Mientras el Gobierno nacional insiste en negar el drama social y tildar de “políticos” los reclamos por salarios dignos, los datos oficiales del INDEC desmienten su relato: en abril, una familia tipo necesitó $1.119.429 para no caer en la pobreza.
El umbral individual, por su parte, se ubicó en $359.243. Esto significa que, según el propio Estado, un adulto debería sobrevivir con al menos $12.000 diarios sólo para cubrir lo esencial. Ni alquiler, ni transporte, ni educación ni salud están contemplados en este cálculo.
Los datos desnudan la crudeza del ajuste: en apenas un año, la Canasta Básica Total aumentó un 34%. Y eso, con una metodología de medición que sigue anclada en los patrones de consumo del año 2004, cuando ni los servicios digitales ni los medicamentos crónicos tenían el peso actual en la economía de los hogares.
Pese a esto, referentes del oficialismo como la diputada libertaria Juliana Santillán minimizaron las protestas de los médicos residentes del Hospital Garrahan, que exigen salarios por encima de la línea de pobreza, al asegurar que “el reclamo es político”.
El contraste es brutal: mientras los hospitales públicos enfrentan recortes y sus trabajadores deben endeudarse para comer, el discurso oficial se refugia en un negacionismo económico que la propia estadística estatal dinamita.
El Gobierno pide paciencia y promesas, pero los números son inapelables: en la Argentina de Milei, trabajar no garantiza comer.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacional Máximo Kirchner, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof estrecharon lazos con una reunión clave en la Ciudad de Buenos Aires para consolidar una estrategia electoral conjunta en la provincia de Buenos Aires.
La convocatoria, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner, refleja un claro gesto de unidad frente a las amenazas que emergen del avance de La Libertad Avanza y el PRO, fuerzas que buscan arrebatar el control en la principal jurisdicción electoral del país. Este encuentro fue el segundo contacto directo entre los referentes en menos de una semana, luego de un primer diálogo telefónico que sirvió para limar asperezas y afianzar la coordinación.
Pese a las tensiones del pasado, donde Axel Kicillof mantuvo distancia pública en momentos claves dentro del Partido Justicialista, la necesidad de presentar un frente unido ante el desafío electoral superó las diferencias. La presencia de Máximo Kirchner en la reunión reforzó el mensaje de cohesión y compromiso político en torno al proyecto que impulsa el oficialismo.
Mientras tanto, en la calle y en el terreno político, la oposición intensifica su campaña. Los libertarios, confiados en captar votos en la Tercera Sección Electoral, apuestan por candidaturas pegadas al partido de Macri y a operadores mediáticos de poca monta. Sin embargo, el movimiento peronista responde con señales claras de fortaleza interna, comenzando por la propia foto de unidad de sus principales figuras.
La estrategia apunta a neutralizar la dispersión del voto y consolidar el apoyo en cada uno de los distritos, conscientes de que los comicios de septiembre y octubre serán decisivos para definir la correlación de fuerzas en el Congreso.
Con esta reunión, Cristina, Máximo y Kicillof envían un mensaje contundente: ante la amenaza opositora, la respuesta es la unidad y la coordinación firme, sellando una alianza que, en los próximos meses, buscará imponerse en la provincia más decisiva del país.
La ministra de Seguridad mantiene con dinero público a su agrupación de militantes “Halcones Republicanos”, acomodándolos en cargos estatales y repartiendo contratos dentro de su ministerio, e incluso organizando encuentros pagos con funcionarios.
Con un discurso inflexible contra la corrupción y la promesa de transparencia como bandera, Patricia Bullrich no ha dejado de repetir que llegó para “ordenar” el Estado. Pero en los hechos, la ministra de Seguridad sostiene con dinero público a su agrupación juvenil Halcones Republicanos, colocándolos en cargos estatales, repartiendo contratos dentro de su ministerio, y hasta organizando encuentros pagos con funcionarios, mientras presenta todo como una cruzada ética.
