La familia del niño Ian Moche, de 12 años y con autismo, presentó una denuncia formal contra el presidente Javier Milei por promover discursos de odio tras un posteo en redes sociales donde se burlaba del menor.

Ian Moche, activista desde los 10 años en defensa de las personas neurodivergentes, fue objeto de un ataque público por parte de Milei luego de que el Presidente retuiteara una publicación del perfil “Hombre Gris”, uno de sus seguidores más influyentes.

En dicha publicación, se mostraban imágenes de Ian junto a figuras como Cristina Kirchner, Sergio Massa y el periodista Paulino Rodríguez , acusándolo de haber sido “utilizado políticamente” . Al retuitearla, Milei agregó un mensaje aún más agresivo:
“Pautino siempre del lado del mal. No falla nunca al momento de operar en contra del gobierno. Siempre del lado de los kukas… no falla”.

Ante esto, la familia decidió presentar una acción judicial bajo el patrocinio del abogado Andrés Gil Domínguez , exigiendo que Milei elimine la publicación y se abstenga de realizar mensajes similares en redes sociales , al considerar que viola “de forma manifiesta el principio del interés superior del niño”.

En su denuncia, Ian detalló que lleva más de dos años realizando tareas de difusión y concientización social sobre el autismo , y aseguró que este tipo de actitudes del Presidente “generan estigma y legitiman el bullying hacia niños y jóvenes con discapacidad”.

Además, incluyó en la presentación una fuerte crítica contra Diego Spagnuolo , director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) , quien durante una reunión en marzo de 2024 le habría manifestado al menor y a su madre que “si había tenido un hijo con discapacidad era un problema familiar pero no del Estado”.

Prontuario de burlas de Milei

La denuncia también recuerda otros episodios donde el Presidente utilizó el desprecio hacia personas con discapacidad como recurso político. Entre ellos, se destacan:

• El uso de una imagen generada con inteligencia artificial donde se mostraba al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, con rasgos asociados al síndrome de Down.
• Cambios en la ANDIS que pretendían modificar la nomenclatura oficial con términos ofensivos como “idiota”, “débil mental” e “imbécil” .
• Frases directas como “¿por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?” , dirigidas personalmente al propio Ian durante una reunión institucional.

Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa la actitud reiterada de Milei frente a las personas con discapacidad, calificada por especialistas y organismos como una política de exclusión disfrazada de ajuste.

Un repaso por los puntos centrales del expediente que sustenta la condena a la vicepresidenta revela que ninguna de las acusaciones más graves fue comprobada durante el juicio oral .

La confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema en la causa Vialidad ha generado un fuerte debate no solo en el ámbito político, sino también en el judicial. Lo que muchos expertos han señalado es que detrás del veredicto hay un conjunto de acusaciones que, según múltiples testimonios y pericias, nunca fueron comprobadas durante el juicio oral ni contaron con pruebas fehacientes que las respaldaran .

Lo que se conoce como las “20 mentiras de la causa Vialidad” son imputaciones que formaron parte del expediente pero que no pudieron ser demostradas en sede judicial . Estas supuestas irregularidades, que involucran decisiones de gestión kirchnerista, han sido puestas en duda por abogados defensores, técnicos, auditores y ex funcionarios que participaron del proceso. A continuación, un desglose de las principales falsedades:

• NK y CFK asignaron fondos a Santa Cruz de manera ilegal : Falso. No existe norma que limite cómo distribuir fondos públicos. Además, las obras viales eran necesarias y justificadas por el estado de emergencia vial de la provincia.
• El presupuesto fue diseñado arbitrariamente : También falso. Se cumplió con todos los controles legales y financieros. La elaboración contó con intervención técnica y legal.
• El Congreso tuvo participación marginal : No. Las leyes de presupuesto fueron debatidas y aprobadas por mayoría legislativa, incluso con votos de la oposición.
• Legisladores fueron obligados a votar afirmativamente : Mentira. Testimonios de Margarita Stolbizer y otros confirman que no hubo presión alguna. Incluso diputados opositores votaron a favor.
• NK y CFK usaron DNU para beneficiar a Báez : Falso. Todos los DNU fueron convalidados por el Jurado de Enjuiciamiento y tenían carácter general.

