Había sido designado por decreto, pero su pliego no fue aprobado por la Cámara alta. Una cautelar le impedía actuar como juez y este lunes presentó su renuncia indeclinable.

El abogado y catedrático Manuel García Mansilla presentó este lunes su renuncia indeclinable como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a tan solo 40 días de haber jurado en el máximo tribunal. Su designación, que ya había generado fuertes cuestionamientos, terminó por derrumbarse en medio de una fuerte tensión política y judicial.

García Mansilla había asumido el pasado 27 de marzo, luego de un polémico proceso de nombramiento impulsado por el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, su pliego fue rechazado en el Senado y, además, una medida cautelar le impedía firmar resoluciones mientras se resolvía la legalidad de su designación. En ese marco, la permanencia del jurista en la Corte se volvió insostenible.

Con su salida, el máximo tribunal vuelve a quedar con tres integrantes: Horacio Rosatti (presidente), Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz. La vacante profundiza la crisis institucional en uno de los poderes más sensibles del Estado, al tiempo que deja al oficialismo sin su primer intento de ampliar su influencia en el Poder Judicial.

La renuncia de García Mansilla podría interpretarse como un golpe a la estrategia del Ejecutivo, que había avanzado sin el consenso necesario y enfrentando cuestionamientos desde distintos sectores del sistema político y judicial.

“Estamos ante un verdadero golpe institucional”, sentenció el senador nacional y secretario de Justicia del Partido Justicialista.

El senador nacional y secretario de Justicia del Partido Justicialista, Martín Doñate, presentó hoy una contundente denuncia penal contra el Dr. Manuel García Mansilla por usurpación de autoridad pública. Esta acción se produce tras la persistencia de García Mansilla en el ejercicio ilegítimo de su cargo como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de que más de dos tercios del Senado rechazaron su designación.

“Estamos ante un verdadero golpe institucional. La permanencia de García Mansilla en la Corte, luego de un nombramiento inconstitucional por decreto y el rechazo expreso del Senado, socava el contrato democrático y destruye la seguridad jurídica en Argentina”, afirmó Doñate.

El decreto presidencial que lo designó no solo violó el procedimiento establecido en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), sino que el Senado rechazó su pliego con una mayoría calificada el pasado 3 de abril. A pesar de ello, García Mansilla continúa firmando resoluciones en nombre de la Corte Suprema, lo que constituye una de las más graves afrentas al Estado de derecho desde el retorno de la democracia.

“La seguridad jurídica en Argentina ha quedado gravemente comprometida. ¿Qué garantías pueden tener un ciudadano, una PyME, una gran inversión extranjera, una empresa nacional o un trabajador si las decisiones del máximo tribunal pueden estar firmadas por alguien que usurpa un cargo en contra de la voluntad del Senado y de la Constitución?”, cuestionó el senador.

Doñate invocó el artículo 246 del Código Penal, que tipifica la usurpación de funciones públicas, como base de su denuncia. Sin embargo, advirtió que la investigación podría revelar otras figuras delictivas contempladas en el Código Penal, dada la magnitud institucional del hecho y sus consecuencias jurídicas.

“Esto no es una discusión académica, es la configuración concreta de un delito penal en ejercicio”, sostuvo. “Cada día que pasa agrava la situación jurídica de García Mansilla, quien es el máximo responsable de llevar a Argentina a un conflicto de poderes de dimensiones desconocidas en democracia, dejando una oscura mancha en la historia institucional del país”.

Finalmente, Doñate sentenció: “Si esto se permite y no se actúa de inmediato, mañana cualquier presidente podrá designar jueces por decreto, ignorando al Senado y reduciendo la República a una farsa. No lo vamos a permitir. El pueblo argentino tiene derecho a un Poder Judicial independiente, legítimo y respetuoso de la ley. La democracia no se negocia”.

La diputada nacional, Lourdes Arrieta, confesó en una entrevista que al entrar a la Casa de Gobierno se encontró con “un montón de chicos con computadoras haciendo nadie sabe qué”, y los relacionó directamente con los fondos de la SIDE.

