Un informe reciente publicado reveló que más de 4,3 millones de niños y adolescentes fueron afectados por la pobreza extrema durante 2024.

Bajo la presidencia de Javier Milei, Argentina ha sido testigo de una profunda transformación económica impulsada por recortes presupuestarios, ajuste fiscal y una visión ideológica que prioriza el “ajuste estructural” como herramienta para estabilizar las cuentas públicas. Sin embargo, detrás del discurso libertario y sus promesas de “revolución” se esconde una cruda realidad social: millones de argentinos han caído en la pobreza y la indigencia durante 2024.

Un informe reciente publicado por el portal El Destape revela que más de 4,3 millones de niños y adolescentes fueron afectados por la pobreza extrema durante 2024 , consecuencia directa de políticas sociales ausentes y decisiones económicas que priorizaron la reducción del gasto público antes que la protección de los sectores más vulnerables. Esta cifra no solo refleja una tragedia humanitaria en ciernes, sino también plantea serias dudas sobre la credibilidad de los datos oficiales de pobreza que el gobierno de Milei ha comunicado públicamente.

¿Qué dicen los números oficiales?

El INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), históricamente cuestionado por sesgos políticos en distintas administraciones, ha vuelto al centro de la polémica. En los últimos trimestres, el organismo reportó una leve reducción en la tasa de pobreza, lo cual fue celebrado por el gobierno como una victoria frente a las “herencias malditas”. Pero muchos especialistas independientes advierten que estos datos podrían estar desconectados de la realidad socioeconómica palpable en barrios, comedores y hospitales .

La metodología utilizada para medir la pobreza, basada en canastas básicas definidas hace años y sin ajustar a la inflación real ni a la volatilidad cambiaria de este período, podría estar subestimando gravemente la magnitud del problema. Además, el acceso irregular a servicios básicos, la pérdida del poder adquisitivo y la desaparición de programas sociales claves como AUH y SUMAR han profundizado la exclusión de grandes sectores de la población.

La guerra contra el Estado y su costo humano

Milei ha defendido una política de mínima intervención estatal, eliminando subsidios, desfinanciando programas sociales y reduciendo drásticamente el tamaño del aparato público. Bajo el argumento de combatir la corrupción y la ineficiencia, su gestión ha dejado sin apoyo a millones de familias que dependían de asistencia directa. El resultado es visible: aumento de la desnutrición infantil, crecimiento de los comedores comunitarios y mayor presencia de cartoneros en las calles.

Este enfoque, lejos de generar estabilidad, parece haber exacerbado la pobreza estructural. Y mientras el gobierno insiste en mostrar indicadores macroeconómicos positivos —como el superávit fiscal o la baja de la inflación—, estos logros son irrelevantes para quienes no pueden acceder a una dieta básica ni a servicios esenciales.

Crítica a la comunicación oficial

Una de las mayores preocupaciones es cómo el gobierno utiliza –y posiblemente manipula– los datos de pobreza para construir una narrativa de éxito. Los anuncios optimistas sobre la reducción de la pobreza contrastan con el deterioro de indicadores sociales reales, como la matrícula escolar, el acceso a la salud pública o el número de personas en situación de calle. Este desfasaje entre discurso y realidad sugiere que los datos oficiales están siendo instrumentalizados con fines políticos , más que como herramientas diagnósticas reales.

En este contexto, resulta fundamental exigir transparencia y autonomía en la producción de estadísticas nacionales. Un INDEC independiente y actualizado sería clave para obtener una fotografía precisa del estado de la sociedad argentina. Hasta entonces, cualquier dato proveniente del gobierno debe tomarse con una dosis importante de escepticismo

La Cámara Nacional del Trabajo ratificó el fallo que anula artículos clave del DNU 340/25, por considerar que vulnera derechos laborales y evade el rol constitucional del Congreso. Otro traspié legal en la avanzada autoritaria del Ejecutivo.

La Justicia volvió a ponerle un freno al Poder Ejecutivo. La Cámara Nacional del Trabajo confirmó este lunes la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, con el que el gobierno de Javier Milei buscaba restringir el derecho a huelga en múltiples sectores, incluyendo la marina mercante. El tribunal consideró que el decreto es formalmente inconstitucional, carece de justificación legal y vulnera libertades fundamentales como la libertad sindical.

El fallo ratifica una decisión previa de la jueza Moira Fullana, en respuesta a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y representa un nuevo golpe jurídico para la estrategia gubernamental de legislar por decreto sin pasar por el Congreso.

