Se trata de una cifra casi tres veces superior a la que reconoce oficialmente el GCBA. Además advierten que las muertes por frío y la violencia institucional van en aumento.

Un nuevo relevamiento impulsado por más de 50 organizaciones sociales reveló que casi 12 mil personas viven en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires. Los datos surgen del tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, realizado durante junio y presentado este lunes en una conferencia de prensa en la sede de los metrodelegados.

Con temperaturas bajo cero y un contexto de abandono estatal creciente, el informe advierte sobre una emergencia humanitaria que no deja de profundizarse. El número casi triplica las cifras oficiales que reconoce el Gobierno de la Ciudad, y pone en evidencia una problemática estructural que va mucho más allá de la coyuntura climática.

Contraste con el Gobierno porteño

Mientras el último relevamiento oficial del GCBA —correspondiente a noviembre de 2024— contabiliza 4.049 personas en situación de calle (1.236 en la vía pública y 2.813 en paradores), el Censo Popular identificó 11.993 personas, incluyendo a quienes duermen en autos, albergues no estatales o en situaciones precarias no contempladas por el conteo oficial.

Desde 2017, las organizaciones sociales realizan sus propios censos ante las diferencias metodológicas con el Gobierno porteño, al que acusan de subestimar deliberadamente la magnitud del problema.

Las organizaciones participantes del 3er Censo Popular de Personas en Situación de Calle exigimos al Gobierno de la Ciudad y al Nacional:

1. Instar el estricto cumplimiento de la Ley 3.706.

2. Garantizar la demanda espontánea para el ingreso a todos los dispositivos de CABA. pic.twitter.com/37GQ6Qo2vN

— 3er Censo Popular CABA (@3erCensoPopular) July 8, 2025

Alerta por muertes y violencia institucional

Según los datos relevados, al menos 63 personas murieron por frío en lo que va del invierno en todo el país, de las cuales 13 fallecieron en CABA. La situación se agrava con la aplicación del Decreto 373/25, firmado por el presidente Javier Milei, que desmanteló parte de la ley de protección para personas en situación de calle y trasladó la responsabilidad exclusiva a las provincias, limitando la intervención del Estado nacional a una función meramente supervisora.

El CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) denunció el vaciamiento de políticas públicas y alertó sobre las consecuencias directas en términos de vidas humanas.

El nuevo censo también muestra un crecimiento sostenido de personas mayores en situación de calle y una expansión de esta problemática hacia los barrios populares, donde muchas personas se ven obligadas a desplazarse en busca de refugio. Denuncian además un aumento en la violencia institucional, ejercida principalmente por fuerzas policiales y personal del Ministerio de Espacio Público, con desalojos sistemáticos de “ranchadas” en diferentes zonas de la ciudad.

Si bien las organizaciones destacan la necesidad de garantizar centros de inclusión durante el invierno, advierten que no alcanza con una respuesta asistencialista. Exigen políticas integrales que reconozcan el derecho a la vivienda digna, frenen la criminalización de la pobreza y atiendan las múltiples dimensiones que atraviesan a quienes hoy viven sin techo.

El presidente anunció que no asistirá al acto en la provincia donde se firmó la Independencia argentina. El Servicio Meteorológico Nacional desmintió las alertas que habría usado la Casa Rosada como justificación.

La decisión del presidente Javier Milei de no viajar a Tucumán para participar del acto central del 9 de Julio , fecha en la que se conmemora la firma del Acta de Independencia en esa provincia en 1816, generó un fuerte escándalo político. Inicialmente, desde la Casa Rosada se informó que la ausencia del mandatario se debía a “alertas meteorológicas” emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) relacionadas con condiciones climáticas adversas, especialmente niebla persistente . Sin embargo, minutos después, fuentes oficiales del propio SMN desmintieron públicamente que existieran alertas rojas o naranjas para ese día, y aseguraron que las condiciones climáticas no representaban un impedimento técnico para el desarrollo normal de los eventos.

Esta contradicción generó críticas inmediatas desde distintos sectores políticos y medios de comunicación. La versión oficial fue cuestionada incluso por algunos analistas meteorológicos independientes, quienes remarcaron que no había pronóstico alguno que justificara la cancelación del viaje presidencial. En paralelo, voceros del gobierno nacional insistieron en mantener su postura, sin ofrecer mayores explicaciones técnicas detrás de la decisión tomada horas antes de la celebración patria más importante del año.

