Se trata de la cifra más alta de la última década, a excepción de la registrada durante la pandemia. Mientras el hambre se expande, el Gobierno nacional mira para otro lado y mantiene paralizado el 59% del presupuesto destinado a la niñez y adolescencia vulnerable.
La situación es dramática y las cifras lo confirman: más de la mitad (51%) de los hijos e hijas de trabajadores informales, de entre 0 y 12 años, padece insuficiencia alimentaria, el registro más alto de la última década, solo superado durante el peor momento de la pandemia. Mientras el hambre se expande, el Gobierno nacional mira para otro lado y mantiene paralizado el 59% del presupuesto destinado a la niñez y adolescencia vulnerable.
Así lo revela el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), que expone un fuerte deterioro en la seguridad alimentaria de las infancias. Esta alarmante cifra impacta sobre un universo de casi 9 millones de trabajadores en negro, el 42% de la población económicamente activa, cuyos hijos son víctimas directas de la precarización laboral y la falta de políticas públicas efectivas.
Estos padres que se encuentran desempleados o en empleos precarios conforman un grupo de vulnerabilidad que no solo son propensos a sufrir inseguridad alimentaria, sino que son más propensos que hace 10 años, por lo que vemos que la situación se ha ido deteriorando…
— Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) (@ODSAUCA) July 14, 2025
La crisis alimentaria infantil se agrava aún más: en 2024, el 16% de los niños atraviesa una insuficiencia alimentaria severa, un pico histórico desde 2010, incluso por encima de los valores registrados durante la pandemia.
Mientras tanto, el Ejecutivo no ejecutó ni un solo peso del 59% de los programas destinados a la infancia y familias vulnerables. De 73 programas presupuestados por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 43 no recibieron ninguna ejecución presupuestaria en los primeros siete meses del año. Son casi 4000 millones de pesos asignados que no llegan a quienes más lo necesitan, incluyendo fondos para política alimentaria y asistencia socio-habitacional.
Especialistas advierten que la Asignación Universal por Hijo es insuficiente para contener la crisis. La precariedad laboral sigue siendo el principal factor estructural que empuja a millones de hogares a la pobreza extrema. Como sostuvo Ianina Tuñón, autora del informe de la UCA: “Las transferencias de ingresos no alcanzan cuando el empleo es precario; la infancia paga el precio más alto”.
En un contexto donde el gobierno prioriza el ajuste fiscal, la realidad marca que la cuenta se paga con el hambre de los más chicos.