En el Chaco, la Justicia federal destapó una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.
Un verdadero escándalo político sacude a La Libertad Avanza en la provincia del Chaco, luego de que la Justicia federal destapara una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.
La investigación, que lleva adelante la fiscalía federal de Resistencia, ya reveló más de 20 casos de falsificación de firmas sobre un total de 25 personas citadas hasta el momento. Esto significa que más del 80% de los afiliados consultados hasta ahora niega haberse sumado a las filas del partido de Javier Milei. La maniobra deja al descubierto cómo desde el espacio libertario se aprovecharon de personas de sectores sociales desprotegidos para inflar su padrón partidario.
Los testimonios recabados son contundentes. Entre las víctimas figuran personas mayores con enfermedades discapacitantes, jubilados y ciudadanos que ni siquiera saben leer ni escribir. Algunos, incluso, no saben firmar. Uno de los casos es el de un hombre de 65 años que aseguró bajo juramento nunca haberse afiliado a La Libertad Avanza y cuya supuesta ficha partidaria incluía datos falsos como un estado civil incorrecto y una firma apócrifa. Otro caso es el de un hombre de 72 años que descubrió su falsa afiliación al consultar por internet y confirmó que la firma registrada no era la suya.
El patrón se repite: adultos mayores, personas sin estudios formales, con enfermedades que les impiden firmar o desplazarse, y vecinos del interior chaqueño, donde la pobreza es más profunda, fueron incorporados irregularmente al padrón del partido sin su consentimiento.
El epicentro de la investigación apunta directamente al presidente del partido libertario en Chaco y titular de ANSES provincial, Alejandro “Capi” Rodríguez, un dirigente vinculado políticamente a la familia Menem. La principal hipótesis de la Justicia es que se utilizaron bases de datos oficiales —posiblemente de ANSES o PAMI— para ejecutar la maniobra fraudulenta, aprovechando el acceso privilegiado a información sensible de los sectores más vulnerables.
El caso expone no solo la ilegalidad de las afiliaciones truchas, sino también un preocupante desprecio por los derechos de personas que se encuentran en situaciones de extrema fragilidad. La jueza Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini continúan con la investigación, que podría destapar un entramado de manipulación política y uso de recursos públicos con consecuencias penales y políticas para La Libertad Avanza.
La causa sigue creciendo, así como la indignación social ante un espacio político que, lejos de representar la “libertad”, terminó explotando a los más indefensos para engordar su estructura partidaria.