La diputada nacional Lourdes Arrieta lanzó una grave acusación al denunciar la existencia de un presunto “trollcenter” operando desde la propia Casa Rosada, y financiado —según afirmó— con fondos reservados destinados a la SIDE.

En una entrevista con María Julia Oliván en el programa Border, Arrieta aseguró que al ingresar a la sede del Poder Ejecutivo se encontró con “un montón de chicos con computadoras haciendo nadie sabe qué”, a quienes identificó como parte de un engranaje de ataque digital coordinado por el gobierno nacional. “Cuando entrás a la Rosada ves a un ejército de trolls”, denunció.

La legisladora, recientemente expulsada de La Libertad Avanza por órdenes de Karina Milei, previo a recibir numerosas amenazas desde su propio espacio, afirmó que este grupo se dedica sistemáticamente a hostigar en redes sociales a quienes cuestionan o disienten con las políticas del presidente Javier Milei. Según Arrieta, estas operaciones digitales estarían siendo sostenidas económicamente con recursos que deberían destinarse a tareas de inteligencia para la seguridad nacional.

“Si la SIDE está, es para cuidarnos de peligros extranjeros y no para perseguir a los propios argentinos”, subrayó la diputada, cuestionando duramente el uso de fondos públicos para mantener una estructura que, según su visión, busca imponer el relato oficialista y silenciar voces críticas.

Las declaraciones reavivan el debate sobre el uso político de los recursos del Estado y suman tensión a las denuncias previas sobre presuntas oficinas de comunicación montadas para sostener el discurso oficial a través de redes sociales.

Desde la Federación de Cooperadoras Escolares del Gran Santa Fe destacan que, pese a las recientes estadísticas publicadas por el Indec, el relevamiento, por ahora, no se ve reflejado en las aulas y comedores que brindan un plato o copa de leche a niñas, niños y adolescentes.

Mientras el gobierno nacional celebraba recientemente una supuesta mejora en los índices de pobreza, los datos que llegan desde los comedores escolares del Gran Santa Fe pintan un panorama muy diferente —y preocupante— que revela una realidad que las estadísticas oficiales parecen ignorar.

Según el último informe del Indec, la pobreza en Argentina habría mostrado una baja significativa en comparación con el primer semestre de 2023 y con el cierre del año pasado. Sin embargo, en el terreno, en las aulas y comedores donde se garantiza un plato de comida diario a niños, niñas y adolescentes, no hay ningún indicio de esa supuesta mejora”, “la matrícula de los comedores escolares no bajó y siguen tan poblados como el año pasado”, advirtieron. 

Desde la Federación de Cooperadoras Escolares del Gran Santa Fe advierten que los comedores siguen tan concurridos como el año pasado, e incluso en algunos casos, más. “Vimos el informe, leímos todos los números. Pero por lo que nuestros cooperadores manifiestan, ese cambio no se está viendo todavía en los comedores”. Sobre esa misma línea, alertó que “los niños, niñas y adolescentes que concurren, siguen siendo la misma cantidad, e incluso un poquito más, que el año pasado”. afirmó María Alejandra Pérez, presidenta de la Federación, en diálogo con el programa De 12 a 14 (El Tres).

Pérez señaló que la asistencia a los comedores no solo no disminuyó, sino que en muchos casos aumentó. Las aulas están más llenas y las familias no logran sostener siquiera las cuotas de instituciones privadas económicas, por lo que el sistema público —y sus comedores— se ven más exigidos que nunca.

La dirigente también hizo hincapié en la dificultad creciente para mantener una alimentación saludable en los comedores escolares debido a los altos costos de la canasta básica. “Hacen milagros con la plata”, afirmó, y subrayó que los sectores más vulnerables no perciben ningún alivio en sus condiciones de vida.

