser pobre llega al millón de pesos.

Con la modificación de la fórmula de movilidad mediante el DNU 274/2024, el Gobierno aseguró que no perderían ingresos pero todo fue para peor. Al ajuste que sufrieron por la motosierra, que principalmente golpeó a jubilados, se suma el cambio en la fórmula que le agregó una pérdida del 7%. En total, perdieron un 30%. Milei lo hizo.

Los diputados Oscar Zago y Lisandro Almirón se agarraron a trompadas adentro del recinto mientras la Policía reprimía jubilados en la calle. En una maniobra muy turbia, el oficialismo logró salvar a Javier Milei de una comisión de juicio político.

El legislador del MID quería votar la ratificación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión de Juicio Político, como pretendía el peronismo. Los libertarios lograron sacarlo de su banca entre provocaciones y agravios y se desató la trifulca. Rocío Bonacci, sentada junto a la periodista e increpada por Celeste Ponce y Lilia Lemoine, le arrojó un vaso de agua a la cosplayer.

En medio de la gresca, el presidente de la Cámara, Martín Menem, aprovechó para contar a los presentes y levantó la sesión por falta de quórum. Los libertarios, al borde de un ataque de nervios.

Con fuertes críticas al Gobierno, el gobernador bonaerense consideró que “la represión que se vivió hoy fue completamente feroz, ilegal y premeditada”.

Luego de lo que fue una nueva jornada de violencia ejercida por el Gobierno a través de efectivos de seguridad en las inmediaciones del Congreso y durante una marcha de jubilados, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó un fuerte comunicado lamentando lo sucedido y condenando el accionar oficial.

El mandatario provincial consideró que “la represión que se vivió hoy fue completamente feroz, ilegal y premeditada”, y añadió: “Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste”.

La represión que se vivió hoy fue completamente feroz, ilegal y premeditada. Una descarga de violencia sobre jubilados y ciudadanos que protestaban contra el ajuste. Lo de hoy es un atentado contra derechos esenciales de la democracia.

Mientras un fotógrafo lucha por su vida,…

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 13, 2025

“Lo de hoy es un atentado contra derechos esenciales de la democracia. Mientras un fotógrafo lucha por su vida, los voceros del gobierno mienten, justifican la violencia y difunden el odio. Hay que ponerle un límite urgente a este desenfreno autoritario”, remarcó el gobernador.

Kicillof hizo hincapié en la situación del fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en grave estado tras ser golpeado por un cartucho de gas lacrimógeno mientras trabajaba cubriendo la represión policial.

Grillo, quien sufrió una fractura de cráneo, era operado debido a la pérdida de masa encefálica. En las imágenes que trascendieron en las redes sociales se observa que el reportero gráfico se encontraba realizando su trabajo cuando fue golpeado en la cabeza por el cartucho lanzado por efectivos policiales.