Entre las posibles razones detrás de esta cancelación repentina estaría el clima de tensión entre el gobierno nacional y varios gobernadores, particularmente por el conflicto por los fondos coparticipables. Fuentes cercanas al ámbito político señalan que Milei atraviesa un momento de distanciamiento con varios mandatarios provinciales, incluido Juan Manzur, gobernador de Tucumán , quien tampoco confirmó su presencia en el acto organizado por Nación. Esta situación refleja un malestar generalizado en varias provincias ante la falta de diálogo y la redistribución de recursos que impuso el Ejecutivo nacional.

Mientras el gobierno mantiene su discurso optimista sobre la marcha de la economía, la polémica por la cancelación del viaje de Milei a Tucumán pone en evidencia una crisis de credibilidad institucional. Además, crece la sospecha de que la supuesta niebla haya sido utilizada como una excusa para evitar un evento simbólico de alto valor histórico y político, en un año electoral. Hasta ahora, desde Presidencia no se han brindado precisiones adicionales sobre el tema, lo que profundiza las dudas sobre la transparencia del manejo de la agenda presidencial.

El contraste entre el relato oficial y la realidad objetiva sigue generando ruido en el ambiente político argentino. Con el 9 de Julio a la vuelta de la esquina, todo indica que la ausencia del presidente en Tucumán será uno de los temas centrales del debate público durante la jornada patria. Mientras tanto, el SMN mantiene su postura técnica, los gobernadores siguen en sus provincias, y el pueblo aguarda una explicación clara del primer mandatario.

“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Este decreto está diseñado para hacer negocios, igual que cuando desviaron el Impuesto a los Combustibles para otros fines que no fueron las rutas”, indicaron desde el sector.

La eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) generó una dura reacción por parte de sus trabajadores, quienes alertaron sobre las graves consecuencias que podría traer la medida. “Nos vamos a morir todos en las rutas”, advirtió con crudeza Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (Stvyara), en respuesta al ministro Federico Sturzenegger, quien celebró la disolución del organismo como parte del plan de reformas del Gobierno.

Sturzenegger había expresado su satisfacción tras la firma del DNU que incluye la eliminación de diversos entes estatales: “Señor Presidente. Podemos decir: tarea cumplida”. Su mensaje fue leído por el gremio como una provocación directa.

Aleñá denunció que esta medida responde a intereses privados y no a una mejora en la eficiencia del Estado. “No es una reorganización, es el desmantelamiento del aparato técnico que garantiza rutas seguras para todos los argentinos”, sostuvo. Según el sindicato, la decisión deja en la calle a más de 5.500 trabajadores, sin mantenimiento a 118 rutas nacionales y pone en riesgo más de 40.000 kilómetros de red vial.

Además, cuestionó la transferencia de bienes de Vialidad a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), denunciando que se trata de “negociados con el patrimonio público”.

La dirigente también desmintió los argumentos del decreto que califican al organismo como ineficiente. “Dicen que solo desmalezamos banquinas, cuando realizamos tareas críticas como bacheo, repavimentación, señalización, control de peso, mantenimiento invernal y más”, explicó. Afirmó que el vaciamiento presupuestario deliberado en los últimos meses fue parte de un plan para justificar su eliminación.

También rechazó la idea de que el sector privado sea sinónimo de eficiencia. “Las contrataciones privadas no garantizan ni eficiencia ni transparencia. El control estatal es irremplazable”, advirtió.

Por último, alertó que trasladar las funciones técnicas de Vialidad al Ministerio de Economía “debilita la planificación federal de la obra pública” y aleja las decisiones de los territorios.

En paralelo, el Gobierno avanza con la privatización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, lo que se ha presentado como “el mayor proceso de apertura vial desde los años 90”, ahora bajo la supervisión de la nueva Agencia de Control de Concesiones del Transporte, en reemplazo de la CNRT.

El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, dio una nueva y curiosa explicación sobre por qué no fueron inspeccionadas las 10 valijas que llegaron al país en un vuelo privado: “Lo hizo Estados Unidos”.

