La crisis en las universidades nacionales no se detiene y alcanza niveles alarmantes. Ya son 10 mil los docentes que abandonaron sus cargos debido al colapso salarial y a la falta de presupuesto que atraviesa el sistema universitario público argentino desde la asunción de Javier Milei.
Desde diciembre de 2023, los salarios universitarios perdieron casi el 100% de su poder adquisitivo frente a la inflación. Hoy, un docente con dedicación simple que recién inicia cobra apenas 150 mil pesos, mientras que un investigador ronda los 300 mil pesos, cifras muy por debajo del costo de vida.
La infrafinanciación golpea en todos los frentes. La inversión en universidades no llega ni al 1% del PBI, y los recortes presupuestarios impactan de lleno en el funcionamiento básico: luz, gas, comedores, becas, bibliotecas y transporte. Las autoridades universitarias advierten que se está perdiendo al cuerpo docente, especialmente a quienes tienen dedicación simple, porque directamente “no les conviene seguir dando clases”.
Ante esta situación crítica, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó este lunes una conferencia de prensa en la que se anunciaron medidas frente al ahogo presupuestario. En paralelo, las ocho universidades públicas de Córdoba invitaron a los 21 legisladores nacionales por la provincia para pedir su respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el CIN.
“Nos están mandando apenas dos tercios de lo que enviaban en 2023. No hay presupuesto aprobado y tampoco convocatoria a paritaria salarial”, denunciaron los rectores.
La falta de fondos pone a las universidades al borde del colapso. Desde enero, muchas instituciones están recibiendo apenas el 30% del presupuesto necesario para funcionar.
“Estamos en una crisis profunda. Este 2025 nos encuentra aún peor. Necesitamos una nueva ley de financiamiento que garantice la continuidad del sistema universitario público y, al mismo tiempo, repensarnos. Iniciamos el camino hacia una segunda reforma universitaria”, sostuvieron desde el CIN.
A pesar del panorama sombrío, las universidades renovaron su compromiso con la educación pública y gratuita, y buscan el respaldo político necesario para evitar su desmantelamiento.