En el entorno presidencial desestimaron de plano la posibilidad de que Karina Milei compita en las legislativas del 7 de septiembre, incluso en un eventual escenario donde Cristina Fernández de Kirchner se postule por una banca en la provincia de Buenos Aires.

En el Gobierno nacional desestimaron completamente la posibilidad de que Karina Milei sea candidata en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, incluso si Cristina Fernández de Kirchner decidiera competir por una banca en la provincia de Buenos Aires.

“Karina no va a ser candidata. Eso seguro”, aseguraron desde Casa Rosada, en diálogo con periodistas acreditados. La decisión no responde solo a una estrategia política, sino al reconocimiento interno de que la hermana del presidente Javier Milei arrastra una pésima imagen social, lo que la vuelve electoralmente inviable.

La versión sobre una posible postulación de Karina surgió como respuesta a la posibilidad de que CFK encabece una lista en la Tercera Sección electoral bonaerense. Sin embargo, en el entorno libertario aseguran que Cristina no competirá y que solo utiliza la amenaza de una candidatura para presionar al gobernador Axel Kicillof.

En cuanto a los candidatos libertarios para las elecciones bonaerenses, aún no se han definido los nombres que encabezarán las listas en cada una de las ocho secciones electorales. En Casa Rosada aseguran estar buscando un perfil similar al del vocero presidencial, Manuel Adorni, tras su buen desempeño en las PASO porteñas.

Para las legislativas nacionales del 26 de octubre, en cambio, todo apunta a que José Luis Espert liderará la lista de diputados por la provincia, a pesar de resistencias internas atribuidas a Karina Milei y al operador Sebastián Pareja. “Si Milei ya lo confirmó, nadie lo va a contradecir”, explicó un dirigente oficialista.

En la Ciudad de Buenos Aires, crece la posibilidad de que Patricia Bullrich encabece la lista de senadores nacionales por La Libertad Avanza, tras su reciente afiliación al espacio libertario. En cuanto al resto de los cargos, las fuentes aclaran que no se completarán las listas con “famosos”, sino con personas que, según ellos, “odien a la clase política”.

La hermana del presidente y el titular de Diputados recibieron protestas espontáneas de productores yerbateros, jubilados y tareferos en Oberá, con gritos de rechazo y denuncias por políticas nacionales.

“¡Andate!” , “¡váyanse a la mierda!” , “¡hijos de puta!” . Con estos gritos fue recibida Karina Milei , Secretaria General de la Presidencia, y Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados, durante una recorrida partidaria de La Libertad Avanza en Oberá, provincia de Misiones , este domingo.

Lo que estaba previsto como un acto de campaña para afianzar la presencia electoral del partido libertario en una provincia clave, terminó en disturbios espontáneos cuando un grupo de manifestantes —entre ellos productores yerbateros , tareferos , jubilados y militantes de la CTA— se cruzó con la comitiva oficial.

Entre los reclamos más escuchados estuvo la exigencia de un “precio justo para la yerba mate” y la restitución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) , clausurado por el gobierno nacional en diciembre pasado. Además, adultos mayores expresaron su preocupación por la falta de subsidios para medicamentos esenciales y pidieron mejoras urgentes en sus jubilaciones.

Durante el episodio, Karina Milei y Martín Menem debieron retirarse rápidamente en una camioneta con vidrios polarizados, mientras las consignas se multiplicaban: “¡basta de ajuste!” , “¡no somos moneda de cambio!” y “¡la yerba no se vende así!” .

El influencer Iñaki Gutiérrez también acompañaba la actividad, filmando para sus redes sociales, aunque no fue directamente involucrado en los disturbios.

Este hecho ilustra las dificultades de La Libertad Avanza para conectar con sectores rurales y populares en contextos de crisis económica y descontento social, especialmente en una región donde el Frente Renovador de la Concordia lidera las intenciones de voto y la oposición aparece dividida.

La Justicia ordenó la suspensión del DNU del gobierno nacional que restringía el derecho a huelga, un duro revés para el Ejecutivo en plena ofensiva judicial contra las protestas sociales.

La Justicia federal ordenó la suspensión del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el gobierno de Javier Milei que establecía límites al derecho de huelga, considerando que su implementación viola principios constitucionales y convenios internacionales ratificados por Argentina.

El fallo, emitido por el juez Santiago Hernán Corso, respondió a una acción de amparo presentada por diversos sindicatos opositores que cuestionaron la constitucionalidad del decreto. Entre los reclamantes se encontraban sectores de la CGT, agrupaciones docentes, estatales y gremios de transporte.