La estructura política que acompaña a Bullrich desde hace años no es casual ni improvisada: está pensada para ocupar espacios del Estado en cada gestión, no solo para mantener fidelidad política, sino también para sobrevivir en los años de vacas flacas. Así, los Halcones Republicanos, su agrupación juvenil de línea dura, no sólo siguen su trayecto del PRO a La Libertad Avanza, sino que han sido premiados con puestos dentro del Ministerio de Seguridad, sin tapujos. ¿Y la meritocracia proclamada por la ministra? bien gracias.
Su ex vicepresidente en Jóvenes PRO y ahora mano derecha en los Halcones, Iván Velasco, hoy es secretario del Consejo de Seguridad Interior. Le siguen otros miembros de la comisión directiva, como Sofía Dutallaz Piñar, Camille Molina, Francisco Chagnier, Benjamín Larsen, Marcos Casal y más: todos con suculentos contratos estatales, todos con vínculos directos con Bullrich, todos parte de la estructura que se financia desde el Estado, mientras se presentan como “defensores del orden, la república y la libertad”.
🚨URGENTE🚨
Patricia Bullrich fue grabada anoche borracha bailando con adolescentes en una muy lujosa fiesta de Puerto Madero
A esto se suma la rebautizada ONG Ícona —antes Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, intervenido por irregularidades y desvío de fondos— ahora presidida por María Oneto, quien fuera la recaudadora de su campaña presidencial. Lejos de desaparecer, Ícona sigue ofreciendo “conversaciones íntimas” con funcionarios públicos a cambio de entradas que oscilan entre $350.000 y $500.000, otra forma de monetizar el acceso al poder bajo el ropaje de lo institucional.
Promoción de la agenda de actividades pagas de Ícona.
Bullrich parece seguir al pie de la letra la fórmula que tanto critica: utilizar recursos del Estado para beneficio político propio, financiar militancia con fondos públicos y ofrecer acceso a funcionarios como si se tratara de un producto VIP. Mientras tanto, su relato de “ética republicana” y su prédica contra la “casta política” se desmoronan frente a una realidad que exhibe una red de favores, designaciones cruzadas y captación de recursos estatales para sostener su capital político.
A este escandalo se suma la reciente difusión de un video dondePatricia Bullrich aparece bailando en una fiesta con jóvenes militantes de su espacio político, varios de ellos aparentemente menores de edad, este hecho bochornoso reavivó los cuestionamientos sobre su conducta pública y privada. En redes sociales y en ámbitos políticos, las críticas no tardaron en llegar, alimentadas por la percepción de que la ministra no solo incurre en actitudes impropias de su investidura, sino que además podría haber estado en un estado inconveniente para una funcionaria de su rango. Mientras se muestra como la garante del orden y los valores republicanos, su presencia en este tipo de eventos privados expone una desconexión preocupante entre su prédica moralista y su accionar personal.
¿Es esta la nueva transparencia? No, es simplemente la vieja política de la cual proviene la ministra Bullrich ahora presentada con una nueva careta de meritocracia y lucha contra la casta.
Florencia Carignano acusó a Gerardo Milman de ser el ideólogo del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y desató una feroz pelea con las diputadas libertarias.
La diputada de Unión por la Patria, Florencia Carignano, protagonizó un momento explosivo en el Congreso al acusar sin filtros a Gerardo Milman de estar detrás del atentado a Cristina Fernández de Kirchner.“Estás aceptando que estamos en democracia y no nos mandaste a gatillar a ninguno”, lanzó, mientras el recinto se estremecía por la dureza de sus palabras.
El clima ya caldeado terminó por explotar cuando Lilia Lemoine y Nadia Márquez intentaron interrumpir su discurso. Carignano no se guardó nada y las fulminó con un “Callate vos, loca” y más tarde, directamente, un “Callate la boca, gato”, generando una ola de gritos e intervenciones desde todos los bloques.
El presidente de la Cámara, Martín Menem, intentó calmar los ánimos, sin éxito. Márquez reclamó que las diputadas libertarias son agredidas por “ser rubias” o por “hablar mucho”, y afirmó estar harta de la violencia discursiva. “No tengo huevos, pero me los inflaron”, lanzó, visiblemente alterada.
