La ministra de Capital Humano está acusada de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La transferencia millonaria, destinada a la compra de alimentos, aún no se concretó.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue imputada por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación surge de una transferencia de 14.000 millones de pesos que la funcionaria autorizó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo de adquirir alimentos para comedores populares y programas de asistencia social.

Según la denuncia, presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, el 8 de febrero de 2024, Pettovello firmó la transferencia de los fondos destinados a la compra de productos como arroz, fideos y leche en polvo. Sin embargo, la legislación vigente en materia de administración financiera establece que los desembolsos superiores a los 2.700 millones de pesos deben contar con la autorización expresa del jefe de Gabinete. En ese momento, Nicolás Posse ocupaba dicho cargo, pero no se obtuvo su aprobación para el giro de los recursos.

A pesar de la transferencia millonaria, la compra de alimentos aún no se ha concretado. El PNUD, organismo internacional encargado de gestionar los fondos, se encuentra a la espera de nuevas instrucciones por parte del Ministerio de Capital Humano para continuar con el proceso de licitación. Esta falta de ejecución ha generado preocupación en un contexto de emergencia alimentaria, donde muchos sectores sociales señalan la falta de recursos y asistencia en comedores y merenderos populares.

Anteriores denuncias y contexto

Este hecho no es el primero que involucra a Pettovello en denuncias relacionadas con la compra de alimentos. En marzo de 2024, la ministra también fue señalada por una transferencia de 6.700 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la compra de aceite y lentejas. En este caso, la denuncia sostiene que la transferencia se realizó sin la autorización correspondiente del jefe de Gabinete. A pesar de los recursos enviados, la compra de alimentos aún está en proceso y algunos fondos continúan sin ser utilizados.

El presidente Javier Milei salió en defensa de la ministra Pettovello, calificándola como “la mejor ministra en el área social desde el regreso de la democracia”. Sin embargo, esta imputación ha generado un fuerte debate político, con la oposición y diversas organizaciones sociales cuestionando la gestión del Ministerio de Capital Humano. Acusan a la ministra de no ser lo suficientemente transparente y eficaz en la distribución de los recursos destinados a la asistencia alimentaria, situación que ha puesto en evidencia la creciente preocupación por la crisis económica y social que atraviesa el país.

Denuncian el uso de fondos públicos para la compra de armamento, municiones y vehículos blindados, mientras se recortan presupuestos en áreas sociales.

Un informe de la revista Contraeditorial ha revelado que el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, ha invertido más de 56.000 millones de pesos en la adquisición de equipamiento destinado a la represión de protestas y manifestaciones sociales. Esta cifra incluye armamento, municiones, gases lacrimógenos, equipos antidisturbios y vehículos blindados, muchos de los cuales han sido utilizados en recientes operativos de represión.

Según el informe, mientras el gobierno implementa ajustes en áreas sensibles como salud, educación y programas sociales, el gasto en equipamiento represivo ha sido prioritario. Entre las adquisiciones destacan escopetas, bastones, escudos, granadas de gas y camiones blindados, los cuales fueron desplegados en distintos operativos, incluyendo aquellos contra movilizaciones de jubilados y otros sectores de la sociedad.

Este gasto se ha convertido en un punto de conflicto, especialmente tras el violento operativo de represión llevado a cabo durante una movilización de jubilados frente al Congreso de la Nación, donde se empleó parte de este equipamiento para dispersar a los manifestantes y, en algunos casos, agredir a periodistas que cubrían la protesta.

Pedido de informes y crítica social

La diputada Natalia Zaracho presentó un pedido de informes en la Cámara de Diputados, exigiendo una explicación detallada sobre el destino de estos fondos y la justificación de las compras. La preocupación en torno a este gasto se centra en la falta de transparencia en el uso de los recursos públicos y la orientación punitiva que parece estar adoptando el Ministerio de Seguridad frente a las demandas sociales.

Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su rechazo a esta política, argumentando que se está priorizando el fortalecimiento del aparato represivo en lugar de destinar recursos a resolver las problemáticas sociales que atraviesan los sectores más vulnerables del país.

Un enfoque represivo que genera polémica

El incremento en la compra de equipamiento represivo se suma a las crecientes denuncias sobre la gestión de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad, que ha sido criticada por su enfoque punitivo frente a las protestas sociales. Los sectores que se oponen a este enfoque sostienen que la represión no es la respuesta a las demandas populares y que se debería invertir en políticas públicas que aborden las causas profundas de la protesta.

A medida que avanza la gestión de Bullrich, la controversia sobre el uso de los fondos públicos en seguridad sigue siendo un tema central en el debate político, mientras la sociedad se enfrenta a la creciente desigualdad y las dificultades económicas.

