Pese a la narrativa oficial, la caída del consumo masivo ya golpea a casi el 60% de las empresas del sector, y muchas anticipan despidos ante la merma sostenida en las ventas y el deterioro de la rentabilidad.
Aunque el Gobierno insiste en mostrar signos de recuperación y desaceleración inflacionaria, la situación en los supermercados del país refleja una crisis que se agudiza. La caída del consumo masivo ya golpea a casi el 60% de las empresas del sector, y muchas anticipan despidos ante la merma sostenida en las ventas y el deterioro de la rentabilidad.
Según la más reciente Encuesta Nacional de Tendencia de Negocios a Supermercados y Autoservicios del INDEC, el 57,5% de las empresas reconoce que la baja demanda afecta gravemente su actividad, una cifra que viene en aumento y desmiente la narrativa oficial. En paralelo, un informe del MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía) de la Universidad Nacional de Rosario señala que más de la mitad de los supermercadistas considera hoy la caída del consumo como su principal preocupación, frente al 36% que lo hacía a fines de 2023.
El ajuste del gasto familiar ante la pérdida de poder adquisitivo se traduce en una retracción del consumo que no encuentra piso. La consultora Radar Scanntech reportó en abril una caída del 1,5% respecto al mes anterior y un derrumbe del 10,5% interanual en ventas de supermercados y autoservicios. Lejos de estos números, los datos oficiales del Gobierno muestran una baja marginal del 0,1%, lo que para el sector no refleja con precisión el escenario que enfrentan día a día.
Despidos en el horizonte
La preocupación no se limita al consumo: el 17,8% de las empresas del rubro ya prevé reducir su personal, frente a un escaso 2,7% que planea incorporar nuevos trabajadores. El resto mantiene una postura expectante y cautelosa, sin decisiones concretas, a la espera de mayor claridad en el rumbo económico.
Además del desplome en la demanda, los supermercadistas denuncian otros factores que presionan la rentabilidad. El 23,3% señala el costo laboral como un obstáculo central, mientras que persisten fuertes tensiones con los proveedores. Tras la última devaluación del dólar oficial en abril, muchas listas de precios llegaron con aumentos considerados “injustificados” por la Cámara de Supermercados Mayoristas (CASMA), lo que genera un efecto en cadena sobre precios finales y márgenes de ganancia.
Pese al respaldo público del ministro de Economía, Luis Caputo, a los supermercadistas, el conflicto continúa. El 57,7% de las empresas espera nuevos aumentos de precios de aquí a julio, y solo un 2,7% considera posible una baja en el corto plazo, a pesar de la estabilización parcial de la inflación.
Una brecha creciente entre relato y realidad
El discurso oficial se apoya en indicadores macroeconómicos que muestran cierta contención inflacionaria. Sin embargo, la economía real, la que se mide en cada ticket de compra y en cada góndola vacía, cuenta otra historia: la crisis del consumo no se detiene, el empleo en el sector empieza a resentirse, y la esperada recuperación aún no aparece en los hogares ni en los comercios.
Lejos de una reactivación, los supermercados viven un deterioro constante que amenaza con profundizarse. Mientras el Gobierno sostiene un relato de estabilización, la caída del consumo masivo y la tensión con proveedores anticipan un segundo semestre marcado por más recortes, menos empleo y un mercado interno cada vez más debilitado.