El Congreso, ignorado; los derechos, vulnerados

Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado sostuvieron que el DNU fue dictado cuando el Congreso estaba en funciones, y que el Gobierno no acreditó una situación de emergencia que justificara eludir el proceso legislativo ordinario. “No se explican las razones por las cuales se intentó evitar el tratamiento de la cuestión en el Congreso”, señalaron los camaristas, en línea con lo expresado por la magistrada de primera instancia.

La norma pretendía ampliar arbitrariamente el listado de “servicios esenciales” —lo cual restringe el derecho a huelga— sin debate parlamentario ni participación de los actores sociales involucrados. Para el tribunal, esa medida configura una clara “usurpación de facultades legislativas”.

Una política por decreto que choca con la Constitución

Desde su asunción, Milei ha intentado gobernar a fuerza de decretos y sin diálogo con el Congreso, lo que ha provocado una seguidilla de conflictos legales. El argumento repetido de la “crisis económica y social” fue descartado nuevamente por la Justicia, que advirtió que bajo esa lógica el Congreso perdería toda su función y el Ejecutivo quedaría con poderes ilimitados.

“El problema no es qué sectores son esenciales, sino quién tiene la atribución de definirlo”, explicó uno de los magistrados. La Constitución, recordaron, reserva al Congreso la sanción de leyes de fondo, como la Ley 25.877 que regula los conflictos laborales colectivos.

Libertad sindical en riesgo

Además del vicio de forma, el fallo también apuntó a los contenidos del DNU: su ampliación del concepto de “servicio esencial” limitaba de manera directa el ejercicio del derecho a huelga y la acción sindical, contraviniendo convenios internacionales firmados por Argentina y protegidos por la Constitución Nacional.

Desde la CGT calificaron la decisión como “una victoria en defensa de los derechos conquistados” y advirtieron que seguirán resistiendo judicialmente todos los intentos de avasallamiento por parte del Ejecutivo.

Otro traspié en la ofensiva presidencial

Este fallo se suma a otros recientes donde la Justicia cuestionó o anuló disposiciones del Ejecutivo por su forma inconsulta y autoritaria de legislar. El gobierno de Milei, que acumula derrotas en el plano legislativo y judicial, insiste en forzar normas por fuera de los canales constitucionales.

Mientras el Presidente sigue celebrando en redes sociales, la Justicia recuerda que la democracia no se gobierna a golpe de tuit ni de DNU. Y que los derechos laborales no se negocian en la Casa Rosada.

Un nuevo informe de la UCA revela que el 35% de los niños en Argentina padeció inseguridad alimentaria en 2024. El 16% directamente pasó hambre. El recorte en políticas sociales, la desocupación y la falta de asistencia marcan el deterioro en un país que produce alimentos para 400 millones de personas.

En un país donde abundan los granos, la carne y la fruta, uno de cada tres niños no come lo suficiente. Según un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), más de 4,3 millones de niños y adolescentes en Argentina atravesaron inseguridad alimentaria durante 2024. El 16,5% directamente sufrió hambre severa.

El dato, dramático por sí solo, refleja una tendencia en alza que se agravó desde la asunción del gobierno de Javier Milei, que profundizó el ajuste en programas sociales, recortó comedores y congeló partidas alimentarias en nombre del “déficit cero”. Mientras se eliminan subsidios y se aplican recetas de shock económico, la infancia paga el costo más alto.

El estudio, titulado “Inseguridad alimentaria en la infancia argentina: un problema estructural observado en la coyuntura actual”, muestra cómo el colapso del poder adquisitivo y la desprotección estatal generaron un escenario que combina pobreza estructural con abandono institucional.

El precio del ajuste

Lejos de ser un problema nuevo, el hambre infantil se agravó a niveles récord. El informe analiza datos desde 2010, pero resalta tres momentos críticos: 2018, 2020 y el actual 2024. La diferencia, subraya el trabajo, es que hoy el Estado prácticamente se retiró del territorio: sin redes de contención, el impacto es más profundo y sostenido.

Los hogares más afectados son aquellos con empleo informal, monoparentales o con varios niños a cargo. La inestabilidad laboral y el deterioro de los ingresos configuran un mapa de riesgo en el que millones de niños no acceden a proteínas, vitaminas ni nutrientes esenciales para su desarrollo.