Otros puntos cuestionados incluyen el uso de un fideicomiso creado por De la Rúa , utilizado por todos los gobiernos posteriores; la ausencia de injerencia política en las decisiones administrativas; y el hecho de que CFK nunca ordenó aumentar partidas a Báez en 2015 , sino que las redujo. Asimismo, se demostró que CFK no se reunió con Báez el 30 de noviembre de 2015 , ya que ese día estaba en un acto público en Río Negro transmitido en vivo.

Finalmente, uno de los puntos más polémicos fue la acusación de sobreprecios millonarios en las obras adjudicadas. Sin embargo, la única pericia seria realizada descartó esta hipótesis . Además, se probó que las demoras estaban debidamente justificadas y que las obras no se hicieron bajo el gobierno de Macri, generando el verdadero daño al Estado .

En síntesis, las 20 mentiras de la causa Vialidad reflejan un entramado acusatorio construido más sobre bases políticas que sobre pruebas concretas. La condena a CFK se sustenta en imputaciones que no fueron validadas ni corroboradas durante el juicio , lo que plantea serias dudas sobre su legitimidad jurídica y su posible uso como herramienta de persecución política.

YPF incrementó un 55% su presupuesto publicitario en los primeros tres meses de 2025, gastando más de $32.600 millones, según confirmó el sitio Chequeado tras una demanda judicial que obligó a la petrolera estatal a transparentar sus números.

Mientras el gobierno nacional insiste en un relato de austeridad extrema, recorte del gasto público y combate contra los privilegios de “la casta”, puertas adentro opera una lógica muy distinta. Bajo la coordinación de Santiago Caputo, el principal operador comunicacional de Javier Milei, YPF —la petrolera estatal más importante del país— se ha transformado en el principal sostén económico de la maquinaria mediática oficialista.

En lo que va del año, YPF ejecutó el mayor presupuesto publicitario desde su reestatización en 2012. Se trata de un gasto multimillonario destinado no a promover productos, ni a mejorar la eficiencia empresarial ni su posicionamiento en el mercado energético, sino a financiar una red de periodistas, portales digitales, cuentas en redes sociales y tuiteros militantes que operan como voceros del gobierno. La pauta oficial se concentra en medios y perfiles afines al oficialismo, muchos de ellos sin mayor alcance ni trayectoria, pero con un rol proselitista claro en la defensa del presidente y el ataque sistemático a cualquier crítica o sector opositor.

El contraste no podría ser más evidente: mientras se desfinancia la educación, la salud, la cultura y la ciencia en nombre de la eficiencia fiscal, se multiplican los recursos para sostener una red de propaganda informal pero bien aceitada, financiada con dinero público. Lejos de eliminar los vicios del pasado, el gobierno los recicla y los adapta a su lógica, con un nivel de cinismo preocupante.

La pauta no es transparente, no se rige por criterios técnicos ni por resultados medibles. Se distribuye discrecionalmente, por afinidad política, y busca condicionar la agenda pública a través de un blindaje mediático que maquille los costos del ajuste. Santiago Caputo, que no ocupa ningún cargo formal pero toma decisiones clave, administra estos fondos con total opacidad, convirtiendo a YPF en una suerte de “caja negra” al servicio del marketing libertario, un temor que se replica en otras áreas del Estado como ser la SIDE donde Santiago Caputo también tiene amplia influencia.

