“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Este decreto está diseñado para hacer negocios, igual que cuando desviaron el Impuesto a los Combustibles para otros fines que no fueron las rutas”, indicaron desde el sector.
La eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) generó una dura reacción por parte de sus trabajadores, quienes alertaron sobre las graves consecuencias que podría traer la medida. “Nos vamos a morir todos en las rutas”, advirtió con crudeza Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (Stvyara), en respuesta al ministro Federico Sturzenegger, quien celebró la disolución del organismo como parte del plan de reformas del Gobierno.
Sturzenegger había expresado su satisfacción tras la firma del DNU que incluye la eliminación de diversos entes estatales: “Señor Presidente. Podemos decir: tarea cumplida”. Su mensaje fue leído por el gremio como una provocación directa.
Aleñá denunció que esta medida responde a intereses privados y no a una mejora en la eficiencia del Estado. “No es una reorganización, es el desmantelamiento del aparato técnico que garantiza rutas seguras para todos los argentinos”, sostuvo. Según el sindicato, la decisión deja en la calle a más de 5.500 trabajadores, sin mantenimiento a 118 rutas nacionales y pone en riesgo más de 40.000 kilómetros de red vial.
Además, cuestionó la transferencia de bienes de Vialidad a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), denunciando que se trata de “negociados con el patrimonio público”.
La dirigente también desmintió los argumentos del decreto que califican al organismo como ineficiente. “Dicen que solo desmalezamos banquinas, cuando realizamos tareas críticas como bacheo, repavimentación, señalización, control de peso, mantenimiento invernal y más”, explicó. Afirmó que el vaciamiento presupuestario deliberado en los últimos meses fue parte de un plan para justificar su eliminación.
También rechazó la idea de que el sector privado sea sinónimo de eficiencia. “Las contrataciones privadas no garantizan ni eficiencia ni transparencia. El control estatal es irremplazable”, advirtió.
Por último, alertó que trasladar las funciones técnicas de Vialidad al Ministerio de Economía “debilita la planificación federal de la obra pública” y aleja las decisiones de los territorios.
En paralelo, el Gobierno avanza con la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, lo que se ha presentado como “el mayor proceso de apertura vial desde los años 90”, ahora bajo la supervisión de la nueva Agencia de Control de Concesiones del Transporte, en reemplazo de la CNRT.