“Lamentablemente la mejora no se da en los lugares más populosos donde tenemos las escuelas”, concluyó Pérez, dejando en evidencia una alarmante desconexión entre los números oficiales y lo que sucede en los barrios más golpeados por la crisis.

Este contraste entre las estadísticas oficiales y la cruda realidad cotidiana de miles de niños y niñas en Santa Fe pone sobre la mesa una verdad incómoda: la dimensión de la crisis social está siendo subestimada y silenciada, mientras los comedores comunitarios siguen siendo el último refugio frente al hambre.

Este sábado, la firma anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, alegando la imposibilidad de afrontar sueldos, contratos operativos y costos básicos, miles de puesto de trabajo en riesgo.

La caída definitiva del Grupo Vicentin ya no admite eufemismos: la empresa que durante años fue emblema del agroexportador argentino hoy se desploma, envuelta en una crisis terminal, denuncias por estafa, y con más de mil trabajadores al borde del abismo laboral. Este sábado, la firma anunció el cierre total de sus plantas en Ricardone y Avellaneda, alegando la imposibilidad de afrontar sueldos, contratos operativos y costos básicos. La decisión se justifica, según ellos, como una “medida para proteger activos”, pero la realidad muestra otra cosa: una maniobra desesperada en el marco de una debacle financiera autogenerada y sostenida por años de impunidad.

La pesada herencia macrista

Desde 2019, Vicentin arrastra un default multimillonario que impactó de lleno en toda la cadena agroindustrial. Pero el epicentro del escándalo no está solo en la crisis económica, sino en lo que se investiga como una de las estafas más grandes contra el Estado argentino: durante el gobierno de Mauricio Macri, el Banco Nación le otorgó a Vicentin créditos por 18.000 millones de pesos, a pesar de que ya no calificaba como sujeto de crédito y estaba bajo alerta por incumplimientos sistemáticos. Todo esto se hizo violando normativas bancarias y bajo una presunta connivencia con altos funcionarios del macrismo.

Por esta razón, Mauricio Macri y varios de sus exfuncionarios, como Laura Alonso, Guido Sandleris y Javier González Fraga, fueron denunciados penalmente por “defraudación al Estado” en el marco del caso Vicentin. La denuncia recayó en el Juzgado Federal a cargo de Luis Rodríguez. Cabe recordar que la cerealera jamás devolvió esos 18.000 millones de pesos otorgados como crédito, lo que expone con crudeza el uso político y discrecional de los recursos públicos durante ese período.

Años después, la bomba estalló: la Justicia dictó prisión preventiva para cuatro exdirectivos del grupo –Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti–, acusados de asociación ilícita, estafa y administración fraudulenta por más de 600 millones de dólares. Las maniobras incluyeron falsificación de balances, simulación de operaciones, desvío de fondos y una operatoria sistemática para vaciar la firma mientras solicitaban ayuda estatal y posponían pagos a proveedores, trabajadores y entidades financieras.

Mientras tanto, más de 3.000 trabajadores, entre empleos directos e indirectos, hoy enfrentan la incertidumbre absoluta, sin sueldos ni garantías. El gremio aceitero ya está en estado de alerta, y no se descartan medidas de fuerza. Además, la empresa adeuda más de 400 millones de pesos a la Cooperativa de Servicios Públicos de Avellaneda, lo que podría dejar sin electricidad a una de sus plantas.

La parálisis operativa también tiene un trasfondo político y judicial. La Corte Suprema de la Nación podría ser el próximo escenario del expediente, en medio de presiones para homologar un acuerdo concursal que la Justicia santafesina rechazó por sospechas de irregularidades. En este clima, las medidas desesperadas de la empresa parecen más una extorsión encubierta que un intento legítimo de recuperación.

El accionar fraudulento de los directivos de Vicentin no fue una casualidad ni una reacción a la crisis: fue un plan deliberado de saqueo, montado a través de una red de más de 30 empresas del grupo, diseñado para beneficiarse a costa de productores, acreedores y del Estado nacional. La justicia investiga además que parte del dinero extraído fue destinado a gastos personales, pagos a abogados en causas penales, y autoindemnizaciones millonarias, mientras los empleados ni siquiera cobraban sus sueldos.

