Una interna a cielo abierto del Gobierno de Javier Milei posó todas las miradas sobre el funcionamiento del PAMI. Por fuera de los auto denunciados aportes de funcionarios y empleados regionales a la caja política, se esconde una trama de negocios mucho mayor que incluye compras sin licitación y sobreprecios, según denuncian exautoridades del organismo.
Según informó Ámbito, los prestadores advierten que las irregularidades se multiplicaron en los últimos meses, que sufren “débitos automáticos” y que la ecuación de sus empresas está al límite.
El pasado 30 de abril el PAMI publicó en sus redes oficiales un comunicado en el que afirma que “las delegaciones no serán más una caja negra de la política”. El texto pone el foco sobre las oficinas territoriales, pero exfuncionarios advierten que las decisiones se toman desde la sede central y apuntan a dos nombres: Esteban Leguizamo y Carlos Zamparolo, número uno y dos del organismo.
