A pesar de que el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich buscó capitalizar mediáticamente el operativo, lo cierto es que la droga fue descubierta por el propio capitán del barco, quien dio aviso a sus superiores y permitió que se activara la intervención de las fuerzas federales.
El hallazgo de 469 kilos de cocaína en un buque cerealero en el puerto de San Lorenzo, operado por la polémica firma Vicentin, volvió a poner bajo la lupa los controles portuarios y las crecientes denuncias por su flexibilización. A pesar de que el Ministerio de Seguridad nacional buscó capitalizar mediáticamente el operativo, lo cierto es que la droga fue descubierta por el propio capitán del barco, quien dio aviso a sus superiores y permitió que se activara la intervención de las fuerzas federales.
La embarcación implicada, el “MV Ceci”, de bandera de las Islas Marshall, había arribado desde Emiratos Árabes Unidos y tenía previsto zarpar con destino a Montevideo, para luego completar su trayecto en Ámsterdam, Países Bajos. Llevaba 46 mil toneladas de pallets de girasol y se encontraba cargando en una de las terminales de Vicentin, una empresa que arrastra escándalos financieros y judiciales desde hace años.
Fue el propio capitán quien descubrió bultos sospechosos —en total, casi media tonelada de cocaína— en una de las cámaras frigoríficas del buque y dentro de los vestidores. Tras contactar al armador, se notificó a un estudio jurídico local, que finalmente canalizó la denuncia hacia la Unidad de Información Financiera (UIF), que activó el protocolo judicial.
Durante el operativo, llevado a cabo por Prefectura de Bajo Paraná y San Lorenzo a instancias del fiscal Claudio Kishimoto, también se incautaron boyas, flotadores y rastreadores satelitales, lo que refuerza la hipótesis de que la droga podría haber sido arrojada al agua para su posterior recuperación. Las autoridades investigan si el cargamento fue introducido en el puerto de San Lorenzo o en otro punto del trayecto.
Toda la tripulación del buque, integrada por 21 personas de nacionalidad filipina, fue inicialmente detenida, excepto el capitán, quien no solo no está imputado sino que es considerado testigo clave del caso.
Este nuevo escándalo se produce en un contexto en el que se han relajado varios controles sobre las embarcaciones exportadoras. La reciente Resolución 1278/2024 del Senasa simplificó el sistema de verificación de aptitud de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, excluyendo a aquellas que no requieren certificación sanitaria. Entre otras modificaciones, se redujeron los porcentajes de supervisión y se eliminaron controles sobre los tanques de los buques, también, se define qué es zona hidrovía y zona marítima y se amplía la antelación para las empresas sobre el conocimiento de los datos de inspección de 24 a 48 horas, lo que, según expertos, deja ventanas abiertas a la operatoria del narcotráfico.
El puerto de Vicentin, señalado en otras oportunidades por su opacidad, vuelve a quedar en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas. El hallazgo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad del crimen organizado. Llama la atención que no hubo ningún tipo de inteligencia criminal previa para poder anticipar que el cargamento estaba ahí. De no haber sido por la denuncia del capitán del buque muy probablemente jamás se hubiera sabido del caso, ante lo cual surge la pregunta sobre quien y como se controlan los puertos y vías navegables, y aun también cuantos cargamentos de este tipo pasaron por los puertos del Paraná sin ser detectados.