Consecuencias físicas y cognitivas

La inseguridad alimentaria no solo implica comer menos, sino también comer mal. La falta de nutrientes impacta en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los chicos. La desnutrición temprana genera problemas de aprendizaje, baja talla, enfermedades crónicas e incluso mayor mortalidad infantil.

“La infancia argentina está viviendo una emergencia silenciosa, que no se ve en los titulares pero que marcará al país por generaciones”, alertó Ianina Tuñón, una de las autoras del informe.

La geografía del hambre

Hasta hace pocos años, el Área Metropolitana de Buenos Aires concentraba los casos más graves. Hoy, el hambre se federalizó: el interior del país muestra cifras similares o peores, sin el respaldo de redes comunitarias o políticas públicas. La distancia, también, es una forma de exclusión.

Hambre y precarización: el binomio del modelo

Los datos son concluyentes: entre quienes viven en hogares con trabajadores desocupados o subempleados, más de la mitad de los niños padeció inseguridad alimentaria crónica. A esto se suma el deterioro de los indicadores de empleo, informalidad y pobreza, en un contexto de recesión inducida por políticas de ajuste extremo.

Mientras el gobierno busca “achicar el Estado”, los comedores barriales no dan abasto, los alimentos no llegan y los niños, literalmente, no tienen qué comer.

Conclusión: el futuro hipotecado

En el país del pan y la carne, hay chicos que se acuestan con hambre. Y un gobierno que, en lugar de garantizar derechos, los recorta. Las cifras no son números: son nombres, historias, cuerpos en desarrollo que hoy no encuentran amparo.

En la Argentina de Milei, el sacrificio es para los más débiles. Y el futuro, si no cambia el rumbo, será más injusto y más corto.

El debut sería el domingo 20 de julio y podrá escucharse y verse por Radio 10, pero también desde su canal de YouTube.

Cristina Fernández de Kirchner volverá a tener un espacio regular en los medios, esta vez con un formato que combina radio tradicional y streaming. Desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, la expresidenta conducirá un segmento titulado “Cristina de Radio”, dentro del programa Esquina de Radio que lidera la periodista Sofía Caram en Radio 10.

El nuevo espacio irá los domingos de 14 a 16, al aire por AM 710 y también disponible en formato audiovisual a través del canal de YouTube de la emisora. Según Caram, el objetivo del ciclo será “conversar y debatir sobre las noticias más importantes de la semana”, y brindarle a la exmandataria la posibilidad de “dar su opinión” sobre la actualidad política y social del país.

El debut está previsto para el próximo domingo 20 de julio y marcará un regreso simbólico de CFK al ruedo comunicacional, en un contexto en el que sigue ocupando un rol central dentro del peronismo como presidenta del Partido Justicialista. El anuncio generó expectativa tanto en su militancia como en la dirigencia política, y ya comenzó a instalarse en redes sociales con fuerza.

Durante el fin de semana, además, se viralizó un video casero donde se la ve cocinando junto a su hijo, Máximo Kirchner. En tono relajado, charlaron sobre política mientras preparaban huevos revueltos con palta. Ante una broma sobre si las proteínas “sirven para pelear”, Cristina respondió: “Son buenas para la salud, y con eso me alcanza”, en alusión a la tensión entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.

Con este nuevo espacio, la expresidenta busca mantener presencia en el debate público, aun desde la intimidad de su domicilio. El estreno de “Cristina de Radio” promete ser uno de los acontecimientos mediáticos más comentados del segundo semestre.

Piden la indagatoria de Javier Milei y la detención de Mauricio Novelli y Hayden Davis por su presunta participación en la criptoestafa del token $LIBRA, que dejó miles de damnificados y generó transferencias millonarias bajo sospecha.

El pedido judicial por la causa $LIBRA tomó impulso este lunes: el abogado querellante Gregorio Dalbón solicitó formalmente ante la jueza María Servini que se cite a declaración indagatoria al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Además, requirió la detención inmediata de Mauricio Novelli y Hayden Davis, acusándolos de ocupar roles clave en lo que se investiga como una presunta estafa cripto. Según Dalbón, existen riesgo de fuga y posibilidad de entorpecimiento de la investigación, por lo que también solicitó que se active una notificación roja de Interpol para Davis, ciudadano estadounidense.

