El Gobierno convocó a la CGT para pedirle que acepte los cambios exigidos por el FMI

Antes de enviar los proyectos al Congreso, el gobierno quiere reunirse con la dirigencia sindical para intentar negociar algunas de las reformas que exige el organismo de crédito.

Antes de enviar al Congreso los proyectos de reforma que forman parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno convocará a la conducción de la CGT con el objetivo de abrir un canal de diálogo y buscar consensos en materia laboral. En un contexto de creciente tensión entre los gremios y la Casa Rosada, esta reunión será clave para intentar descomprimir el clima social y evitar un nuevo foco de conflicto.

El Ejecutivo pretende avanzar con cambios estructurales en la legislación laboral —algunos de los cuales ya fueron discutidos con el FMI— pero apuesta primero a una instancia de negociación con los sindicatos. “Nuestra intención es que haya diálogo. Vamos a intentar reunir los consensos”, afirman desde Nación.

Por eso, el Gobierno ha decidido postergar temporalmente otras reformas sensibles en un clima conflictivo, como la previsional y la impositiva. “Sin un cambio en el régimen laboral, no tiene sentido avanzar con el resto de las reformas”, aseguran en el oficialismo.

Entre las modificaciones que se barajan figuran cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), con la intención de reducir la participación del Estado en los acuerdos entre privados. También se analiza eliminar la homologación estatal de las paritarias, hacer optativo el pago de la cuota solidaria a los sindicatos, establecer la obligación de elecciones internas supervisadas por la Justicia Electoral y avanzar en la aplicación de convenios específicos por actividad.

Otro de los puntos sensibles es la eliminación de los aportes no contributivos a los gremios, junto con nuevas restricciones al derecho a huelga a través de la declaración de servicios esenciales en sectores como salud, transporte, telecomunicaciones y educación. El Gobierno también busca impulsar la mediación y el arbitraje para evitar que los conflictos laborales escalen a instancias judiciales.

Estas reformas retoman parte del espíritu del artículo 94 de la Ley Bases, que habilita despidos en casos de bloqueos o tomas de establecimientos, pero cuya reglamentación fue suspendida en septiembre de 2024 tras una negociación directa con la CGT.

En paralelo, el Congreso ya aprobó medidas como la eliminación de multas por trabajo no registrado, la extensión del período de prueba a ocho meses y la creación de un fondo de cese laboral optativo. Sin embargo, persiste la decisión del Gobierno de no homologar paritarias por encima de la inflación, lo que mantiene viva la tensión con el movimiento sindical.

Los encargados de canalizar el vínculo con la CGT son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Del lado sindical, participarán dirigentes de peso como Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).

“La convocatoria al diálogo sigue vigente. El paro no afectó nuestro vínculo con el sindicalismo”, remarcan en la Casa Rosada, mientras se prepara una negociación que podría definir el rumbo político y social de los próximos meses.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp