Denuncian el uso de fondos públicos para la compra de armamento, municiones y vehículos blindados, mientras se recortan presupuestos en áreas sociales.
Un informe de la revista Contraeditorial ha revelado que el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, ha invertido más de 56.000 millones de pesos en la adquisición de equipamiento destinado a la represión de protestas y manifestaciones sociales. Esta cifra incluye armamento, municiones, gases lacrimógenos, equipos antidisturbios y vehículos blindados, muchos de los cuales han sido utilizados en recientes operativos de represión.
Según el informe, mientras el gobierno implementa ajustes en áreas sensibles como salud, educación y programas sociales, el gasto en equipamiento represivo ha sido prioritario. Entre las adquisiciones destacan escopetas, bastones, escudos, granadas de gas y camiones blindados, los cuales fueron desplegados en distintos operativos, incluyendo aquellos contra movilizaciones de jubilados y otros sectores de la sociedad.
Este gasto se ha convertido en un punto de conflicto, especialmente tras el violento operativo de represión llevado a cabo durante una movilización de jubilados frente al Congreso de la Nación, donde se empleó parte de este equipamiento para dispersar a los manifestantes y, en algunos casos, agredir a periodistas que cubrían la protesta.
Pedido de informes y crítica social
La diputada Natalia Zaracho presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados, exigiendo una explicación detallada sobre el destino de estos fondos y la justificación de las compras. La preocupación en torno a este gasto se centra en la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y la orientación punitiva que parece estar adoptando el Ministerio de Seguridad frente a las demandas sociales.
Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su rechazo a esta política, argumentando que se está priorizando el fortalecimiento del aparato represivo en lugar de destinar recursos a resolver las problemáticas sociales que atraviesan los sectores más vulnerables del país.
Un enfoque represivo que genera polémica
El incremento en la compra de equipamiento represivo se suma a las crecientes denuncias sobre la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, que ha sido criticada por su enfoque punitivo frente a las protestas sociales. Los sectores que se oponen a este enfoque sostienen que la represión no es la respuesta a las demandas populares y que se debería invertir en políticas públicas que aborden las causas profundas de la protesta.
A medida que avanza la gestión de Bullrich, la controversia sobre el uso de los fondos públicos en seguridad sigue siendo un tema central en el debate político, mientras la sociedad se enfrenta a la creciente desigualdad y las dificultades económicas.