La presentación judicial destaca que todos los implicados habrían mantenido reuniones en la Casa Rosada en los días previos al lanzamiento del token. Cada uno habría cumplido un rol funcional: Milei promocionó públicamente la criptomoneda desde su cuenta oficial en X (ex Twitter); Karina habría brindado respaldo institucional; Novelli organizó la estrategia de difusión y captación de inversores; y Davis se encargó del diseño técnico y la canalización de los fondos.

También se apunta a una serie de transferencias sospechosas realizadas por Hayden Davis, por montos superiores a los 500.000 dólares, poco después de mantener encuentros con funcionarios del gobierno. Según consta en la causa, esas operaciones fueron rastreadas en plataformas como Bitget. Incluso se menciona que Davis habría devuelto alrededor de 5 millones de dólares a algunos damnificados, como el influencer financiero estadounidense David Portnoy, tras el colapso del token.

La causa $LIBRA

El escándalo estalló el 14 de febrero de 2025, cuando se lanzó el token $LIBRA como parte del denominado proyecto “Viva la libertad”. Apenas tres minutos después de su creación, Javier Milei publicitó la criptomoneda desde sus redes sociales. Ese mensaje provocó que el precio pasara de menos de un centavo a casi 5 dólares en apenas 40 minutos, disparando la capitalización de mercado del activo a varios miles de millones de dólares.

La mayoría del circulante —cerca del 70 al 80 %— estaba en manos de los fundadores del proyecto. En el pico de precio, vendieron sus participaciones y provocaron una caída abrupta del valor, de entre el 85 y el 90 %, en cuestión de horas. Se estima que más de 40.000 personas perdieron sus ahorros, mientras unos pocos se llevaron ganancias millonarias.

La maniobra fue caracterizada por especialistas como un clásico caso de “rug pull“: inflar artificialmente el precio de un token para luego vaciar su valor en beneficio de los creadores. En solo un día, las ganancias acumuladas por el círculo íntimo de desarrolladores habrían alcanzado los cientos de millones de dólares.

Desde entonces, la justicia argentina y también tribunales en EE.UU. investigan el caso. En Argentina se ordenaron medidas sobre los bienes de Milei y su hermana, como la inhibición de cuentas, el levantamiento del secreto bancario y el seguimiento de transferencias. En paralelo, en EE.UU. se tramita una demanda colectiva contra los promotores del token y se espera una audiencia de descubrimiento anticipado en agosto, con foco en empleados de Kelsier Ventures, empresa cofundada por Davis.

En simultáneo, el Congreso argentino aprobó la conformación de una comisión investigadora en Diputados para interpelar a funcionarios y figuras del gobierno implicadas en el caso. La oposición incluso analiza la posibilidad de impulsar un juicio político contra Milei, por su presunta responsabilidad moral, política e institucional en la difusión de un esquema financiero fraudulento.

El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, dictaminó que la cuenta en X del presidente Javier Milei no es de carácter personal, sino que lo representa como Jefe de Estado.

Un reciente dictamen fiscal determinó que la cuenta en X (ex Twitter) del presidente Javier Milei es de carácter institucional, lo que podría tener un fuerte impacto en la causa que investiga su rol en la promoción de la criptomoneda $Libra, vinculada a un megafraude internacional.

El fiscal federal N.º 2 de La Plata, Oscar Julio Gutiérrez Eguía, concluyó que la cuenta de Milei lo representa oficialmente como Jefe de Estado, alejándose así de la defensa esgrimida por el Gobierno, que intentó desvincular al mandatario de las publicaciones cuestionadas alegando que se trataba de su “cuenta personal”.

El dictamen se dictó en el marco de la denuncia presentada por la familia de Ian Moche, el joven con autismo que fue atacado por Milei desde redes sociales tras pronunciarse contra el ajuste en el área de discapacidad. Según el fiscal, la cuenta del mandatario posee la “tilde gris” que otorga la red social X únicamente a jefes de Estado y altos funcionarios gubernamentales, dejando claro su carácter institucional. “Se encuentra registrado como usuario el Sr. Javier Milei, con tilde gris, indicando como perfil ‘Economista’, quien es el actual Presidente de la Nación”, señala el documento.

