Mientras los sectores populares ajustan en alimentos y combustibles, las clases medias y altas disparan el gasto en ocio, electrónica e indumentaria. Un país partido en dos modelos de consumo.

Según datos oficiales del INDEC, en abril las ventas en supermercados cayeron un 32% interanual en términos reales, reflejando el impacto de la crisis en el consumo básico. También se desplomó el gasto en combustibles, con una caída del 24%, mientras el precio de la nafta subió un 87,1% respecto al mismo mes del año pasado. Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 41,4%, pero por debajo de la inflación, lo que indica una baja en la cantidad consumida.

En contraste, un informe del Ministerio de Hacienda de la Provincia de Buenos Aires, basado en datos del Banco Provincia, mostró que el consumo con tarjetas creció apenas un 1,1% interanual, pero con grandes diferencias entre rubros. Mientras los sectores populares reducen su gasto, la clase media y alta aumentó sus consumos en esparcimiento, gastronomía, indumentaria y electrónica. Solo en abril, restaurantes y hoteles crecieron un 70,9%, indumentaria y electrónica un 51%, y recreación y cultura un 47,8%.

El estudio detalla que quienes mantuvieron ingresos o se beneficiaron de la política económica actual aprovechan el dólar planchado, la apertura importadora y los planes de cuotas para acceder a bienes y servicios postergados. Mientras tanto, la mayoría de los hogares ajusta en lo básico, marcando un consumo de pura subsistencia: menos carne, menos nafta, menos changuito.

Así, los números revelan una Argentina partida en dos velocidades: unos que recortan lo esencial y otros que vuelven a gastar en placer y confort, alimentando una desigualdad cada vez más visible en los registros oficiales.

Con cifras que exhiben como trofeo, el Gobierno admite haber destruido casi el 10% del empleo público. El desguace estatal se profundiza con impactos críticos en salud, educación, ciencia y derechos sociales.

A 17 meses del inicio de su gestión, el gobierno de Javier Milei difundió con orgullo un balance lapidario: casi 48.000 trabajadores estatales fueron despedidos. El dato surge de un informe oficial del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que lidera Federico Sturzenegger, quien además anunció que el recorte “se profundizará en los próximos meses”.

Según el documento, entre diciembre de 2023 y abril de 2025, el Estado nacional redujo su planta laboral en un 9,6%, con especial impacto en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas del Estado, donde la caída del personal alcanzó el 13,7% y 16,4%, respectivamente. El informe cuantifica el “ahorro” en 1.885 millones de dólares anuales, sin contemplar el costo social de semejante poda.

El ajuste no se limitó a despidos de planta: los contratos bajo Ley Marco se redujeron un 20%, mientras que el personal contratado bajo la modalidad de monotributo (LOYS) se desplomó en un 55%. A pesar de las advertencias de gremios, universidades y organismos internacionales sobre el deterioro del servicio público, el Gobierno insiste en que sólo se sostendrán “las áreas que cumplan una misión esencial”, sin definir qué significa esa categoría.

Mientras tanto, los efectos del vaciamiento ya se sienten: hospitales sin personal suficiente, proyectos científicos paralizados, oficinas de atención ciudadana cerradas y programas sociales desmantelados. La lógica, denuncian sindicatos y especialistas, responde a un plan ideológico de desarticulación del Estado como garante de derechos.

En paralelo, el Gobierno decidió triplicar los gastos reservados de inteligencia, mientras desfinancia áreas clave como salud, educación, ciencia y políticas de género. “Esta no es una reestructuración, es una demolición”, advirtieron desde ATE, que prepara nuevas medidas de fuerza ante lo que describen como una “ola de despidos arbitrarios y generalizados”.

Desde Casa Rosada, la narrativa es otra. El informe de Desregulación celebra el plan de despidos como un ejemplo de “eficiencia” y anuncia más motosierra: nuevas desvinculaciones y supresión de organismos considerados “innecesarios”.

Convocados por el Conicet y organizaciones científicas, investigadores y ciudadanos se movilizan este miércoles en defensa de la ciencia argentina. Denuncian recortes del 50% en la inversión estatal, salarios por el piso, parálisis en el ingreso de científicos y el éxodo forzado de jóvenes investigadores.

En un contexto de ajuste feroz sobre el sistema científico y tecnológico nacional, investigadores, becarios y trabajadores del sector marcharán este miércoles a las 13 hacia el Polo Científico en la Ciudad de Buenos Aires. La consigna, tan contundente como urgente: “Sin ciencia no hay futuro”.

La protesta surge en respuesta a lo que desde distintos sectores ya definen como un “cientificidio”: recortes presupuestarios drásticos, paralización del ingreso a planta del CONICET, pérdida del poder adquisitivo de becas y sueldos, y un clima de hostigamiento discursivo que busca desprestigiar la labor científica.

