En declaraciones a Radio Splendid, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto criticó al gobierno de Javier Milei y afirmó que la situación que vive la Argentina “es casi una tiranía, un Gobierno que no es normal ni legal”.
La referente de Derechos Humanos sostuvo que “quien está gobernando tendría que estar en la cárcel por los delitos que ha cometido”. Además, señaló: “son descarados, la población está pasando hambre y es apaleada por reclamar algo”.
“Estamos viviendo un momento muy terrible y es realmente imposible de entender que hayamos llegado a esta situación”, lamentó De Carlotto.
No obstante, aclaró: “No aconsejamos hacer nada violento, pero si impulsar la unidad del pueblo para que las cosas cambien”.
En ese sentido, remarcó: “Tenemos el derecho y la obligación de condenar estas situaciones y hay que hacerlo de la manera que podamos y desde el lugar en que estemos”.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo pidió que “no agachemos la cabeza, todos somos argentinos, con la obligación de trabajar y (el derecho) de que nos den trabajo”.
“Lo que más deseo es que los jóvenes no aprendan lo malo, porque entraríamos en una decadencia muy difícil”, concluyó.
El gobierno de Javier Milei anunció que “volveremos a los mercados financieros internacionales en 2026”. Lo hizo después de incrementar la deuda con el FMI y con otros organismos internacionales por más de 20 mil millones de dólares.
“Vamos a salir a los mercados, porque el riesgo país ya está debajo de 700” (puntos), aseguraron. Es decir, la receta de siempre de la derecha argentina: deuda, deuda y más deuda.
En campaña, Milei había dicho que “tomar deuda es inmoral” porque compromete a “futuras generaciones, incluso las que todavía no nacieron”. En menos de dos años ya cambió de opinión y dejaron de importarles las futuras generaciones. Su ambición es llegar a las elecciones con algo de aire.
A pesar de que el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich buscó capitalizar mediáticamente el operativo, lo cierto es que la droga fue descubierta por el propio capitán del barco, quien dio aviso a sus superiores y permitió que se activara la intervención de las fuerzas federales.
El hallazgo de 469 kilos de cocaína en un buque cerealero en el puerto de San Lorenzo, operado por la polémica firma Vicentin, volvió a poner bajo la lupa los controles portuarios y las crecientes denuncias por su flexibilización. A pesar de que el Ministerio de Seguridad nacional buscó capitalizar mediáticamente el operativo, lo cierto es que la droga fue descubierta por el propio capitán del barco, quien dio aviso a sus superiores y permitió que se activara la intervención de las fuerzas federales.
La embarcación implicada, el “MV Ceci”, de bandera de las Islas Marshall, había arribado desde Emiratos Árabes Unidos y tenía previsto zarpar con destino a Montevideo, para luego completar su trayecto en Ámsterdam, Países Bajos. Llevaba 46 mil toneladas de pallets de girasol y se encontraba cargando en una de las terminales de Vicentin, una empresa que arrastra escándalos financieros y judiciales desde hace años.
Parte de los bultos con droga hallados en el buque anclado en el puerto que el grupo Vicentin dispone en San Lorenzo.
Fue el propio capitán quien descubrió bultos sospechosos —en total, casi media tonelada de cocaína— en una de las cámaras frigoríficas del buque y dentro de los vestidores. Tras contactar al armador, se notificó a un estudio jurídico local, que finalmente canalizó la denuncia hacia la Unidad de Información Financiera (UIF), que activó el protocolo judicial.
Durante el operativo, llevado a cabo por Prefectura de Bajo Paraná y San Lorenzo a instancias del fiscal Claudio Kishimoto, también se incautaron boyas, flotadores y rastreadores satelitales, lo que refuerza la hipótesis de que la droga podría haber sido arrojada al agua para su posterior recuperación. Las autoridades investigan si el cargamento fue introducido en el puerto de San Lorenzo o en otro punto del trayecto.
El hallazgo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad logística del crimen organizado.
Toda la tripulación del buque, integrada por 21 personas de nacionalidad filipina, fue inicialmente detenida, excepto el capitán, quien no solo no está imputado sino que es considerado testigo clave del caso.
Este nuevo escándalo se produce en un contexto en el que se han relajado varios controles sobre las embarcaciones exportadoras. La reciente Resolución 1278/2024 del Senasa simplificó el sistema de verificación de aptitud de bodegas de buques y barcazas para exportación de granos, excluyendo a aquellas que no requieren certificación sanitaria. Entre otras modificaciones, se redujeron los porcentajes de supervisión y se eliminaron controles sobre los tanques de los buques, también, se define qué es zona hidrovía y zona marítima y se amplía la antelación para las empresassobre el conocimiento de los datos de inspección de 24 a 48 horas, lo que, según expertos, deja ventanas abiertas a la operatoria del narcotráfico.
El puerto de Vicentin, señalado en otras oportunidades por su opacidad, vuelve a quedar en el centro de una trama internacional de tráfico de drogas. El hallazgo refuerza las denuncias sobre cómo la desregulación y la falta de controles sistemáticos en los puertos argentinos facilitan la actividad del crimen organizado. Llama la atención que no hubo ningún tipo de inteligencia criminal previa para poder anticipar que el cargamento estaba ahí. De no haber sido por la denuncia del capitán del buque muy probablemente jamás se hubiera sabido del caso, ante lo cual surge la pregunta sobre quien y como se controlan los puertos y vías navegables, y aun también cuantos cargamentos de este tipo pasaron por los puertos del Paraná sin ser detectados.