El escándalo por el ingreso de 10 valijas sin declarar en un vuelo privado sumó un nuevo capítulo insólito. El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, sorprendió al ofrecer una curiosa explicación sobre por qué no fueron inspeccionadas: “Lo hizo Estados Unidos”.

El vuelo, propiedad del empresario y ex agente de la SIDE Leonardo Scatturice —con estrechos vínculos con altos funcionarios argentinos y norteamericanos—, trasladaba también a Laura Belén Arrieta, referente conservadora del CPAC. Las valijas ingresaron al país sin pasar por ningún control aduanero, como revelaron imágenes difundidas días atrás.

Durante una entrevista con A24, el funcionario libertario intentó justificar el procedimiento asegurando que la Aduana argentina no escanea el 100% del equipaje que llega al país. “Es una facultad selectiva del personal”, dijo, aunque evitó explicar por qué, en este caso específico, se omitió cualquier tipo de revisión.

Lo más llamativo fue su intento de transferir la responsabilidad del control a un país extranjero: “Cuando un avión viene de Estados Unidos, el equipaje cumplió con todos los procedimientos de seguridad en origen”, dijo, marcando una diferencia con vuelos procedentes de países como Venezuela o Nigeria, que, según él, son de “alta vigilancia”.

Esta explicación oficial contrasta fuertemente con las versiones previas. En marzo, tras la denuncia inicial del periodista Carlos Pagni, el vocero presidencial Manuel Adorni había descartado irregularidades y tildado el caso de “fake news”. También negó cualquier vínculo entre el Gobierno y Arrieta, pese a las fotos que la muestran junto a Javier Milei. En aquel momento, la Aduana emitió un comunicado negando fallas, aunque anunció la apertura de un sumario.

Ahora, con las imágenes difundidas por TN mostrando cómo las valijas fueron descargadas sin control y nuevas pruebas aportadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), el relato oficial volvió a cambiar. El dictamen judicial de la PIA es contundente: documenta con capturas de pantalla que el avión traía 10 valijas, pero solo cinco fueron declaradas, y subraya que la pasajera y los tripulantes no pasaron por los escáneres, a pesar de que el área estaba despejada.

A pesar de que otros pasajeros en el mismo aeropuerto fueron controlados, Arrieta y sus acompañantes fueron conducidos por una vía alterna, sin revisión. Para la fiscalía, esta diferencia de trato fue una “decisión expresa” del personal aduanero, sin causa justificada.

El Gobierno intenta ahora minimizar el impacto mediático: destacó que el vuelo provenía de un país con “los controles más estrictos del mundo” y que el caso está en manos de la Justicia, que todavía no ha imputado a nadie. Sin embargo, las pruebas acumuladas contradicen el discurso oficial y aumentan la sospecha de connivencia estatal.

Mientras tanto, el país asiste a una nueva versión gubernamental que, lejos de despejar dudas, abre interrogantes más profundos: ¿desde cuándo los controles aduaneros argentinos dependen de inspecciones extranjeras? ¿Qué criterios aplican las autoridades para seleccionar qué valijas revisar y cuáles no? ¿Y por qué tantas versiones distintas para un mismo hecho?.

Especialistas advierten que el faltante de gas durante la ola polar no fue un episodio aislado, sino el resultado de la falta de inversión y la imprevisión del Gobierno. Pese al superávit energético, millones de usuarios quedaron expuestos por la falta de infraestructura.

Pasado el pico de la ola de frío que dejó sin suministro de gas a hogares, industrias y estaciones de servicio en al menos siete provincias, crece la preocupación por la posibilidad de que la situación se repita. Para los expertos del sector energético, la causa no fue solo el clima extremo, sino una gestión errática y descoordinada por parte del Gobierno nacional.

El viernes pasado, la Secretaría de Energía anunció el fin de las restricciones y aseguró que las presiones en los gasoductos se habían normalizado. Sin embargo, el comunicado dejó más dudas que certezas, sobre todo en torno al restablecimiento de los contratos interrumpibles y la capacidad real del sistema para afrontar nuevos picos de consumo.

“Seguro que puede volver a pasar si ya pasó una vez”, sostuvo Martín Borenstein, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (CEEPyS). Según el especialista, el colapso expuso “una mala gestión ante eventuales imprevistos” y una clara “falta de previsión” tanto del ENARGAS como de las autoridades políticas.