La convocatoria, impulsada por numerosos institutos, universidades y colectivos de trabajadores de la ciencia, incluye una pieza audiovisual inspirada en El Eternauta, que apela a una memoria colectiva de resistencia ante lo que consideran una amenaza “tóxica” para el conocimiento nacional. La movilización principal será en Buenos Aires, pero se replicará en forma simultánea en ciudades de al menos ocho provincias.

El investigador del CONICET Alberto Kornblihtt advirtió en las últimas horas que “la situación actual no es una crisis más, es un intento deliberado de destrucción de décadas de desarrollo científico. Lo que está ocurriendo no es negligencia: es una decisión política que nos quiere borrar del mapa”.

Durante el primer trimestre de 2025, la inversión nacional en ciencia se redujo a la mitad respecto al año anterior, lo que significa un retroceso presupuestario a valores de 2005. Según un informe del Grupo de Estudios en Política Científica (EPC), la caída acumulada prevista para 2025 supera el 55% si se compara con la década anterior, incumpliendo además la Ley de Financiamiento de Ciencia y Tecnología sancionada por unanimidad en 2021.

Además de denunciar la paralización del sistema, los convocantes advierten sobre las consecuencias estructurales del desguace: deserción de jóvenes investigadores, cierre de líneas de trabajo, cancelación de proyectos internacionales y una creciente dependencia del conocimiento importado.

“No sólo están desfinanciando la ciencia. Están destruyendo el tejido institucional que la sostiene”, alertaron desde la Red Federal de Afectadxs por el Recorte en CyT. “No es un reclamo corporativo: es la defensa de un derecho social al conocimiento y al desarrollo”, afirmaron.

La marcha de este miércoles no será sólo una postal del malestar del sector. Será también, advierten los organizadores, un llamado a la sociedad para impedir que el país quede definitivamente a oscuras en materia científica y tecnológica.

Pese a la narrativa oficial, la caída del consumo masivo ya golpea a casi el 60% de las empresas del sector, y muchas anticipan despidos ante la merma sostenida en las ventas y el deterioro de la rentabilidad.

Aunque el Gobierno insiste en mostrar signos de recuperación y desaceleración inflacionaria, la situación en los supermercados del país refleja una crisis que se agudiza. La caída del consumo masivo ya golpea a casi el 60% de las empresas del sector, y muchas anticipan despidos ante la merma sostenida en las ventas y el deterioro de la rentabilidad.

Según la más reciente Encuesta Nacional de Tendencia de Negocios a Supermercados y Autoservicios del INDEC, el 57,5% de las empresas reconoce que la baja demanda afecta gravemente su actividad, una cifra que viene en aumento y desmiente la narrativa oficial. En paralelo, un informe del MATE (Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía) de la Universidad Nacional de Rosario señala que más de la mitad de los supermercadistas considera hoy la caída del consumo como su principal preocupación, frente al 36% que lo hacía a fines de 2023.

El ajuste del gasto familiar ante la pérdida de poder adquisitivo se traduce en una retracción del consumo que no encuentra piso. La consultora Radar Scanntech reportó en abril una caída del 1,5% respecto al mes anterior y un derrumbe del 10,5% interanual en ventas de supermercados y autoservicios. Lejos de estos números, los datos oficiales del Gobierno muestran una baja marginal del 0,1%, lo que para el sector no refleja con precisión el escenario que enfrentan día a día.

Despidos en el horizonte

La preocupación no se limita al consumo: el 17,8% de las empresas del rubro ya prevé reducir su personal, frente a un escaso 2,7% que planea incorporar nuevos trabajadores. El resto mantiene una postura expectante y cautelosa, sin decisiones concretas, a la espera de mayor claridad en el rumbo económico.

Además del desplome en la demanda, los supermercadistas denuncian otros factores que presionan la rentabilidad. El 23,3% señala el costo laboral como un obstáculo central, mientras que persisten fuertes tensiones con los proveedores. Tras la última devaluación del dólar oficial en abril, muchas listas de precios llegaron con aumentos considerados “injustificados” por la Cámara de Supermercados Mayoristas (CASMA), lo que genera un efecto en cadena sobre precios finales y márgenes de ganancia.

Pese al respaldo público del ministro de Economía, Luis Caputo, a los supermercadistas, el conflicto continúa. El 57,7% de las empresas espera nuevos aumentos de precios de aquí a julio, y solo un 2,7% considera posible una baja en el corto plazo, a pesar de la estabilización parcial de la inflación.