En el proceso judicial promovido por IAN MOCHE contra @JMilei se produjo una actuación judicial que impacta directamente en el caso LIBRA.
El Señor Fiscal Federal Nº 2 de La Plata Doctor Oscar Julio Gutiérrez Eguía dictaminó que estaba habilitada la competencia federal en razón…

— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) July 13, 2025

Para el abogado de la familia Moche, Andrés Gil Domínguez, esta definición del fiscal impacta de lleno en el expediente que investiga la promoción fraudulenta de la cripto $Libra. “Este dictamen desarma la principal defensa de Milei: ya no puede decir que lo hizo desde una cuenta privada, ahora queda probado que sus mensajes son emitidos en calidad de Presidente”, subrayó Gil Domínguez.

La causa por $Libra investiga a Milei por haber promocionado desde sus redes una criptomoneda utilizada en una estafa de alcance internacional que perjudicó a miles de ahorristas. La validación del carácter oficial de su cuenta refuerza su responsabilidad directa y podría agravar su situación judicial.

El juez federal Alberto Recondo ya avaló la posición del fiscal y ratificó la competencia federal para avanzar con la causa. Mientras tanto, la denuncia presentada por la familia Moche también sigue en pie: reclaman que el Presidente elimine un posteo que desató una ola de hostigamiento digital contra Ian, incluyendo la difusión de datos personales del joven.

“Cada día que pasa, el daño se agrava y la Justicia tiene que intervenir con urgencia”, señaló Gil Domínguez. Hasta el momento, Milei se niega a borrar la publicación, que sigue visible desde su cuenta institucional, ahora bajo la lupa de la Justicia.

En el Chaco, la Justicia federal destapó una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.

Un verdadero escándalo político sacude a La Libertad Avanza en la provincia del Chaco, luego de que la Justicia federal destapara una maniobra de afiliaciones truchas que involucra principalmente a personas en situación de vulnerabilidad: analfabetos, jubilados, personas con discapacidad y habitantes del interior provincial aparecen como las principales víctimas de este fraude.

La investigación, que lleva adelante la fiscalía federal de Resistencia, ya reveló más de 20 casos de falsificación de firmas sobre un total de 25 personas citadas hasta el momento. Esto significa que más del 80% de los afiliados consultados hasta ahora niega haberse sumado a las filas del partido de Javier Milei. La maniobra deja al descubierto cómo desde el espacio libertario se aprovecharon de personas de sectores sociales desprotegidos para inflar su padrón partidario.

Los testimonios recabados son contundentes. Entre las víctimas figuran personas mayores con enfermedades discapacitantes, jubilados y ciudadanos que ni siquiera saben leer ni escribir. Algunos, incluso, no saben firmar. Uno de los casos es el de un hombre de 65 años que aseguró bajo juramento nunca haberse afiliado a La Libertad Avanza y cuya supuesta ficha partidaria incluía datos falsos como un estado civil incorrecto y una firma apócrifa. Otro caso es el de un hombre de 72 años que descubrió su falsa afiliación al consultar por internet y confirmó que la firma registrada no era la suya.

El patrón se repite: adultos mayores, personas sin estudios formales, con enfermedades que les impiden firmar o desplazarse, y vecinos del interior chaqueño, donde la pobreza es más profunda, fueron incorporados irregularmente al padrón del partido sin su consentimiento.

El epicentro de la investigación apunta directamente al presidente del partido libertario en Chaco y titular de ANSES provincial, Alejandro “Capi” Rodríguez, un dirigente vinculado políticamente a la familia Menem. La principal hipótesis de la Justicia es que se utilizaron bases de datos oficiales —posiblemente de ANSES o PAMI— para ejecutar la maniobra fraudulenta, aprovechando el acceso privilegiado a información sensible de los sectores más vulnerables.

El caso expone no solo la ilegalidad de las afiliaciones truchas, sino también un preocupante desprecio por los derechos de personas que se encuentran en situaciones de extrema fragilidad. La jueza Zunilda Niremperger y el fiscal Patricio Sabadini continúan con la investigación, que podría destapar un entramado de manipulación política y uso de recursos públicos con consecuencias penales y políticas para La Libertad Avanza.

La causa sigue creciendo, así como la indignación social ante un espacio político que, lejos de representar la “libertad”, terminó explotando a los más indefensos para engordar su estructura partidaria.

Los analistas locales esperan un avance de la inflación al 1,9% durante el mes de junio, luego de lo que fue la marca mensual de mayo de 1,5%. Mientras la economía se cae a pedazos la inflación no cede y está en niveles históricos altísimos, por ejemplo, por encima del promedio de los gobiernos kirchneristas.