La señal de noticias macrista cometió polémico error al vincular un incidente ocurrido en un colegio porteño con la inseguridad en el conurbano, desatando una ola de críticas en las redes sociales.

Durante una cobertura en vivo sobre un caso de acoso a una menor en el barrio porteño de Parque Chacabuco, el canal LN+ generó controversia al titular erróneamente: “Inseguridad en el Conurbano: alumnos en la mira”.​

El incidente ocurrió frente a un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, donde un cronista informaba sobre la preocupación de la comunidad educativa tras la denuncia de un intento de acoso a una alumna de aproximadamente 12 años. Sin embargo, el zócalo que acompañaba la transmisión indicaba que el hecho había sucedido en el conurbano bonaerense, lo que provocó críticas en redes sociales y entre referentes políticos.​

En las redes, varios usuarios replicaron la noticia e hicieron notar su malestar por lo que se interpretó como un intento de atribuir un hecho ocurrido en la Ciudad a la Provincia de Buenos Aires, en medio de tensiones políticas entre el gobierno nacional y el bonaerense.​

Hasta el momento, LN+ no ha emitido ninguna corrección ni aclaración sobre lo sucedido, lo que ha alimentado las sospechas sobre la intencionalidad del mensaje. El hecho, grave por sí mismo y que merece toda la atención, quedó opacado por una gráfica errónea que volvió a poner en discusión el rol de algunos medios y su línea editorial frente a determinadas gestiones políticas.​

El diputado libertario Oscar Zago planteó un escenario preocupante respecto del control de la inflación. “Tuvimos el 3,7 el último mes. Fue algo sorpresivo. Se nos fue de las manos”, dijo. Se espera que en abril haya otro número similar, por la devaluación luego de la salida parcial del cepo.

El titular del MID consideró que el último índice del Indec “es preocupante” dijo a FM La Patriada y agregó que “para mí fue algo muy sorpresivo, siempre dije ‘estamos bajando’. Cuando viene uno de estos hechos es: ‘che, se nos fue de las manos'”.

Sobre la marcha anunciada por la CGT para el 30 de abril, el diputado nacional consideró que “todos los que quieran manifestarse, bienvenido sea, mientras sea en orden” y sumó que “la CGT tiene todo su derecho de manifestarse”.

El gasto en el bono de $70.000 que complementa las jubilaciones mínimas registró en marzo una caída interanual del 37% mientras que en el acumulado lleva una contracción del 31%, destaca un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP).

De acuerdo con los datos de la consultora, en marzo el Gobierno gastó $249.635 millones en el bono para los jubilados que están más abajo en la escala y acumuló entre enero y marzo erogaciones por $748.951 millones.

El gobierno de Javier Milei decidió que buena parte del ajuste lo paguen los jubilados argentinos. Por eso, cada miércoles, miles de trabajadores pasivos salen a la calle para protestar contra las políticas libertarias.

Argentina y Estados Unidos firmaron el pasado 13 de marzo un memorando de entendimiento de “cooperación entre fuerzas de operaciones especiales”, por el cual se permitirá el despliegue de tropas estadounidenses en la región patagónica argentina.

La iniciativa, resultado de tres días de negociaciones en el marco de las “SOF Talks” —encuentros orientados a potenciar la interoperabilidad y entrenamiento conjunto de fuerzas de élite— fue suscripta por el coronel Néstor Oprandi, comandante conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas argentinas, y el capitán de navío Nikolaos Sidiropoulos, director de Estrategia y Planes del Comando Sur de EE.UU.

Entre los ejercicios previstos se destaca “Daga Atlántica” (Atlantic Dagger), programado para febrero de 2026, que permitirá simular operaciones conjuntas de alto riesgo en entornos hostiles, con énfasis en técnicas como inserción por helo casting, evacuaciones médicas aéreas, interdicción marítima y despliegues rápidos mediante fast rope desde helicópteros.

Las maniobras se realizarán en Tierra del Fuego, Santa Cruz e Isla de los Estado, áreas que, por su clima extremo y características geográficas, ofrecen condiciones ideales para replicar escenarios de guerra en zonas polares. Esta geografía convierte al extremo sur argentino en una plataforma de entrenamiento clave, similar a la que las fuerzas estadounidenses utilizan en Alaska, y abre la puerta para ensayar tomas de control sobre rutas estratégicas, recursos naturales e infraestructura crítica como ser represas, gasoductos, puertos, aeropuertos etc.