En su resolución, el magistrado sostuvo que el DNU “intervino indebidamente en derechos colectivos reconocidos por la Constitución Nacional y tratados internacionales”, y advirtió que no corresponde al Poder Ejecutivo modificar condiciones laborales esenciales mediante instrumentos de urgencia.

Este fallo representa un nuevo enfrentamiento entre el gobierno nacional y el Poder Judicial, en momentos en que el presidente Milei busca avanzar con reformas y medidas de ajuste bajo el argumento de la crisis económica. La decisión judicial, aunque provisional, pone en suspenso una de las principales herramientas de presión social y sindical en medio de un escenario de creciente descontento.

Aseguran que el ministro “de manera arbitraria y contraria a la normativa” solicitó la renuncia del Consejo Directivo del hospital.

El relato oficial del gobierno contra el hospital Garrahan sufrió un fuerte revés: el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó al ministro de Salud, Mario Lugones, por presuntas irregularidades en el manejo del Hospital Garrahan, en el marco de una denuncia presentada por Elisa Carrió y la diputada Marcela Campagnoli.

Según la presentación judicial, Lugones habría exigido la renuncia del Consejo Directivo del hospital “de manera arbitraria y contraria a la normativa vigente”, con el aval de sus superiores. El hecho no sólo genera alarma por la presunta ilegalidad del procedimiento, sino que pone en jaque uno de los emblemas del sistema de salud pediátrica del país.

La causa quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y se suma al creciente malestar dentro del Garrahan, donde aún persiste un conflicto salarial sin resolver. Mientras tanto, desde el Gobierno optaron por el silencio, en un intento de contener el impacto político de la imputación a uno de los ministros más cercanos al Ejecutivo.

La denuncia, impulsada desde la Coalición Cívica, no sólo apunta al accionar del ministro, sino que expone un preocupante patrón de intervención política en instituciones sensibles. Para la oposición, el caso refleja una contradicción flagrante entre el discurso oficialista y la realidad de su gestión.

Este nuevo frente judicial representa un revés contundente para el Gobierno, que deberá dar explicaciones mientras la Justicia avanza en la investigación y crecen las voces que exigen la suspensión inmediata del funcionario.

El militante libertario Carlos Alberto Ficarra Toledo, se presentó el pasado miércoles 28 de mayo en el Alvear Palace Hotel de Recoleta y pidió la suite presidencial. ante la negativa alegó tener explosivos en su auto y un detonador dentro de un libro.

Carlos Alberto Ficarra Toledo, un fervoroso defensor de “las ideas de la libertad” y seguidor incondicional del presidente Javier Milei, protagonizó un insólito y alarmante episodio en el icónico Hotel Alvear. El hombre, de 34 años, se presentó el 28 de mayo en el lujoso establecimiento de Recoleta exigiendo la suite presidencial. Ante la negativa del personal, reaccionó asegurando estar dispuesto a volar el lugar y alego tener explosivos en su vehículo y un detonador oculto en un libro.

El hecho activó un protocolo de emergencia con la intervención de un escuadrón antibombas de la Policía de la Ciudad. Aunque la amenaza resultó falsa, el operativo mantuvo en vilo al hotel por más de una hora. Al ser reducido y detenido, Ficarra fue encontrado portando documentación judicial vinculada a una excarcelación reciente, concedida bajo caución juratoria.

Lejos de ser un desconocido, el militante libertario posee un largo historial judicial. Está vinculado a causas por narcotráfico, violación de medidas procesales e intimidación pública. Su primera imputación data de 2016, cuando fue acusado junto a su hermano de integrar una red de distribución de drogas entre Salta y Mar del Plata. Desde entonces, su prontuario incluye reincidencias, arresto domiciliario incumplido, y nuevos delitos relacionados al transporte de sustancias ilegales y amenazas públicas.

Sin embargo, lo que vuelve aún más llamativa su figura es su militancia política y su exposición en redes sociales. Ficarra se autodefine como “Liberal Libertario” y se muestra como un apasionado admirador de Javier Milei. En Instagram, X, Threads y Facebook se presenta como empresario guiado por Dios y republica constantemente contenido a favor del presidente, incluyendo selfies con una gorra con simbología libertaria, imágenes del lanzamiento del libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, y fotos con referentes libertarios como Iñaki Gutiérrez.