El economista Santiago Urbiztondo, de FIEL, consideró que el problema fue “operativo”, aunque reconoció que sin inversiones adicionales y una señal clara de precios para moderar la demanda, el riesgo persiste. Aun cuando Argentina produce gas suficiente, explicó, no cuenta con un sistema de transporte adecuado para cubrir los picos de consumo.

La crisis energética golpea en un contexto de aparente abundancia: en 2024 el país registró un superávit energético superior a los 5.600 millones de dólares, y este año se consolidaron exportaciones desde Vaca Muerta hacia Brasil y otros destinos. Pero ese saldo favorable no se traduce en previsión ni mejoras para los usuarios.

El Gobierno, que proclama eficiencia y orden fiscal, mostró en este episodio las consecuencias concretas del ajuste y la desinversión en sectores estratégicos. Mientras se celebra el equilibrio de las cuentas públicas, miles de argentinos enfrentan el invierno sin garantías mínimas de suministro. Y el próximo frente frío podría volver a poner al sistema —y a la política energética del oficialismo— contra las cuerdas.

Lejos quedaron los días en los que el ministro de Luis Caputo aseguraba que el dólar iba a estar cerca de la banda de 1000 pesos. Desde hace días no deja de moverse a la alza y se acerca a los 1300 pesos. ¿Fin de la fiesta financiera?

El gobierno apeló al endeudamiento externo y a la bicicleta financiera para mantener el dólar súper barato. Esa política está entrando en un cuello de botella porque endeudarse es caro porque el riesgo país no baja, el FMI ya no es una opción y la bicicleta financiera empieza a no ser un negocio viable porque Economía no puede mantener el dólar estable. Todo mal.

Solo esta semana, el dólar subió casi 3%, la tasa del mes. Es decir, el que quiso hacer bicicleta financiera en julio ya perdió. Todo indica, además, que el dólar seguirá subiendo cada día hasta ubicarse más cerca de los 1400 pesos, como le exigió el FMI al gobierno. Y mientras tanto: ¿Qué pasará con la inflación?

En el marco de una protesta por despidos masivos en la histórica alimenticia, la Gendarmería Nacional desalojó con violencia a los trabajadores que defienden sus puestos laborales. Denuncian al menos ocho heridos y repudian la creciente criminalización de la protesta laboral.

La Gendarmería Nacional reprimió este lunes a trabajadores de la empresa alimenticia Georgalos que realizaban una protesta en la autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Malvinas Argentinas, en rechazo a una nueva tanda de despidos. El operativo dejó al menos ocho heridos y varios manifestantes fueron detenidos de manera preventiva, según denunciaron voceros sindicales y organizaciones de derechos humanos.

El corte, que se había iniciado de forma pacífica durante la mañana, fue respondido por las fuerzas federales con balas de goma, gases lacrimógenos y una fuerte presencia de efectivos, en un accionar que los manifestantes calificaron como desmedido. “Estábamos defendiendo nuestros puestos de trabajo y nos respondieron con palos”, denunció uno de los trabajadores afectados.

La represión ocurre en un contexto de creciente ajuste económico, caída del consumo y cierre de plantas industriales. Georgalos —una de las empresas más emblemáticas del sector alimenticio— había anunciado semanas atrás la cesantía de decenas de empleados, bajo el argumento de una supuesta “reestructuración”.

Distintos espacios sindicales y sociales responsabilizaron al gobierno nacional por el uso de fuerzas federales para sofocar la protesta.

El vocero presidencial Manuel Adorni es conocido por sus papelones mediáticos. La semana pasada trató de mentiroso a todos los periodistas que hablaron de un escándalo en Aduanas cuando un empresario muy cercano a Javier Milei entró 10 valijas sin ningún tipo de control.

Ahora se confirmó con cámaras de Aeroparque que una empleada de Leonardo Scatturice, empresario ultralibertario, entró a la Argentina con 10 valijas que no fueron controladas por la Aduana. Ya no hay dudas porque los videos son muy claros. ¿Qué traían la valija? ¿Plata negra para el gobierno? Todas las preguntas son válidas ante el silencio atroz del gobierno.

Hasta ayer, la versión oficial había sido que “la persona entra con una sola valija, es imposible entrar 10, son todas mentiras”, según declaró con su soberbia habitual Adorni. Mintió. Ahora las imágenes no dejan dudas.