Pero más allá del entrenamiento técnico, estos ejercicios adquieren un peso mayor en el actual tablero geopolítico global. En un mundo marcado por la puja entre grandes potencias —Estados Unidos, China y Rusia—, el control sobre territorios como la Patagonia y el Atlántico Sur se vuelve central. La cercanía al Estrecho de Magallanes, al Pasaje Drake/Mar de Hoces, al Canal de Beagle y a la Antártida convierte a esta región en un enclave de valor militar y económico para Washington de cara a su estrategia de control de puntos de estrangulamiento (choke points) ante la eventualidad de un conflicto con China. En este sentido vale recordar que hace pocos días Estados Unidos llegó a un polémico acuerdo con el gobierno de Panamá para desplegar tropas en el canal cuya inhabilitación obligaría al trafico marítimo a tomar la ruta del Cabo de Hornos junto al Estrecho de Magallanes y el Canal del Beagle.

La proyección estadounidense sobre el sur argentino no es nueva, pero adquiere nueva intensidad: a casi 43 años de la Guerra de Malvinas, las zonas de Santa Cruz y Tierra del Fuego vuelven a cobrar protagonismo. Esta vez, como posibles escenarios de despliegue del Comando Sur y ensayo para eventuales conflictos futuros en el Atlántico Sur.

Además, no es menor el hecho de que desde hace años, Estados Unidos y el Reino Unido ya realizan maniobras conjuntas en el área de las ocupadas Islas Malvinas. La novedad ahora es que las Fuerzas Armadas de EE.UU. reforzarán su presencia directa en el continente, algo inédito en décadas recientes y que sugiere un interés renovado en anticiparse a futuros escenarios de disputa por el agua, los minerales estratégicos, los pasos interoceánicos y la proyección hacia el continente antártico donde Estados Unidos se reserva el derecho a reclamar territorio mientras que Gran Bretaña ambiciona la totalidad de la porción reclamada por Argentina.

Desde el gobierno bonaerense cruzaron a Javier Milei por haberle hecho perder a la provincia y al país lo que pudo haber sido la inversión más grande de la historia argentina.

La tan codiciada planta de licuefacción de gas natural (GNL), que prometía ser la inversión más grande en la historia del país, no se construirá ni en Bahía Blanca, ni en Río Negro, ni en ninguna parte de Argentina. El proyecto que durante años impulsó YPF quedó sepultado por la mezquindad política y la falta de visión estratégica del gobierno de Javier Milei.

Lo que empezó como una disputa política entre el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires terminó por dinamitar una iniciativa que representaba entre 30 mil y 50 mil millones de dólares en inversiones, generación de empleo y aumento en la capacidad exportadora. Hoy, esa promesa se diluye en soluciones improvisadas: barcos factoría que reemplazan la infraestructura en tierra, con acuerdos que ya se están firmando para montar buques licuefactores en altamar.

La decisión fue confirmada por el propio CEO de YPF, Horacio Marín, al diario Río Negro, donde detalló que el proyecto Argentina LNG 1, 2 y 3 se realizará exclusivamente en barcos, descartando la planta onshore en Punta Colorada.

Criticas del Gobierno Bonaerense

Desde la provincia de Buenos Aires, las críticas no tardaron en llegar. El ministro Nicolás Kreplak fue directo: “El boicot del presidente a la instalación de una planta de GNL en Bahía Blanca, en lugar de trasladarla a Río Negro, simplemente destruyó la inversión”. Y remató: “Nuevamente Milei contra Bahía Blanca, contra la provincia de Buenos Aires y contra toda la Argentina”.

Por su parte el intendente Federico Susbielles retuiteó hoy un mensaje propio del 31 de julio pasado, cuando se anunció la relocalización. “El tiempo dirá si es un daño sólo para los bahienses o es un daño para todos los argentinos”, había escrito en esa ocasión. Hoy le agregó una breve frase: “y el tiempo dijo”.

Y el tiempo, dijo. https://t.co/hQfqnrTGxq

— Federico Susbielles (@fsusbielles) April 24, 2025

Otro que se manifestó fue el secretario general de los trabajadores de la industria del gas natural bahiense (Stingnra), Pablo Van Den Heuvel. “Se confirma lo que los trabajadores venimos diciendo hace más de un año. Mudar la planta fuera de Bahía era inviable porque disparaba irracionalmente los costos. Ahora YPF termina haciendo exactamente lo que dijimos”, aseguró. 

En conclusión, el resultado es claro: por las decisiones caprichosas y la guerra política del presidente, el país se quedó sin el pan y sin la torta. Y con ello, sin una de las oportunidades más importantes para el desarrollo energético nacional.