También ha realizado donaciones al canal de streaming La Misa del influencer libertario Daniel Parisini (“El Gordo Dan”), con mensajes efusivos de admiración al mandatario:

“JAVO, Emperador Milei, nacido para pulverizar récords! Eres el titán supremo de la Tierra… ¡Vamos por todos, General!”

Este fervor no es aislado: Ficarra suele publicar textos religiosos, mensajes de tono mesiánico y frases como “A muerte con Milei”, dejando entrever una fusión de fe, fanatismo y política que se proyecta también en sus acciones más extremas.

La última publicación que hizo en redes sociales, antes de su detención, mantiene el mismo tono delirante y paranoide que caracteriza muchos de sus posteos:

“Estoy secuestrado mal. Sin agua, sin comida y con menores de edad. Encerrado. Asustado. Con una bomba pegada al pecho. Necesito paz”.

El caso de Carlos Ficarra Toledo deja al descubierto un fenómeno más amplio: el surgimiento de militantes radicalizados que, en nombre de la libertad y la lucha contra la “casta”, cruzan peligrosamente la línea entre activismo político y amenaza pública.

Mientras los médicos del prestigioso hospital Garrahan ganan entre 700 mil y 1,5 millones de pesos por mes, el gobierno de Javier Milei decidió gastar 100 millones de pesos para instalar un lector biométrico y controlar presentismo.

Además, en un duro comunicado, los profesionales recordaron lo que cuestan los trolls que el propio gobierno contrata en redes sociales para hostigar a los propios médicos a los que condena a un salario de miseria. Las cuentas principales libertarias de X (ex Twitter) cobran entre 3 y 5 millones de pesos y cuentan con un contrato estatal. Prioridades…

A su vez, los trabajadores del hospital aseguraron que todavía no llegaron a ningún acuerdo con el gobierno a pesar de los anuncios oficiales sobre un aumento a los residentes, a los cuales Javier Milei decidió pasar por motosierra a pesar de que son quienes cada día se ocupan de la salud de miles de chicos, muchos con cuadros muy delicados. Las consecuencias de un gobierno insensible.

Francos anticipó que vetarán toda ley que busque mejorar los ingresos de jubilados y personas con discapacidad. A la par, el Ejecutivo destinó casi $30.000 millones a inteligencia y espionaje.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó este lunes que el Gobierno de Javier Milei vetará cualquier iniciativa del Congreso que busque mejorar los ingresos de jubilados o declarar la emergencia en el área de discapacidad, en medio de una crisis social profunda y creciente presión parlamentaria.

“El Ejecutivo va a vetar” esas leyes, dijo Francos en declaraciones radiales, argumentando que “no hay recursos” y señalando que el sistema previsional “no es sostenible”. La decisión fue anticipada justo cuando la Cámara de Diputados se prepara para debatir reformas clave en esas áreas, impulsadas por bloques opositores y respaldadas por organizaciones sociales.

El contraste con otras prioridades del oficialismo generó inmediato repudio: mientras el Gobierno se niega a asistir a sectores vulnerables, aumentó sustancialmente las partidas para la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE. En lo que va del año, ya destinó casi 30 mil millones de pesos a ese organismo, de los cuales 8 mil millones corresponden a gastos reservados, bajo el amparo de su nuevo Plan de Inteligencia Nacional. Las denuncias por espionaje ilegal, seguimientos a opositores y periodistas no han hecho más que multiplicarse.

Francos justificó la decisión en “la relación activa-pasiva del sistema jubilatorio”, y condicionó cualquier mejora a una hipotética reforma laboral y tributaria futura. “No podemos pagar lo que no tenemos”, sostuvo, aunque evitó responder sobre el desvío de fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que administra la Anses, en beneficio de la especulación financiera.

Justamente, uno de los casos que más compromete ese fondo es el default del Grupo Albanesi, deudor principal de un bono internacional por USD 350 millones, del cual el FGS es el mayor acreedor. La empresa acaba de dejar impagos USD 19,5 millones en intereses y su pasivo total supera los USD 1.000 millones.

En simultáneo, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue señalado por la oposición por utilizar activos del FGS para frenar la suba del dólar, comprometiendo la sustentabilidad del sistema previsional mientras se niega asistencia directa a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores del sector.

Las centrales sindicales, agrupaciones de discapacidad y bloques opositores ya evalúan estrategias judiciales y legislativas para frenar lo que consideran una “política de ajuste brutal y discriminatoria”, que castiga a los más vulnerables mientras protege intereses del poder financiero y del aparato de inteligencia.

