En un contexto de creciente hostilidad del gobierno de Javier Milei hacia los medios de comunicación, el militante libertario Daniel Parisini (conocido como “El Gordo Dan”) realizó un pedido alarmante: que el Presidente encarcele periodistas “por decreto”, en clara violación de las garantías constitucionales y los principios democráticos básicos.
La libertad de expresión y de prensa atraviesa un momento crítico en Argentina. En medio de una escalada de tensiones entre el gobierno de Javier Milei y distintos medios de comunicación, sectores de su militancia más radicalizada han comenzado a pedir abiertamente medidas represivas contra periodistas. Uno de los episodios más alarmantes lo protagonizó el influencer libertario Daniel Parisini, conocido en redes sociales como “El Gordo Dan”, quien solicitó que el presidente “meta preso a algún periodista por decreto como hizo Alfonsín”, en referencia a una medida tomada durante la restauración democrática en 1985.
Este pedido no es un hecho aislado, sino parte de un clima político crecientemente adverso para la prensa . Parisini, una figura influyente dentro del espacio libertario en redes, realizó este planteo con total liviandad, ignorando las implicancias institucionales y constitucionales que conlleva encarcelar periodistas sin juicio previo y por decisión ejecutiva directa. La propuesta constituye un claro atropello al Estado de Derecho y a la división de poderes, pilares fundamentales de cualquier democracia.
Una distorsión peligrosa de la historia
El argumento de Parisini se basa en una tergiversación de los hechos ocurridos durante el gobierno de Raúl Alfonsín, cuando en octubre de 1985 el entonces presidente firmó el decreto 2049 que ordenó la detención de doce personas en el marco de un estado de sitio, por su presunta vinculación con un intento de desestabilización institucional que incluía atentados con bombas. Entre los detenidos había militares, civiles, y también algunos periodistas —como Jorge Vago y Daniel Horacio Rodríguez— pero la medida no estuvo orientada a censurar la prensa, sino a frenar una amenaza golpista real. Es decir, fue una acción de emergencia en un contexto completamente distinto al actual.
Comparar esa situación con la actualidad no solo desinforma, sino que busca justificar el uso del poder ejecutivo para silenciar voces críticas. El pedido del Gordo Dan no se da en un marco de excepción ni de peligro para la seguridad nacional: es una expresión autoritaria cuyo único fundamento es el rechazo a las opiniones que incomodan al oficialismo.
Lejos de tomar distancia de estos planteos, el propio presidente Javier Milei ha sido acusado de intentar ejercer presión directa sobre medios y periodistas. Según reveló el periodista Jon Heguier en El Destape Radio, Milei exigió la expulsión de los periodistas Luis Novaresio y Ángel “Baby” Etchecopar del canal de noticias A24. La situación se volvió especialmente tensa cuando, durante una visita sorpresa del mandatario a los estudios del canal, se solicitó que Novaresio no saliera de una sala para evitar que se cruzara con el presidente. La directiva fue acatada por temor a represalias.
💣Escándalo: Milei pidió echar a Luis Novaresio y a Baby Etchecopar de A24
— eldestape1070 (@eldestape_radio) May 2, 2025
🗨️La información exclusiva de @JonHeguier en #ElPaseDeElDestape
🔴VIVO: https://t.co/WwU18KlPBk pic.twitter.com/0bvGDm2Aro
Etchecopar, por su parte, también fue blanco de la militancia oficialista, con el propio Parisini sugiriendo que el periodista debería ir preso. En un video que se viralizó rápidamente, Etchecopar expresó su indignación: “Después de tantos años de democracia, ¿no se entendió nada? ¿Porque opinamos distinto se busca la cárcel para el periodismo? Es irrisorio”. Además, advirtió que quienes atenten contra la prensa libre están socavando los cimientos de la democracia misma.
Baby Etchecopar nos demuestra lo horrible que es ser gorila.
— M (@MConurbasic) May 2, 2025
La pasan mal cuando gobierna el peronismo, donde pueden hacer y decir lo que quieran. La pasan como el orto cuando gobiernan los enfermos que promocionan y militan porque los quieren desaparecer. pic.twitter.com/ObmxxEViva
Preocupa la deriva autoritaria del gobierno
La petición de Parisini y las presuntas maniobras del gobierno para callar a periodistas críticos marcan un punto de inflexión. No se trata simplemente de un debate político acalorado: se está cruzando una línea peligrosa que pone en riesgo libertades esenciales consagradas en la Constitución Nacional.
El encarcelamiento de periodistas sin causa judicial válida sería un acto inconstitucional, violatorio de tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por la Argentina, y atentaría contra el principio de libertad de prensa, esencial para el control del poder en sociedades democráticas.
El hecho de que estos pedidos surjan de referentes visibles del espacio libertario, y que desde el oficialismo no se haya desautorizado ni condenado firmemente tales expresiones, constituye un grave antecedente que debe encender alarmas en todo el arco político, en organismos de derechos humanos y en la ciudadanía en general.
Argentina ha vivido las consecuencias del autoritarismo. No puede permitirse, a 40 años del retorno de la democracia, que desde el poder o su militancia se promueva la persecución y el silenciamiento de la prensa. La libertad de expresión no es negociable ni puede quedar sujeta a la simpatía del gobierno de turno.