Lemoine contraatacó por redes sociales, acusando a Carignano de representar lo peor del “feminismo kirchnerista” y reclamando sanciones. La escena, más propia de un programa de chimentos que de un debate legislativo, dejó en evidencia la fractura total en el Congreso y el tono cada vez más beligerante del oficialismo y la oposición.
Ayer, Diputados aprobó proyecto opositor que dispone un modesto aumento de 7,2% en las jubilaciones y ordena la restitución de la moratoria por dos años. Se trata de una suba mensual de alrededor de 30 mil pesos para millones de jubilados que hoy ganan menos de 400 mil pesos.
Para el gobierno de Javier Milei ese posible incremento es “demagogia populista” y por eso le pidió al Senado que no lo apruebe. De hacerlo, lo vetará.
Por su parte, el vocero Adorni, que gana alrededor de 4 millones de pesos al mes, aseguró que “el camino populista” se terminó. E insistió con el veto de avanzar la iniciativa. La oposición pretende que se suban las jubilaciones y el bono que se destina a los trabajadores pasivos de menores ingresos. Es una suba irrelevante que podría aliviar a millones de personas. Mientras, cada mes se destinan miles de millones de pesos al pago de la deuda, que Milei no deja de incrementar.
La Corte Suprema rechazó de plano la recusación de Cristina Fernández de Kirchner contra Ricardo Lorenzetti en la causa Vialidad y lo hizo de forma insólita con el voto del propio Lorenzetti. La justicia busca sacar de la carrera electoral a una de las principales dirigentes de la oposición. Vale todo.
CFK pretendió recusar al supremo porque entiende que no será imparcial al momento de definir su situación judicial. En una columna en un medio antikirchnerista, Lorenzetti escribió: “La Corte debería decidir antes del 19 de julio, fecha en que vencerá el plazo para inscribir candidatos para las elecciones provinciales en Buenos Aires. Lo hará mucho antes”.
Ahora, el propio juez votó a su favor negando el planteo de la expresidenta. Un sector de la justicia parece ya haber definido que quiere a Cristina fuera de la política. Y tiene el respaldo del macrismo y del gobierno de Javier Milei.
La Libertad Avanza, el PRO y la mayor parte de UCR no dieron quórum y se sumaron solo cuando la oposición lo consiguió
Pese a los intentos del gobierno nacional para hacer caer la sesión y la amenaza de veto por parte de Milei, la oposición consiguió quórum para avanzar y la Cámara de Diputados aprobó así el aumento del 7,2% a los haberes jubilatorios y la actualización del bono de $70.000 a $110.000.
Con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, los bloques opositores lograron la media sanción en una mejora económica para los jubilados que ahora deberá debatir el Senado, aunque el Presidente ya anticipó su veto a todo lo que se apruebe.
La Libertad Avanza, el PRO y la mayor parte de UCR no dieron quórum y se sumaron solo cuando la oposición lo consiguió, aunque se desmarcaron de la postura del bloque los radicales Fabio Quetglas, Julio Cobos, Natalia Sarapura, y Mario Barletta, quienes fueron clave para ayudar al quórum.
La sesión alcanzó el quorum gracias a que, a diferencia del primer intento frustrado hace dos semanas, estuvieron presentes cuatro de los cinco legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el jujeño Jorge Rizzotti -cercano al gobernador de Jujuy, Carlos Sadir-; los radicales Natalia Sarapura y Fabio Quetglas (UCR), que se sumaron a Julio Cobos (el único radical que estuvo en la anterior sesión frustrada) y Lourdes Arrieta, exdiputada libertaria.
Otros legisladores que facilitaron el quorum fueron cinco de los siete diputados que responden al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y la diputada Fernanda Avila, cercana al gobernador Raúl Jalil. Además, estuvo presente Vilma Ripoll, diputada de izquierda que, por cuestiones de salud, no pudo estar presente en la última sesión frustrada.