Una brecha creciente entre relato y realidad

El discurso oficial se apoya en indicadores macroeconómicos que muestran cierta contención inflacionaria. Sin embargo, la economía real, la que se mide en cada ticket de compra y en cada góndola vacía, cuenta otra historia: la crisis del consumo no se detiene, el empleo en el sector empieza a resentirse, y la esperada recuperación aún no aparece en los hogares ni en los comercios.

Lejos de una reactivación, los supermercados viven un deterioro constante que amenaza con profundizarse. Mientras el Gobierno sostiene un relato de estabilización, la caída del consumo masivo y la tensión con proveedores anticipan un segundo semestre marcado por más recortes, menos empleo y un mercado interno cada vez más debilitado.

Cristina Kirchner convocó a una reunión extraordinaria del espacio con el objetivo de analizar para evaluar la “situación política y electoral” del país.

La expresidenta Cristina Kirchner encabezó este martes una reunión del Consejo Nacional del Partido Justicialista (PJ) donde insistió en advertir que el desdoblamiento electoral dispuesto en algunas provincias “le quita fuerza al proyecto nacional”.

La titular del PJ convocó a una reunión extraordinaria del espacio con el objetivo de analizar para evaluar la “situación política y electoral” del país.

“Tenemos que discutir con el Gobierno Nacional no una cuestión de territorio, sino del modelo que está hambreando a nuestra gente, y eso solo se puede hacer desde una discusión nacional porque la elección está nacionalizada y teñida de violeta”, afirmó la senadora bonaerense Teresa García tras el encuentro en la sede del PJ, convocado por la propia Cristina Kirchner, quien preside el partido.

Al ser consultada sobre la situación del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien convocó a comicios legislativos en su distrito para el 7 de septiembre, García aclaró que “no se le ha pedido a ningún gobernador que modifique sus elecciones”.

No obstante, la legisladora recordó que “hace dos meses Cristina dijo públicamente que si hay desdoblamiento, iba a ser candidata”. Y agregó: “Obviamente hay resultados que van modificando la realidad. Cristina hoy es la presidenta del PJ, y la obligación que tiene el PJ es tratar de ordenar al peronismo para que sea una alternativa en octubre”.

Por su parte, el senador José Mayans señaló tras el encuentro que se analizó “cómo trabajar en este tiempo con el hecho de que el Gobierno Nacional ha decidido no tratar el Presupuesto y maneja los fondos públicos a su antojo”.

“Analizamos la situación de algunas provincias, como Salta, Jujuy y Misiones, y tenemos un esquema nacional en donde La Libertad Avanza (LLA) tiene una presencia y un programa de gobierno que está afectando la vida de los argentinos porque, como dijo este gran actor, la gente no llega a fin de mes”, sostuvo Mayans, en clara alusión a Ricardo Darín, quien advirtió sobre el alza en el costo de vida.

Finalmente, la exsenadora Ana Almirón confirmó que Cristina Kirchner viajará el próximo sábado a Corrientes. La expresidenta mostró “preocupación no solo por el temporal, sino porque es un año electoral donde el peronismo quiere gobernar”, en referencia a los comicios ejecutivos en esa provincia que se llevarán a cabo el 31 de agosto.

Según información oficial, crecen las deudas de las familias argentinas porque el poder adquisitivo no alcanza para cubrir los gastos mensuales. El 91% de los hogares está endeudado según el último informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE). Entre los gastos más destacados se encuentran el rubro de alimentos que explica el 58% de las deudas con tarjeta de crédito.

Según el estudio, las deudas de las familias se tomaron en un 73% en el año 2024, tras las fuerte devaluación del gobierno de Javier Milei y consecuente inflación, que en el primer cuatrimestre acumuló un 64,99%. Durante ese año, el salario cayó entre un 10 y un 30% según el sector.

Mientras, los alimentos subieron en dólares en forma récord como lo comprobó la polémica en torno a una docena de empanadas que puede costar entre 20 y 50 dólares, un precio absolutamente delirante.

En el Consejo de la Magistratura había diferentes denuncias sobre un viaje pagado por el Grupo Clarín en el que participaron el juez federal Julián Ercolini, el juez federal económico Pablo Yadarola, el juez Pablo Cayssials del juzgado contencioso administrativo 9 y Carlos Mahiques, integrante de la Sala II de la Cámara de Casación Penal. En el viaje cuestionado estuvieron también el ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques. El viaje ¿de placer y negocios? fue a la mansión de Joe Lewis en la Patagonia.

El caso sería un escándalo en cualquier lado del mundo. Una empresa pagando favores a fiscales y jueces a cambio de ¿qué? Nunca lo sabremos porque los principales medios y ahora el Consejo de la Magistratura decidió archivar el tema gracias a la desidia de los jueces que participan en el mismo Consejo. Es decir: los jueces protegen a sus colegas. Una vergüenza.