En una decisión que ya generó un fuerte rechazo en organizaciones de pacientes y especialistas en salud, el Gobierno redujo drásticamente el presupuesto destinado a los niños y adolescentes con cáncer, mientras aumentó de forma escandalosa los recursos para la conducción del Instituto Nacional del Cáncer (INC).
Pese a que el Régimen de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer —creado por la ley 27.674— buscaba garantizar ayuda económica y acceso a tratamientos, la partida para 2025 fue recortada un 34% en comparación con 2023: pasó de $1.500 millones a apenas $1.007 millones. Lo más alarmante es que, hasta el momento, no se ejecutó ni un solo peso de esos fondos este año.
Mientras se recortan recursos para los más vulnerables, el Ejecutivo incrementó en un 420% el presupuesto para el rubro “conducción” del Instituto Nacional del Cáncer, llevándolo de $702 millones en 2023 a $3.655 millones en 2025. Es decir, mientras se ajusta a los pacientes, se quintuplican los recursos para la estructura burocrática.
Este giro de prioridades se produce después de que el pasado 6 de marzo el Gobierno eliminara la autonomía del Instituto Nacional del Cáncer, absorbiéndolo dentro del Ministerio de Salud bajo el argumento de “mayor eficiencia”, algo que en los hechos se tradujo en un ajuste para los programas esenciales y una expansión de la burocracia administrativa puesta a dedo por el gobierno.
No sólo los fondos para asistencia a niños se vieron afectados. Los recursos para investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer se mantienen congelados respecto a 2024, apenas subiendo de $205 millones en 2023 a $336 millones en 2025, un aumento insuficiente frente a la inflación. En cambio, el dinero para la conducción del organismo se disparó muy por encima de lo que el propio Ejecutivo había proyectado en su presupuesto para este año.
“Es gravísimo”, denunció Sandra Cirone, presidenta de la asociación civil Llegaremos a tiempo. “El Instituto garantizaba el acceso a diagnósticos, tratamientos y cuidados paliativos para todos los pacientes del país. Ahora no hay quién garantice esto, y lo estamos viendo todos los días con chicos que no pueden acceder ni siquiera a un acompañamiento básico para el dolor”, alertó.
Los recortes golpean a familias enteras, especialmente en provincias donde la situación es más precaria. Cirone expuso casos dramáticos, como el de un adolescente de 17 años que enfrenta quimioterapia sin poder costear el tratamiento para preservar su fertilidad, recurriendo a colectas solidarias ante la ausencia total del Estado.
Por si fuera poco, el cierre de centros de referencia como la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) en varias provincias dejó a muchos pacientes sin orientación ni acceso a medicamentos esenciales. Trámites que antes se resolvían con mayor celeridad ahora quedan a la deriva, con riesgos de demoras o pérdidas en el sistema.
Mientras se multiplican los testimonios de abandono y sufrimiento, las organizaciones sociales han sido convocadas a una mesa de trabajo, aunque la justicia sigue sin avanzar en las causas judiciales abiertas por la falta de entrega de medicamentos.
La indignación crece: el ajuste lo pagan los más indefensos, mientras los despachos oficiales se llenan de fondos.