La Justicia Electoral ha comenzado a profundizar en los posibles lazos entre el economista liberal José Luis Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, actualmente detenido a pedido de la Justicia estadounidense bajo acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero.
El fiscal Ramiro González ha solicitado a la jueza María Servini que determine si existe una causa penal que investigue los presuntos aportes de Machado a la campaña presidencial de Espert en 2019, lo que podría derivar en graves implicaciones legales.
Una conexión preocupante
El empresario Fred Machado fue arrestado el 15 de abril en Neuquén, justo antes de abordar un vuelo a Buenos Aires. Su captura se produjo tras la emisión de una alerta roja de Interpol, luego de que un tribunal del distrito este de Texas lo acusara de integrar una red criminal vinculada al narcotráfico y el lavado de activos. Machado enfrenta cargos por delitos como fraude informático, defraudación al Estado, contrabando y adulteración de matrículas de aviones, según la investigación judicial en Estados Unidos.
A los pocos días de su detención, comenzaron a surgir informaciones dentro del entorno liberal que vinculaban a Machado con la campaña de Espert. Esta conexión derivó en una denuncia penal contra el economista y su excompañero de fórmula, Luis Rosales, por presuntos delitos de encubrimiento y asociación ilícita.
Aportes de campaña bajo la lupa
El fiscal González, quien además había solicitado la suspensión de los fondos del partido Unite por la Libertad debido a irregularidades en su rendición de cuentas, ahora ha pedido a la jueza Servini que se certifique si existen registros de aportes económicos de Machado a la campaña de Espert. Se buscan pruebas que determinen fechas, montos y cuentas utilizadas para realizar estas transacciones.
Según la información declarada ante la Justicia Electoral, el partido Unite aseguró que los más de 60 millones de pesos recibidos para la campaña provinieron exclusivamente de fondos públicos. Sin embargo, diversas fuentes que participaron en la campaña afirman que Machado habría facilitado aviones y vehículos para el traslado del candidato y su equipo, recursos que no figuran en la rendición de gastos.
Uno de los episodios más llamativos en este contexto es el ataque con piedras que sufrió una camioneta en la que viajaban Espert y Rosales pocos días antes de las PASO. Según registros vehiculares, el Jeep Grand Cherokee utilizado en ese momento pertenecía a Claudio Cicarelli, primo de Machado, lo que refuerza la sospecha sobre la participación del empresario en la campaña.
Espert minimiza la relación
Desde el entorno del economista niegan cualquier tipo de financiamiento por parte de Machado y solo reconocen un viaje en abril de 2019, fuera del período de campaña, en el que Espert utilizó un avión facilitado por el empresario para trasladarse a Viedma, Río Negro, donde presentó su libro. “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”, declaró Espert en ese momento.
No obstante, dentro del sector liberal algunos dirigentes aseguran que la presencia de Machado fue una constante durante la campaña, y que Espert se mostraba abiertamente orgulloso de esta relación. Ahora, el economista busca distanciarse del empresario detenido, asegurando que desconocía por completo sus actividades ilícitas.
Un partido con irregularidades
Otro aspecto que complica la situación es la estructura partidaria a través de la cual Espert pudo competir en las elecciones. Luego de que el partido Unir le retirara su apoyo, el economista recurrió a Unite por la Libertad, liderado por José Bonacci, quien “alquiló” la estructura partidaria a Espert. Ahora, la Justicia debe determinar si la rendición de gastos del partido Unite fue manipulada para ocultar aportes privados, incluyendo los presuntamente realizados por Machado.
La investigación judicial seguirá avanzando para esclarecer el posible financiamiento ilegal en la campaña de Espert y su relación con un empresario vinculado al narcotráfico. Mientras tanto, el economista intenta despegarse de un escándalo que podría tener graves consecuencias políticas y judiciales.