A todo esto, se suma el testimonio del exfuncionario de AFIP Carlos Vaudagna, quien confesó que benefició a Vicentin durante el macrismo para evitar investigaciones por apropiación indebida de reintegros del IVA por más de 143 millones de pesos entre 2016 y 2019. El engranaje del fraude no sólo fue empresarial: fue político, financiero y estatal.

Hoy, el caso Vicentin es símbolo de cómo los grandes grupos económicos pueden diseñar estafas de magnitud histórica con la complicidad del poder político. Y también es un llamado urgente a la Justicia: para que no vuelva a ocurrir, para que no gane la impunidad y para que el Estado recupere lo que es del pueblo.

Bullrich perdió la jurisdicción en la Ciudad tras la represión. Entre críticas, fallos adversos y protestas crecientes, su permanencia en el cargo está en duda.

Luego de la represión en la marcha de los jubilados, que dejó como saldo a varios manifestantes heridos y al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno incrustado en la cabeza, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió un fuerte revés judicial: el juez Roberto Gallardo resolvió apartarla oficialmente de toda intervención en operativos de seguridad vinculados a protestas sociales en la Ciudad de Buenos Aires.

En su lugar, el control quedará exclusivamente en manos de la Policía de la Ciudad, bajo la órbita del Gobierno porteño. De acuerdo al fallo, la medida responde a “una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública”.

El despliegue del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por Bullrich desde el inicio de su gestión, quedó en el centro de la polémica tras la represión de la semana pasada. Diversos sectores políticos, sindicales y de derechos humanos reclamaron la renuncia de la funcionaria, a quien señalan como la principal responsable del accionar represivo. Según el fallo judicial, el Gobierno porteño nunca adhirió formalmente al plan del Ministerio de Seguridad, lo que debilita aún más su sustento legal.

A partir de ahora, las fuerzas federales —Gendarmería, Prefectura y Policía Federal— solo podrán actuar en las inmediaciones de edificios pertenecientes al Estado nacional, como el Congreso, y deberán abstenerse de intervenir en manifestaciones o cortes de calle. La única fuerza habilitada para intervenir será la Policía de la Ciudad.

Más adelante, el juez Gallardo argumentó su decisión en el contexto del paro general convocado por la CGT y las movilizaciones que se desarrollan todos los miércoles, señalando que existe “un riesgo cierto y razonablemente previsible” para la integridad física de quienes participan de las protestas. El magistrado también advirtió sobre el peligro de que se vulneren “la libertad de expresión, el derecho de reunión y la integridad física” de los manifestantes, por la presencia de fuerzas que no responden a la jurisdicción local.

En el mismo tono, el fallo remarca que este escenario “no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. En ese sentido, Gallardo recordó que “hubo varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso Nacional que derivaron en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, generando violencia, conflictos y caos”.

La decisión judicial limita severamente el margen de acción de Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, y confirma que, por más que desde el Gobierno nacional se intente imponer un modelo represivo, la Justicia porteña empieza a ponerle freno.

El joven músico hizo su presentación en el emblemático escenario del evento y cambió una de sus letras para dar un fuerte mensaje al Presidente.

Vestido como “The Joker”, Dillom dio un espectacular show en el Quilmes Rock 2025, ante miles de personas que coreaban sus canciones. Al momento de entonar “Buenos Tiempos”, llegó el instante en que pronuncia una y otra vez “el día que muera, moriré en mi ley”.

