Francos anticipó que vetarán toda ley que busque mejorar los ingresos de jubilados y personas con discapacidad. A la par, el Ejecutivo destinó casi $30.000 millones a inteligencia y espionaje.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este lunes que el Gobierno de Javier Milei vetará cualquier iniciativa del Congreso que busque mejorar los ingresos de jubilados o declarar la emergencia en el área de discapacidad, en medio de una crisis social profunda y creciente presión parlamentaria.
“El Ejecutivo va a vetar” esas leyes, dijo Francos en declaraciones radiales, argumentando que “no hay recursos” y señalando que el sistema previsional “no es sostenible”. La decisión fue anticipada justo cuando la Cámara de Diputados se prepara para debatir reformas clave en esas áreas, impulsadas por bloques opositores y respaldadas por organizaciones sociales.
El contraste con otras prioridades del oficialismo generó inmediato repudio: mientras el Gobierno se niega a asistir a sectores vulnerables, aumentó sustancialmente las partidas para la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE. En lo que va del año, ya destinó casi 30 mil millones de pesos a ese organismo, de los cuales 8 mil millones corresponden a gastos reservados, bajo el amparo de su nuevo Plan de Inteligencia Nacional. Las denuncias por espionaje ilegal, seguimientos a opositores y periodistas no han hecho más que multiplicarse.
Francos justificó la decisión en “la relación activa-pasiva del sistema jubilatorio”, y condicionó cualquier mejora a una hipotética reforma laboral y tributaria futura. “No podemos pagar lo que no tenemos”, sostuvo, aunque evitó responder sobre el desvío de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses, en beneficio de la especulación financiera.
Justamente, uno de los casos que más compromete ese fondo es el default del Grupo Albanesi, deudor principal de un bono internacional por USD 350 millones, del cual el FGS es el mayor acreedor. La empresa acaba de dejar impagos USD 19,5 millones en intereses y su pasivo total supera los USD 1.000 millones.
En simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue señalado por la oposición por utilizar activos del FGS para frenar la suba del dólar, comprometiendo la sustentabilidad del sistema previsional mientras se niega asistencia directa a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores del sector.
Las centrales sindicales, agrupaciones de discapacidad y bloques opositores ya evalúan estrategias judiciales y legislativas para frenar lo que consideran una “política de ajuste brutal y discriminatoria”, que castiga a los más vulnerables mientras protege intereses del poder financiero y del aparato de inteligencia.