Policía y Prefectura desalojaron con violencia a 300 feriantes que pedían reabrir La Salada. Aplicaron el protocolo de Bullrich: gas pimienta y balas de goma contra trabajadores.

La protesta de cerca de 300 trabajadores de la feria La Salada terminó este lunes en una brutal represión por parte de efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval, que actuaron bajo el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Los feriantes se habían concentrado por la mañana sobre Camino Negro, a la altura de Puente La Noria, para exigir el fin de la clausura judicial que desde hace más de once días les impedía trabajar. Denunciaron que el cierre del predio los dejó sin ingresos y sin respuestas claras sobre cuándo podrían retomar sus actividades.

La respuesta estatal fue inmediata y violenta: sin establecer un canal de diálogo, las fuerzas de seguridad avanzaron con gas pimienta y disparos de balas de goma para desalojar la zona, generando momentos de tensión y caos. Algunos trabajadores resultaron heridos y otros denunciaron robos y destrozos en sus pertenencias.

La clausura de la feria había sido dispuesta por la Justicia en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en ciertos puestos, pero afectó a cientos de familias que dependen del predio para subsistir. El operativo represivo se dio mientras desde el Gobierno se insiste con la “tolerancia cero” ante cualquier manifestación que interrumpa la circulación.

El episodio reavivó las críticas al protocolo de seguridad del oficialismo, cuestionado por organizaciones sociales, sindicatos y organismos de derechos humanos que denuncian una escalada represiva frente a los crecientes reclamos populares por la crisis económica.

El gobierno de Javier Milei mintió hace un mes cuando aseguró que las reservas del Banco Central llegarían a los 50 mil millones de dólares gracias al acuerdo con el FMI. Lo dijo en abril y no cumplió: terminaron el mes por debajo de 40 mil millones. Las reservas reales siguen negativas.

Por eso, el gobierno salió desesperadamente a buscar dólares “del colchón” mientras volvió a endeudarse a tasas descomunales por mil millones de dólares. El modelo de Milei no genera dólares genuinos y necesita del endeudamiento o los blanqueos.

Mientras, la economía sigue complicada y cada vez más sectores empiezan a mostrar problemas de empleo o salarios, como se vio en las últimas semanas con protestas de diferentes sectores en distintos puntos del país, desde los yerbateros en Misiones a los industriales de Tierra del Fuego.

La histórica empresa prepara un parate de su planta central en la localidad de Quilmes. Advierten de una caída de las ventas de más del 40%. Los trabajadores son empujados a tomar vacaciones adelantadas.

La crisis del consumo masivo comienza a mostrar efectos profundos en sectores clave de la industria argentina. En un hecho sin precedentes en su historia reciente, Cervecería y Maltería Quilmes se prepara para un parate total en su planta central ubicada en la localidad bonaerense de Quilmes, como respuesta a una abrupta caída en sus niveles de venta.

Según estimaciones internas, la merma en las ventas ya superaría el 40%, con algunos datos que indican un desplome cercano al 45%. Este retroceso, atribuido al enfriamiento de la economía producto del actual plan económico impulsado por el Gobierno libertario, empieza a impactar directamente en los niveles de producción.

Aunque la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA) asegura no haber recibido información oficial sobre una suspensión inmediata, fuentes internas de la planta confirmaron la inminencia del parate. Se prevé que la producción se detenga durante la próxima semana o, a más tardar, la siguiente.

En paralelo, empleados de la planta informaron al portal InfoGremiales que la empresa ya comunicó la posibilidad de otorgar vacaciones obligatorias o, en su defecto, aplicar suspensiones por 15 días con el pago del 75% del salario. Más aún, en algunas áreas estarían presionando al personal para que adelanten vacaciones incluso correspondientes al año 2026.

Estas medidas, explican, buscan evitar decisiones más drásticas en el corto plazo, aunque evidencian un escenario preocupante para una de las compañías más emblemáticas del país.

Cervecería y Maltería Quilmes emplea de manera directa a unos 6.000 trabajadores y sostiene cerca de 130.000 empleos indirectos a lo largo de su red de producción, distribución y comercialización. Pese a las recurrentes crisis económicas del país, la empresa había logrado mantener su estabilidad gracias a su escala y diversificación. Sin embargo, el contexto actual marca un punto de inflexión.

El freno de su planta principal representa una señal de alerta para todo el sector industrial argentino, en un escenario donde la caída del consumo ya no es solo una estadística, sino una amenaza concreta para la producción y el empleo.