Bullrich perdió la jurisdicción en la Ciudad tras la represión. Entre críticas, fallos adversos y protestas crecientes, su permanencia en el cargo está en duda.
Luego de la represión en la marcha de los jubilados, que dejó como saldo a varios manifestantes heridos y al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno incrustado en la cabeza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió un fuerte revés judicial: el juez Roberto Gallardo resolvió apartarla oficialmente de toda intervención en operativos de seguridad vinculados a protestas sociales en la Ciudad de Buenos Aires.
En su lugar, el control quedará exclusivamente en manos de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Gobierno porteño. De acuerdo al fallo, la medida responde a “una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”.
El despliegue del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por Bullrich desde el inicio de su gestión, quedó en el centro de la polémica tras la represión de la semana pasada. Diversos sectores políticos, sindicales y de derechos humanos reclamaron la renuncia de la funcionaria, a quien señalan como la principal responsable del accionar represivo. Según el fallo judicial, el Gobierno porteño nunca adhirió formalmente al plan del Ministerio de Seguridad, lo que debilita aún más su sustento legal.
A partir de ahora, las fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura y Policía Federal— solo podrán actuar en las inmediaciones de edificios pertenecientes al Estado nacional, como el Congreso, y deberán abstenerse de intervenir en manifestaciones o cortes de calle. La única fuerza habilitada para intervenir será la Policía de la Ciudad.
Más adelante, el juez Gallardo argumentó su decisión en el contexto del paro general convocado por la CGT y las movilizaciones que se desarrollan todos los miércoles, señalando que existe “un riesgo cierto y razonablemente previsible” para la integridad física de quienes participan de las protestas. El magistrado también advirtió sobre el peligro de que se vulneren “la libertad de expresión, el derecho de reunión y la integridad física” de los manifestantes, por la presencia de fuerzas que no responden a la jurisdicción local.
En el mismo tono, el fallo remarca que este escenario “no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. En ese sentido, Gallardo recordó que “hubo varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso Nacional que derivaron en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, generando violencia, conflictos y caos”.
La decisión judicial limita severamente el margen de acción de Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, y confirma que, por más que desde el Gobierno nacional se intente imponer un modelo represivo, la Justicia porteña empieza a ponerle freno.