"El día que muera morirá Milei"
-Dillom en Quilmes Rock 2025 🎸 pic.twitter.com/I9xc0HJvax

— Geramaty (@Geramaty) April 5, 2025

Sin embargo, en la última repetición, el cantante cambió la letra de su canción y dijo “el día que muera, morirá Milei”, en lo que significó un nuevo mensaje de rechazo al Presidente de la Nación. En otras oportunidades, el artista ya se había mostrado contrario a Javier Milei. De hecho, recientemente defendió a María Becerra en el Cosquín Rock, luego de que el mandatario la señalara como “ María BCRA“, acusándola de llenarse los bolsillos a costas del Estado.

El gesto de Dillom con excombatientes de Malvinas

Tal como estaba previsto por las autoridades del Quilmes Rock, al finalizar el show de Dillom, el cantante dio espacio a los héroes de nuestra Patria, a quienes señaló como “quienes defendieron y pusieron el cuerpo” por el país ante los ingleses en la guerra de Malvinas iniciada el 2 de abril de 1982.

Fue entonces cuando un grupo de excombatientes subió al escenario, mientras miles de jóvenes coreaban “y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés”. Por supuesto, cada uno de los héroes se sumó a los cantos y saltaban, eufóricos por el emotivo momento.

Muy bien la organización del Quilmes Rock por haberle dado un espacio a nuestros gloriosos Veteranos de Malvinas para que hablen luego de la presentación de Dillom. A cada intento de cipayismo del régimen de Milei hay que responderle con estos gestos de amor a la Patria. pic.twitter.com/yuG48BUEtK

— César Biondini (@BiondiniCesar) April 5, 2025

Seguidamente, uno tomó el micrófono y dijo: “Es un placer y un orgullo estar acá, gracias a las autoridades de Quilmes, por la organización y por invitarnos a participar de este evento. Veo muchas generaciones. Algunas que han vivido hace 43 años el conflicto en vivo y otras generaciones que, seguramente, lo han leído o se lo han contado“, comenzó diciendo.

Y agregó: “A todos les pedimos que haya memoria por todos aquellos que han dejado lo más preciado que tienen, que es su vida, por defender a nuestra Patria, por tratar de recuperar parte de nuestro territorio argentino”.

La carrera de Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema está terminada. La semana pasada, el Senado de la Nación rechazó su pliego como juez del máximo tribunal. Tanto Mansilla como el gobierno de Javier Milei quieren la continuidad, pero no parece haber un escenario propiscio en ese sentido.

Por primera vez desde 1983, Milei impuso dos jueces en la Corte por decreto. Mauricio Macri había querido hacer lo mismo pero finalmente cambió de posición por el repudio social. La derecha republicana no es muy republicana…

Ahora, esa jugada fue rechazada por el Congreso. Los libertarios pretenden desoir al Senado y quieren que Mansilla continúe de cualquier modo, una idea que el magistrado comparte. Sin embargo, el rechazo social y del propio aparato judicial obligarían al juez a dar un paso al costado. El fin de semana salió el supremo Lorenzetti a pedir elegantemente su renuncia. El ex supremo Maqueda hizo lo mismo en otra entrevista periodística. Triste, solitario y final.

La diputada provincial y candidata a convencional constituyente, Amalia Granata, generó controversia al confirmar que su marido, Leonardo Squarzon, se desempeña como uno de sus asesores políticos en la Legislatura de Santa Fe. Cobrará más de 3 millones de pesos.

En declaraciones televisivas y en tono jocoso, Granata expresó: “Tengo mi Karino”.

La legisladora justificó la contratación de Squarzon argumentando una falta de confianza en otros colaboradores, tras haber experimentado la deserción de dos diputados de su espacio político. “No confío en nadie, me compraron dos diputados y quedé sola y soy la única oposición en la provincia”, aseveró Granata.

La decisión de designar a su marido como asesor causó sorpresa, especialmente al conocerse que Squarzon continúa desarrollando su actividad privada de manera paralela. Ante esto, Granata explicó: “Le dije que lo necesito, lo conocen más en la Legislatura de Santa Fe que a mí”.

Además, añadió detalles sobre el rol multifacético de su esposo: “Mi marido me hace de chofer además de todo lo que hace”.