Mientras el Gobierno nacional insiste en negar el drama social y tildar de “políticos” los reclamos por salarios dignos, los datos oficiales del INDEC desmienten su relato: en abril, una familia tipo necesitó $1.119.429 para no caer en la pobreza.
El umbral individual, por su parte, se ubicó en $359.243. Esto significa que, según el propio Estado, un adulto debería sobrevivir con al menos $12.000 diarios sólo para cubrir lo esencial. Ni alquiler, ni transporte, ni educación ni salud están contemplados en este cálculo.
Los datos desnudan la crudeza del ajuste: en apenas un año, la Canasta Básica Total aumentó un 34%. Y eso, con una metodología de medición que sigue anclada en los patrones de consumo del año 2004, cuando ni los servicios digitales ni los medicamentos crónicos tenían el peso actual en la economía de los hogares.
Pese a esto, referentes del oficialismo como la diputada libertaria Juliana Santillán minimizaron las protestas de los médicos residentes del Hospital Garrahan, que exigen salarios por encima de la línea de pobreza, al asegurar que “el reclamo es político”.
El contraste es brutal: mientras los hospitales públicos enfrentan recortes y sus trabajadores deben endeudarse para comer, el discurso oficial se refugia en un negacionismo económico que la propia estadística estatal dinamita.
El Gobierno pide paciencia y promesas, pero los números son inapelables: en la Argentina de Milei, trabajar no garantiza comer.