Además, la inflación en dólares es récord a nivel mundial lo que explica que los argentinos paguen precios desorbitantes en esa moneda. Vale para un café o para una moto. Cualquier precio en Argentina es varias veces superior a lo que se paga incluso en países desarrollados. Eso explica la caída del turismo local y el crecimiento en el exterior.

Con la inflación alta y la economía paralizada, es lógico que aparezcan ruidos políticos y económicos con movimientos en los mercados financieros. ¿A dónde va la economía de un país con deuda récord y precios en dólares impagables?

En una decisión que ya generó un fuerte rechazo en organizaciones de pacientes y especialistas en salud, el Gobierno redujo drásticamente el presupuesto destinado a los niños y adolescentes con cáncer, mientras aumentó de forma escandalosa los recursos para la conducción del Instituto Nacional del Cáncer (INC).

Pese a que el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer —creado por la ley 27.674— buscaba garantizar ayuda económica y acceso a tratamientos, la partida para 2025 fue recortada un 34% en comparación con 2023: pasó de $1.500 millones a apenas $1.007 millones. Lo más alarmante es que, hasta el momento, no se ejecutó ni un solo peso de esos fondos este año.

Mientras se recortan recursos para los más vulnerables, el Ejecutivo incrementó en un 420% el presupuesto para el rubro “conducción” del Instituto Nacional del Cáncer, llevándolo de $702 millones en 2023 a $3.655 millones en 2025. Es decir, mientras se ajusta a los pacientes, se quintuplican los recursos para la estructura burocrática.

Este giro de prioridades se produce después de que el pasado 6 de marzo el Gobierno eliminara la autonomía del Instituto Nacional del Cáncer, absorbiéndolo dentro del Ministerio de Salud bajo el argumento de “mayor eficiencia”, algo que en los hechos se tradujo en un ajuste para los programas esenciales y una expansión de la burocracia administrativa puesta a dedo por el gobierno.

No sólo los fondos para asistencia a niños se vieron afectados. Los recursos para investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer se mantienen congelados respecto a 2024, apenas subiendo de $205 millones en 2023 a $336 millones en 2025, un aumento insuficiente frente a la inflación. En cambio, el dinero para la conducción del organismo se disparó muy por encima de lo que el propio Ejecutivo había proyectado en su presupuesto para este año.

“Es gravísimo”, denunció Sandra Cirone, presidenta de la asociación civil Llegaremos a tiempo. “El Instituto garantizaba el acceso a diagnósticos, tratamientos y cuidados paliativos para todos los pacientes del país. Ahora no hay quién garantice esto, y lo estamos viendo todos los días con chicos que no pueden acceder ni siquiera a un acompañamiento básico para el dolor”, alertó.

Los recortes golpean a familias enteras, especialmente en provincias donde la situación es más precaria. Cirone expuso casos dramáticos, como el de un adolescente de 17 años que enfrenta quimioterapia sin poder costear el tratamiento para preservar su fertilidad, recurriendo a colectas solidarias ante la ausencia total del Estado.

Por si fuera poco, el cierre de centros de referencia como la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) en varias provincias dejó a muchos pacientes sin orientación ni acceso a medicamentos esenciales. Trámites que antes se resolvían con mayor celeridad ahora quedan a la deriva, con riesgos de demoras o pérdidas en el sistema.

Mientras se multiplican los testimonios de abandono y sufrimiento, las organizaciones sociales han sido convocadas a una mesa de trabajo, aunque la justicia sigue sin avanzar en las causas judiciales abiertas por la falta de entrega de medicamentos.

La indignación crece: el ajuste lo pagan los más indefensos, mientras los despachos oficiales se llenan de fondos.

En un domingo caliente, la vicepresidenta Victoria Villarruel siguió redoblando la apuesta contra Javier Milei y le pidió que “ahorre en viajes y en la SIDE” y deje de ajustar sobre los jubilados y la personas con discapacidad.

La interna entre Villarruel y Milei parece no tener vuelta atrás y la vicepresidenta lo dejó claro con muchos mensajes en sus cuentas sociales donde apuntó contra el libertario, al que acusó de gastos exhorbitantes en viajes por el mundo y en la SIDE, mientras pregona una defensa del superávit fiscal a pesar de cualquier cosa.

Luego, el presidente volvió a cargar contra Villarruel al difundir al funcionario Oría que tuiteó: “Además de traidora, una DEMAGOGA y BRUTA en términos económicos”. Oría fue publicista de la campaña de Milei y Villarruel.