Paradójicamente, mientras se acusa a los periodistas críticos de ser “ensobrados”, el gobierno construye su propio sistema de favores mediáticos, donde la fidelidad política es premiada con pauta y visibilidad. Esta práctica no solo desmiente el discurso oficial, sino que reinstala uno de los peores hábitos de la política argentina: usar los recursos del Estado para sostener el poder, manipular la opinión pública y castigar la disidencia.

Los tres diputados de Osvaldo Jaldo, agrupados en el bloque Independencia, no están dispuestos a apoyar un nuevo veto de Javier Milei contra el aumento jubilatorio, si el Senado sanciona la ley y el Presidente decide rechazarla. Los gobernadores aliados toman distancia de la Casa Rosada porque el ajuste impacta cada vez más sobre las provincias.

A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, cuando Agustín Fernández, Elia Marina Fernández y Gladys Medina respaldaron los vetos contra el aumento de haberes previsionales y el presupuesto universitario, los legisladores quieren mantener con firmeza su voto a favor de la recomposición de los ingresos de los jubilados esta vez, resaltó La Política Online.

El propio Jaldo avisó este fin de semana que los libertarios no podrán gobernar sin los gobernadores de las provincias, marcándole la cancha a la Casa Rosada de forma tajante. El mandatario tucumano participó, además, de la reunión en el Consejo Federal de Inversiones, donde sus pares se mostraron furiosos porque Milei “se roba los ATN”.

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en la provincia de Buenos Aires, en concreto, en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectados por las inundaciones de marzo de 2025. No hay plata para los inundados, mientras crece la deuda externa argentina.

El Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El veto fue refrendado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Vale recordar que el gobierno había apoyado la iniciativa ni bien se conoció la catástrofe que sufrieron miles de familias. Ahora, que pasó unas semanas, decidió vetar el proyecto. Mientras, el ministro de Economía, Luis Caputo, no para de agrandar la deuda externa. Para algunas cosas, sí hay plata.

La crisis en las universidades nacionales no se detiene y alcanza niveles alarmantes. Ya son 10 mil los docentes que abandonaron sus cargos debido al colapso salarial y a la falta de presupuesto que atraviesa el sistema universitario público argentino desde la asunción de Javier Milei.

Desde diciembre de 2023, los salarios universitarios perdieron casi el 100% de su poder adquisitivo frente a la inflación. Hoy, un docente con dedicación simple que recién inicia cobra apenas 150 mil pesos, mientras que un investigador ronda los 300 mil pesos, cifras muy por debajo del costo de vida.

La infrafinanciación golpea en todos los frentes. La inversión en universidades no llega ni al 1% del PBI, y los recortes presupuestarios impactan de lleno en el funcionamiento básico: luz, gas, comedores, becas, bibliotecas y transporte. Las autoridades universitarias advierten que se está perdiendo al cuerpo docente, especialmente a quienes tienen dedicación simple, porque directamente “no les conviene seguir dando clases”.

Ante esta situación crítica, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó este lunes una conferencia de prensa en la que se anunciaron medidas frente al ahogo presupuestario. En paralelo, las ocho universidades públicas de Córdoba invitaron a los 21 legisladores nacionales por la provincia para pedir su respaldo al proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el CIN.

“Nos están mandando apenas dos tercios de lo que enviaban en 2023. No hay presupuesto aprobado y tampoco convocatoria a paritaria salarial”, denunciaron los rectores.

La falta de fondos pone a las universidades al borde del colapso. Desde enero, muchas instituciones están recibiendo apenas el 30% del presupuesto necesario para funcionar.

“Estamos en una crisis profunda. Este 2025 nos encuentra aún peor. Necesitamos una nueva ley de financiamiento que garantice la continuidad del sistema universitario público y, al mismo tiempo, repensarnos. Iniciamos el camino hacia una segunda reforma universitaria”, sostuvieron desde el CIN.

A pesar del panorama sombrío, las universidades renovaron su compromiso con la educación pública y gratuita, y buscan el respaldo político necesario para evitar su desmantelamiento.